Pues parece que el curso que les dieron a los secretarios del gabinete estatal sobre cómo contener protestas sociales no fue por el tema de Issstecali, sino por el del reemplacamiento, pues esta sorpresita ya la tenían lista desde hace meses, aunque la hayan sacando hasta hace poco.

Como se anunció desde la mitad de la semana, se llevó a cabo una manifestación este domingo en Mexicali frente a las oficianas de Recaudación de Rentas del Estado, hasta donde acudieron alrededor de 2 mil personas -en algún punto hasta 3 mil según los organizadores-, quienes expresaron su rechazo al cobro de láminas para los años 2021 y anteriores.

Como ya estaba anunciada la cita, ayer a las seis y media de la tarde el Gobierno del Estado emitió un comunicado de prensa informando que “en un esfuerzo por apoyar la economía de las familias de Baja California, por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, se emitió un decreto que establece estímulos fiscales por concepto de canje de placas, que estará vigente hasta el 30 de junio de 2025…Este decreto reafirma el compromiso de nuestra gobernadora con las familias bajacalifornianas, promoviendo la regularización vehicular y aliviando su carga económica”.

El mentado decreto instruído por la gobernadora es un descuento del 80 por ciento en el costo de las placas, canje gratuito para personas con discapacidad y condonaciones en multas y derechos y descuento para jubilados y personas de la tercera edad. Pensó que con esto la gente no protestaría. Aplicaron la clásica de inventarse un cobro/derecho/impuesto y luego quieren que les aplaudamos por mostrar “sensibilidad” al anunciar reducciones o exensiones de los mismos.

Pero regresemos a las justificaciones del cobro. 1: Promueve la regularización vehicular. Falso. Si quisieran regularizar el padrón vehicular le bajan el costo a los caros trámites de cambio de propietario, altas y bajas de vehículos.

2: Facilita la identificación más precisa de los vehículos, lo que contribuye a un entorno más seguro. Falso. Que sea obligación cambiar las láminas de las unidades que están en condiciones ilegibles. La mayoría están en buenas condiciones. Además recordemos que muchos delitos se cometen en autos con placas chocolates, Onapafa, Amlopafa, Anapromex, etc, donde muy buena parte de las “placas” son viles cartones de papel que sí están en malas condiciones y que seguro no son identificables por un arco lector o por cámaras de video.

Las “placas” de estos autos sí que son un riesgo para la seguridad, pero a ellos nadie los molestará; nosotros los cumplidos y los legales somos quienes tenemos que “apechugar” con el costo del contrato firmado entre el Gobierno del Estado y el proveedor de las láminas, que ese no se paga solo.

Conociendo la egolatría de quien dirige el Poder Ejecutivo, seguro que el verdadero motivo fue que quiere marcar a los autos del estado con su logo de coranzoncitos, así como marcan a las reses con el hierro candente. Está en el manual de los gastos inútiles cada cambio de gobierno: pintar edificios con el color oficial del partido, cambiar los formatos de licencias de manejo, pintar las escuelas y por supuesto, imponer láminas conmemorativas del sexenio.

En el comunicado señalan esta joya: Que durante el primer semestre del 2025 el trámites es “opcional”, pero que a partir del 1 de julio de 2025, el canje será obligatorio para todos los vehículos con placas emitidas antes de 2021 y aquellos que no cumplan con el trámite antes de esa fecha no podrán circular legalmente. ¿Por qué le gusta al gobierno tratarnos como idiotas? Eso no es un trámite “opcional”; opcional es que si no lo hacemos, no pase nada. Que decidamos nosotros si queremos pagar las placas nuevas o no. La palabra adecuada es “prórroga”; solo nos están dando seis meses para pagar y nos advierten que para el 1 de julio ya será motivo de multa no haber hecho el canje de placas.

Mientras tanto Marina del Pilar andaba en Ciudad de México en el informe de los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero varios no dejaron pasar la oportunidad de reclamarle en sus publicaciones en redes sobre lo que pasaba mientras tanto en Baja California.

Y hablando de ir a Ciudad de México, nos mandan esta foto:

Es personal de la Secretaria de Bienestar Federal de la oficina de Mexicali, promotores y servidores de la nación. ¿Se habrán ido con sus propios recursos o los llevaron a hacer bola al Zócalo?

El jueves pasado publicamos esta nota, la cual requirió de varias horas de estar analizando los contratos del 2024 celebrado entre el Ayuntamiento de Mexicali y diversas empresas de asesorías.

Los sacamos de la propia página del gobierno de la ciudad, y el sábado quise preguntar a la alcaldesa Norma Bustamante sobre este millonario costo. Sobre todo tomando en cuenta que de cinco empresas, tres son del exjefe de su hija en IDEA Consultores.

El 2024 no hubo contratos de a 330 mil 600 pesos cada uno con Oveishon para hacer el trabajo que comunicación social debería hacer, pero en cambio decidieron crear varias empresas para cobrar por asesorías.

No quitaremos el dedo del renglón sobre los resultados que se obtuvieron en cada uno de estos contratos y esperamos los entregables. Ahí veremos que tanto trabajaron las empresas y cuáles son las propuestas que nos costaron tan caras.

Creo que la alcaldesa se enojó por mi pregunta, y no se qué va a rectificar, si la cantidad es la suma de todos los contratos. Pero juzguen ustedes.

Y mucho ruido hizo la crítica de Felipe Morales en un programa de redes, al diputado Armando Fernández Samaniego, en el sentido de que no servía de nada que escribiera un documento pidiendo la no extensión del permiso de venta de pirotecnia a la cohetera de Mexicali, que mejor le reclamara a la presidenta Claudia Sheinbaum el recorte al presupuesto a la Secretaría del Medio Ambiente.

