Madres de familia de la primaria Francisco J. Mújica exigieron a la Secretaría de Educación de Baja California respetar el acuerdo establecido para evitar la fusión del turno vespertino con el matutino y garantizar la continuidad de la atención a estudiantes de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Las familias recordaron que anteriormente se manifestaron ante la posibilidad de que ambos turnos fueran fusionados debido a la baja matrícula en el vespertino. Como parte de los acuerdos alcanzados con autoridades educativas, se estableció una prórroga para permitir que las familias buscaran incrementar el número de estudiantes, con una meta de 120 alumnos.

Sin embargo, señalaron que el proceso se vio afectado luego de que algunos padres de familia fueran informados por personal del plantel que el turno matutino no era seguro, debido a una eventual fusión. Según las madres inconformes, esta situación desalentó la inscripción de nuevos alumnos y provocó la pérdida de más de 40 estudiantes.

Fernanda García Flores, señaló que directoras de Centros de Atención Múltiple (CAM) se han sumado a la exigencia, debido a que, afirmó, estos planteles tampoco tienen capacidad para atender a todos los estudiantes que requieren servicios de educación especial.

“Las escuelas regulares no quieren batallar”, sostuvo, al considerar que debe garantizarse el derecho a la educación establecido en el Artículo Tercero constitucional. También acusó que las familias interesadas en inscribir a sus hijos fueron desalentadas con información sobre una posible fusión de turnos.

“Que si la gente viene y se inscribe que no los boicoteen, porque los desaniman diciendo que se fusionarán los turnos y se quedarán sin escuela”, manifestó la madre de familia.

Por su parte, Tania Valdez Espinoza explicó que la disminución de alumnos en algunos grados también estaría relacionada con la información que recibieron las familias al acudir a realizar reinscripciones. Señaló que los grupos de quinto y sexto grado quedaron con pocos estudiantes, mientras que en primer grado lograron incorporar a 14 alumnos, frente a los siete que tenían el año anterior.

Las madres de familia también cuestionaron la posibilidad de mantener el servicio de USAER en caso de que se concrete la fusión de los turnos.

Rosa Ávila Mojarro, otra de las madres que se manifestó hoy, afirmó que durante una reunión con responsables de Educación Básica, se les informó que USAER no puede operar en un turno fusionado, por lo que consideró contradictoria la información que posteriormente han recibido.

“Nos están diciendo cosas que no son ciertas para que la gente no se inconforme”, señaló.

Ante esta situación, las familias pidieron que las autoridades educativas intervengan, respeten la minuta previamente acordada y permitan que continúe el turno vespertino, además de garantizar la atención especializada para los alumnos que requieren los servicios de USAER. Mañana sostendrán una reunión con las autoridades educativas esperando escuchen su petición y respeten el acuerdo al que habían llegado.

La Coalición para la Participación Social en la Educación (COPASE) pidió a la Secretaría de Educación de Baja California ampliar la participación social en la implementación del Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) 2026, al advertir que su eficacia dependerá de que las medidas previstas se traduzcan en acciones concretas dentro de las comunidades educativas.

En un posicionamiento fechado el 7 de septiembre, Gerardo Espinoza, presidente de COPASE, reconoció que el PPIE amplía el marco de riesgos contemplados y fortalece su sustento normativo, pero señaló que uno de los principales retos será convertir el programa en acciones reales y efectivas en cada plantel.

La organización destacó la participación de docentes, figuras interdisciplinarias e interinstitucionales y organizaciones sindicales en la construcción del programa; sin embargo, señaló que las asociaciones civiles y los Consejos de Participación Escolar (CPE) no fueron convocados durante esta etapa.

Ante ello, COPASE consideró indispensable incorporar a madres y padres de familia, Consejos de Participación Escolar y organizaciones de la sociedad civil, al considerar que su participación permitiría una implementación más amplia, legítima y efectiva del programa, en concordancia con lo establecido en la Ley de Educación de Baja California.

La organización sostuvo que la prevención debe convertirse en un eje rector, acompañado de estrategias para fortalecer la cultura de protección y el bienestar integral de los estudiantes.

Otro de los puntos señalados es la necesidad de garantizar recursos para que el programa pueda operar.

