El diputado federal morenista, Alfonso Ramírez Cuéllar Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, atendió ayer a la comisión de jubilados y pensionados de CFE que acudió a Tijuana a buscarlo y encararlo para pedirle que diera respuesta del cumplimiento de los compromisos que hizo junto con el diputado Leonel Godoy Rangel Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en cuanto el restablecer sus pagos íntegros y completos el pasado jueves 11 de junio, lo cual no se cumplió ya que no se corrieron los descuentos ilegales.

Aunado a que lo que se anunció por CFE y lo que se expuso por Luisa María Alcalde Lujan, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, de ajustar el monto de las pensiones a la percepción total y no a la mitad de lo que gana la presidenta de México, no fue lo acordado en las mesas de trabajo.

 Ramírez Cuéllar se comprometió a dar seguimiento a la solicitud de revisión presentada por la Alianza  Nacional de Jubilados, para la no aplicación del decreto de reforma al artículo 127 constitucional, respecto de la reducción de jubilaciones y pensiones y encontrar una solución que garantizará y protegiera plenamente sus derechos, por lo que insistió en seguir el proceso de diálogo, que dijo está avanzando.

Aunque los manifestantes no estuvieron de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos previos con los Diputados Cuellar y Godoy, reconocen que al menos hay algún avance. El diputado federal se comprometió a dar una respuesta el próximo jueves a través de diputados locales y federales de Baja California.

El Congreso del estado aprobó el Dictamen No 27 de la Comisión de Justicia que se refiere a la Iniciativa de reforma al artículo 226 del Código Penal estatal, presentada por la Diputada María Yolanda Gaona, que establece que cuando el despojo se realice por grupo o grupos que, en conjunto, sean mayores de cinco personas, se les aplicará a los coautores la pena señalada en este artículo.

Pero la misma se disminuirá en una mitad si, en un término de setenta y dos horas contadas a partir del requerimiento formal de la autoridad investigadora, se restituye a la parte ofendida en la posesión material del inmueble despojado.

Hasta agosto de este año 2025, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California en cuanto a la incidencia delictiva registrada ante la Fiscalía General del Estado de enero a agosto de este año, 864 nuevas carpetas de investigación se habían iniciado por el delito de despojo.

Lo señalado es el escenario actual que se vive en el Estado, en el que el descontento de los ciudadanos es cada vez mayor y la inseguridad e incertidumbre que sienten al salir de casa y no saber si la encontrarán ocupada por invasores es cada vez mayor.

Según expuso la inicialista, la Constitución Mexicana establece en el artículo  14 la garantía del debido proceso en la que se señala que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

El delito de despojo tipificado en el ordinal 226 del Código Penal de Baja California, tiene como fin primordial garantizar el orden social y tutelar la posesión pacífica de los bienes inmuebles.

Tras meses de movilizaciones y presiones, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Consejo Estatal de Productores de Trigo de Baja California anunciaron avances significativos en sus negociaciones con el Gobierno Federal, destacando la apertura de cinco mesas de trabajo con la Secretaría de Agricultura.

En un documento dirigido a sus miembros con fecha del 11 de junio pasado, la organización detalló que, luego de acciones de protesta en abril y la marcha del 20 de mayo del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación, el 21 de mayo fueron recibidos por la nueva titular de la Secretaría de Agricultura, Columba López Gutiérrez.

El 28 de mayo pasado presentaron el documento “Política Pública para el Rescate y Reconstrucción del Campo Mexicano”, que contiene las principales demandas del sector. Posteriormente, el 4 de junio sostuvieron una reunión con funcionarios de la dependencia para abordar pagos pendientes, apoyos atrasados y una propuesta de Plan Emergente con apoyos directos por hectárea para productores afectados por fenómenos climáticos y el alza en costos de producción.

Como resultado de estos encuentros, se acordó integrar cinco mesas de trabajo: la primera, un análisis de la situación de los granos básicos en el TMEC; la segunda sobre los precios y comercialización de cosechas; la tercera respecto al sistema financiero y crédito para el campo; la cuarta acerca de la organización de productores y desarrollo de capacidades, y la última tratará sobre un plan Emergente para el Campo.

La organización resaltó como un logro histórico que, por primera vez, el Gobierno Federal haya aceptado abrir una mesa específica para discutir el impacto del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) en los granos básicos y los productores nacionales, tema que durante años había sido ignorado.

“Entendemos que entre algunos compañeros existan inquietudes respecto a la realización de nuevas movilizaciones”, reconoce el documento. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Horacio Gómez Carranza, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo de Baja California y delegado del FNRCM en la entidad, llamó a mantener la unidad y respaldar la etapa actual de negociación, advirtiendo que las movilizaciones seguirán siendo una herramienta disponible cuando sea necesario.

“La lucha del Frente no se ha detenido. Por el contrario, está produciendo avances que hace apenas unas semanas parecían imposibles”, concluye el comunicado.