En una entrevista con Adela Micha realizada ayer, el empresario Ricardo Salinas Pliego habló abiertamente de sus aspiraciones rumbo a la carrera presidencial en 2030 y de la comentada lista de políticos mexicanos que quiere juzgar Estados Unidos por nexos con el crimen organizado, entre los que mencionó a la gobernbadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

De llegar a la presidencia, entre sus propuestas destacó bajar el gasto público a la mitad; reducir al 50 por ciento todos los impuestos; y correr a 6 millones de funcionarios que no necesita el aparato gubernamental.

La entrevistadora le preguntó si él había visto la famosa lista e Estados Unidos, a lo que contestó que sí, y que se trata de un documento del Departamento de Justicia de aquel país.

Mencionó que ahí estaban cuatro gobernadores, entre los que mencionó a Américo Villareal, de Tamaulipas; Marina del Pilar, de Baja California; y Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán. No recordó quién era el cuarto mandatario.

El fundador y presidente del Grupo Salinas, comentó que para ser testigo protegido hay que entregar a alguien más grande, agregando que quien se acoja a este programa tendría que entregar a Andrés Manuel López Obrador.

¿Quién se iba a imaginar lo que pasó el 3 de enero con el señor Maduro, que se va a dormir con su pijama se seda y amanece vestido de naranja en el Bronx?, dijo el empresario, quien aseguró que el gobierno de Estados Unidos se va a meter a México “para llevarse a los políticos corruptos”.

En su exposición, consideró que el gobierno mexicano es demasiado grande, ineficiente y uno de los principales obstáculos para el crecimiento del país. Atacó duramente a la llamada Cuarta Transformación, acusando al gobierno actual de autoritarismo y de querer controlar los medios.

Entre sus declaraciones más polémicas criticó la paridad de género y preguntó ¿vamos a escoger por genitales y no por capacidad?, opinión que le rebatió Micha. Argumentó que las personas son desiguales por naturaleza y que lo importante es la igualdad de derechos, no de cuotas por género.

Salinas Pliego habló de sus adeudos fiscales y las acusaciones en su contra. Usó un tono desafiante y minimizó parte de las críticas, manteniendo su postura de que el SAT y el gobierno lo persiguen políticamente.

La entrevista fue muy explosiva, generó tendencia inmediata y dividió opiniones: unos lo ven como un hombre sin pelos en la lengua que dice verdades incómodas, y otros como alguien con posturas controvertidas y elitistas.

En la conferencia de prensa de esta noche, el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, aclaró de manera directa el tema de las fichas rojas de Interpol solicitadas por Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Lara López informó que ni Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, ni el senador Enrique Inzunza Cázarez, ni los demás señalados por autoridades estadounidenses cuentan con ficha roja emitida por Interpol.

El representante de la FGR detalló que, hasta el momento, cinco de los señalados ya comparecieron a declarar ante la institución como parte de la investigación abierta por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre lo que destaca de la conferencia de hoy, es que la FGR continúa recibiendo testimonios y recabando información para determinar si hay elementos suficientes en México para proceder penalmente contra los señalados por Estados Unidos.

También que mantienen la investigación interna, pero no hay bases para una detención provisional ni para activar alertas internacionales desde territorio mexicano, lo cual busca terminar con la controversia generada tras las afirmaciones iniciales de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había mencionado la existencia de fichas rojas, y las posteriores aclaraciones de la Secretaría de Seguridad (SSPC) que ya las descartaban.

La FGR, bajo el mando de Ernestina Godoy, insiste en que actúa con base en evidencia y conforme a la ley mexicana, sin que hasta ahora las solicitudes estadounidenses hayan cumplido con los requisitos de prueba para justificar detenciones o extradiciones. Estados Unidos por su parte, anunció que hay 50 funcionarios más de los gobiernos de Tamaulipas, Baja California, Sonora y Michacán.

La regidora Rosa Amelia Cortez Gómez, del I Ayuntamiento de San Felipe, presentó una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) por presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) cometidos por el presidente municipal José Luis Dagnino López, la secretaria de Gobierno Municipal Bianca Yolanda Romero López y el regidor Jaime Armando Márquez Pérez.

La denuncia, radicada con el expediente IEEBC/UTCE/PES/17/2026, se basa en tres bloques de hechos ocurridos durante sesiones extraordinarias de Cabildo (34ª, 35ª y 46ª) entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Cortez Gómez acusa al alcalde de corregirla públicamente de forma burlesca (“no es despensa, es dispensa”), someterla a interrogatorios descalificatorios sobre sus conocimientos, utilizar trato diminutivo (“regidora Rosita”), prejuzgar su solicitud de licencia y, en un caso, impedirle ejercer su derecho al voto.

Según la denunciante, estos actos se dirigieron exclusivamente a ella —la única regidora mujer en el contexto destacado— y responden a estereotipos de género, reproduciendo patrones como el “mansplaining” y la infantilización.

La Comisión de Quejas y Denuncias del IEEBC sesionará este 28 de mayo de 2026 para resolver la solicitud de medidas cautelares.

El proyecto de acuerdo, al que tuvo acceso este medio, propone conceder oficiosamente la medida respecto a ordenar a la Presidencia Municipal y a la Secretaría Fedataria abstenerse de limitar o negar el ejercicio del voto de la regidora mientras se sustancia el procedimiento y negar las peticiones respecto a las quejas sobre correcciones en público y trato en diminutivo.

La Comisión basa su posición principalmente en que, desde una perspectiva preliminar, no se advierte violencia política de género ni afectación grave a los derechos político-electorales de la denunciante, calificando las expresiones como parte del debate político natural.

Un análisis técnico detallado del proyecto —circulado en círculos políticos y jurídicos— señala graves vicios en el documento, como la omisión del análisis individual de dos denunciados (Bianca Yolanda Romero López y Jaime Armando Márquez Pérez).

También en errores en la aplicación del test de la jurisprudencia J. 21/2018 de la Sala Superior del TEPJF, sobre confusión entre elementos de tipo de violencia y elementos de género.

Otro punto es la contradicción interna al conceder oficiosamente la protección al voto, la propia Comisión reconoce riesgo de reiteración de la conducta e inconsistencias con el Acuerdo de Análisis de Riesgo emitido por el mismo Instituto apenas tres días antes, entre otros.

El análisis considera que estos defectos hacen al proyecto “técnicamente deficiente y materialmente combatible” tanto en la sesión como, eventualmente, vía juicio para la protección de los derechos político-electorales.

Este no es el primer caso de este tipo en San Felipe. Existe un expediente conexo (PES/19/2025) contra el mismo presidente municipal por hechos similares, y el IEEBC ya había emitido un análisis de riesgo el 25 de mayo de 2026.

La resolución que adopte mañana la Comisión de Quejas y Denuncias será clave, pues podría marcar precedente sobre cómo las autoridades electorales locales manejan las denuncias por violencia política de género en Baja California.