COPASE advirtió que cualquier estrategia de protección escolar requiere presupuesto suficiente, personal especializado y capacitación para docentes, directivos, personal administrativo, madres y padres de familia, Consejos de Participación Escolar y organizaciones civiles.
Sin estos elementos, considera Espinoza, el PPIE difícilmente podrá implementarse de manera efectiva en las comunidades escolares.

También llamó a evitar que las escuelas asuman responsabilidades que corresponden a instituciones especializadas en seguridad, salud, atención psicológica o acceso a la justicia.

En su planteamiento, el personal educativo debe actuar como primer espacio de identificación y protección, concentrando sus funciones en la prevención, detección, protección inmediata, documentación, canalización y seguimiento, dentro de sus respectivas competencias.

Para garantizar la aplicación del programa, la organización propuso que el PPIE opere como un mecanismo de coordinación interinstitucional y establecer mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación.

omo parte de sus propuestas, COPASE solicitó a la Secretaría de Educación instalar una Mesa Permanente del PPIE 2026, con participación de docentes, directivos, madres y padres de familia, Consejos de Participación Escolar, organizaciones de la sociedad civil, especialistas externos y las organizaciones sindicales que participaron en la construcción del programa.

La implementación de perfiles de protección para niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales representa una oportunidad para modificar la relación de las nuevas generaciones con la tecnología, reduciendo afectaciones en el descanso, la atención, la salud mental y la actividad física.

América García León, coordinadora de la Licenciatura en Psicología Clínica de CETYS Universidad Campus Mexicali, consideró que las salvaguardas automáticas incorporadas por plataformas digitales constituyen un avance positivo, debido a que pueden contribuir al bienestar de menores durante etapas fundamentales de su desarrollo.

Entre las medidas implementadas por Meta se encuentra ocultar el recuento público de “me gusta” en las cuentas de menores, con el propósito de disminuir la presión asociada con las métricas de popularidad.

“Al ocultar las métricas de popularidad, como el recuento de ‘likes’, se atenúa la presión social por la aprobación externa… La tecnología debe ser un puente para el aprendizaje y la conexión humana; el acompañamiento consciente por parte de familias, escuelas y plataformas es el camino para garantizar que la innovación digital impulse siempre el bienestar de nuestra infancia y juventud”, comentó.

Investigaciones científicas han relacionado la fuerte inversión emocional en redes sociales y la búsqueda constante de validación con un mayor riesgo de dismorfia corporal, síntomas depresivos y trastornos de la conducta alimentaria entre jóvenes, explicó.

García León manifestó que a estas medidas se suma la eliminación de filtros de imágenes vinculados con procedimientos estéticos, además de límites de tiempo de uso y bloqueos nocturnos para adolescentes.

Pantallas también impactan atención y actividad física

Los llamados modos de concentración durante el horario escolar pueden disminuir las interrupciones provocadas por las notificaciones y favorecer la atención de los estudiantes, subrayó la especialista.

El uso excesivo de pantallas se ha relacionado con dificultades para mantener la atención y con manifestaciones clínicas asociadas al TDAH durante la infancia y adolescencia, señaló.

Reducir la sobreestimulación digital facilita el enfoque, la creatividad y el aprovechamiento académico, por eso, agregó que establecer límites al tiempo frente a las pantallas también permite reducir el sedentarismo y generar espacios para el juego libre, la actividad física y la convivencia familiar.

Una mayor exposición a las pantallas se ha asociado con un incremento en factores de riesgo relacionados con obesidad infantil y problemas metabólicos, y en este contexto, recordó que la Organización Mundial de la Salud recomendó en 2019 evitar el uso de pantallas en menores de dos años y limitarlo a un máximo de una hora diaria entre los dos y cinco años, como parte de las medidas para favorecer un desarrollo integral.

La académica también mencionó problemas como cansancio ocular digital, migrañas y alteraciones del estado de ánimo entre las posibles consecuencias relacionadas con un uso inadecuado o excesivo de dispositivos digitales.

Por ello, consideró que las herramientas de protección para menores deberían avanzar hacia un estándar más amplio y no limitarse a determinadas regiones.

Finalmente, García León sostuvo que la tecnología no debe entenderse únicamente desde la perspectiva de sus riesgos, sino también como una herramienta de aprendizaje y conexión, siempre que exista un acompañamiento responsable por parte de familias, escuelas y plataformas digitales.