El diputado federal se comunicó al programa y pidió derecho de réplica. El conductor del programa le pidió que confirmara su asistencia el próximo miércoles 15 de enero, a lo que Samaniego accedió. Lo que no sabía era que Morales estaría también presente, y fue anunciado como un debate. Aquí ya no le gustó al legislador, quien en términos populares “se rajó”.

Le pregunté cuál era el motivo, y me respondió: “Siempre he estado a favor de los debates pero no me parece la manera en que el conductor está manejando el derecho de réplica al que me apegue y tampoco me me voy a prestar a ese tipo de espectáculos. Felipe Morales es parte de un equipo político. No está actuando de forma honorable”, dijo.

En otro asunto, comentar el asunto del incendio del bar Shots, ocurrido ayer. Para algunos como Gonzalo Moreno, fundador de un colectivo de desaparecidos, esta es una acción premeditada y el incendio resulta muy sospechoso, dados los trágicos acontecimientos que se ligan al nombre de ese antro, de donde desaparecieron varios jóvenes y donde se descubrieron cuartos con armas, munición, drogas, dinero y un altar a la “santa muerte”. Esto sin contar que el lugar contaba con la vigilancia permanente de una patrulla de la policía municipal.

Para otros, fue el distractor perfecto para la manifestación contra el reemplacamiento de hoy. Algunos más comentan que los Bomberos más que intentar apagar el Shots, centraban sus esfuerzos en que no se prendiera El Copeo, cuyo propietario, Juan Manule Lameiro, es socio de Marina del Pilar y Carlos Torres Torres en otro negocio.

Ya habían encontrado a varios individuos en el interior del lugar intentando robarse cosas del Shots, cerrado desde hace meses, así que también pudo meterse alguien a prenderle fuego. Esperemos a ver qué informes dan las autoridades.

Finalmente, decir que se acordó volver a protestar el próximo viernes en el edificio del Poder Ejecutivo por el asunto del cobro del reemplacamiento al mediodía. Esperemos que para entonces los organizadores aprendan a hacer un uso más eficiente del tiempo, porque lo de hoy estuvo kilométrico, la gente se fue antes de su terminación “oficial” y se dejó hablar hasta al señor de los elotes.

El influencer Gustavo Macalpin llegó al lugar y mientras se tomaba mil fotos, fue avanzando hasta el improvisado templete desde donde dirigían los discursos. Una parte de los organizadores puso cara de decepción y otros estaban felices. Después de un breve estira y afloja le soltaron el micrófono y tuvo el tino de ser breve. Si eso no es aprovecharse de un movimiento social para jalar reflectores, no se que es.

Cerca de 2 mil personas protestaron frente a las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado en Mexicali por el cobro del reemplacamiento.
A pesar de que Gobierno del Estado envió un comunicado ayer informando que habría un descuento de 80 por ciento en ese trámite, los asistentes pidieron la exención del 100 por ciento.
Los numerosos oradores se acusaron a la gobernadora de proteger los intereses de unos cuántos para afectar a los ciudadanos aplicando el modelo neoliberal que critica, y echando mano de conocidos panistas incrustados en el gobierno.
Uno de los organizadores, Ignacio Gastélum dijo que los funcionarios son empleados del pueblo y hay que recordárselos, pirque hoy son una mafia.
Araceli Piña señaló que están protestando para hacer valer la voz del pueblo, porque este gobierno se ha olvidado que fue votado por el pueblo y está pisoteando sus derechos.
“Baja California es un pueblo de lucha y eso se le ha olvidado a Marina del Pilar Avila Olmeda; la dedicatoria de esta manifestación es para Marina de Torres Torres. No vamos a permitir mas negocios familiares y mas complicidades del gobierno con los empresarios”, asentó.
Hoy 12 enero hace 8 años salimos a gritar basta, no más gasolinazos, no al reemplacamiento, recordó.
Al evento asistió un grupo de panistas, entre ellos Alejandro Cota, Victoria Guerrero, Mayola Gaona, Rude García y Gustavo Magallanes, entre

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California (COEPRIS BC), investiga las condiciones del hospital tijuanense donde fue atendida Aislin Fernández, creadora de contenido estético cuyo fallecimiento fue reportado en redes sociales hace dos días.

La Secretaría de Salud informó en comunicado que hubo confusión sobre la localización del establecimiento, toda vez que algunas publicaciones atribuyeron que el lugar de la cirugía era en Monterrey, Nuevo León, además de no existir una queja formal presentada ante esta comisión.

Una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio aviso de la ubicación precisa en el municipio de Tijuana, y de su investigación de oficio derivada de estos hechos, se iniciaron las diligencias de la COEPRIS para determinar bajo qué condiciones se realizó el procedimiento.

Por parte de la autoridad sanitaria se solicitó copia del expediente clínico, al establecimiento denominado en su documentación como Hospital Medical del Río / Río Médica, así como permisos y documentación del personal médico y de enfermería que participó en el procedimiento estético.

Se emitió la orden para realizar una revisión exhaustiva de las instalaciones que fueron aseguradas, con el objetivo de confirmar que cuenta con el equipo adecuado para la atención de los pacientes que se someten a un procedimiento quirúrgico.

En el transcurso de los próximos días se darán a conocer mayores detalles de la verificación a la documentación del personal, así como las instalaciones y la revisión de quirófanos y habitaciones para la adecuada atención de los pacientes y se mantiene una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado para colaborar en la investigación en curso.