Con el propósito de restituir de manera inmediata la posesión legítima a las víctimas del delito de despojo y evitar que el daño se prolongue durante todo el proceso penal, el diputado Diego Echevarría Ibarra, propuso una iniciativa de adición al artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Advirtió que el delito de despojo genera un impacto profundamente asimétrico y perverso, pues mientras la víctima -frecuentemente adultos mayores, migrantes o familias trabajadoras-, pierde el uso de su vivienda o terreno y enfrenta un desgaste emocional, psicológico y financiero, el agresor obtiene un incentivo sistémico para delinquir al disfrutar del inmueble despojado durante toda la investigación y el juicio.

“Hoy, el proceso penal permite que el invasor mantenga la posesión por meses o años, mientras la víctima queda en absoluta indefensión. Eso es lo que venimos a corregir”, señaló.
Actualmente el artículo referido, solo permite una restitución general de bienes y no reconoce las particularidades del despojo ni la urgencia de devolver un inmueble a su legítimo poseedor.

Esta falta de claridad ha provocado que el Ministerio Público evite ordenar la restitución durante la investigación inicial, por temor a afectar a terceros, y termine enviando a la víctima ante el Juez de Control, lo que alarga innecesariamente el proceso y deja a la persona despojada sin protección inmediata.

Al respecto el legislador comento que: “La autoridad ministerial no puede seguir evadiendo su responsabilidad; la restitución debe ser inmediata, obligatoria y sostenida durante todo el proceso penal”.

Explicó que con la reforma se eliminaría esta ambigüedad mediante una regla especial: tratándose del delito de despojo, el Ministerio Público deberá decretar de manera provisional e inmediata la restitución y conservación de la posesión del bien inmueble objeto del delito, desde las primeras diligencias de la investigación inicial y a favor de quien acredite de forma indiciaria su legítimo derecho.

La medida se mantendrá vigente durante la etapa de investigación y la totalidad del proceso penal, hasta que se dicte sentencia firme o resolución en contrario del Juez de Control.

Este lunes fue interpuesta una queja ante la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, Países Bajos, relativa a desapariciones forzadas, ejecuciones extrjudiciales y fosas clandestinas en Baja California, lo que constituyen delitos de lesa humanidad y permiten a cualquier persona solicitar una investigación ante esta instancia.

El documento llamado formalmente “comunicación”, es el principio de una cadena de acciones que busca que la CPI analice el asunto y de inicio a una investigación bajo el Artículo 15 del Estatuto de Roma, que otorga al Fiscal de ese organismo la facultad de iniciar investigaciones de oficio basándose en información fidedigna sobre crímenes de su competencia.

La solicitud fue hecha por Dianeth Pérez Arreola, que como periodista ha dado seguimiento puntual al tema del panteón clandestino del poblado Miguel Alemán descubierto en el predio de Pro Natura en enero de este año, y en nombre de Irma Leyva Sosa, fundadora del colectivo de buscadores Madres Unidas y Fuertes, como víctima directa.

El documento remitido incluye fotografías, videos, entrevistas y enlaces a notas periodísticas que pudieran ser prueba de la participación o aquiescencia de agentes del Estado y de la grave ineficacia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar y procesar a los grupos delictivos implicados en las desapariciones y las fosas clandestinas.

En el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali se descubrieron 22 fosas con 22 cuerpos entre junio y septiembre de 2023. Del 8 de enero de 2026 a la fecha, se han recuperado 47 restos de víctimas en otra zona del mismo poblado, donde hasta el momento van abiertas 24 fosas. Muchos de los cuerpos estaban calcinados, desmembrados y presentaban signos de tortura. Estos hallazgos revelan un patrón sistemático y generalizado de desapariciones forzadas y ejecuciones atribuidas principalmente a grupos de delincuencia organizada, junto con graves indicios de participación de diversas autoridades.

“La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha iniciado investigaciones contra al menos 20 agentes policiales por su presunta implicación en desapariciones y fosas clandestinas; sin embargo, su respuesta general ha sido insuficiente, tardía e ineficaz para desmantelar las estructuras criminales responsables, evidenciando una prolongada falta de actuación que fomenta la impunidad y permite la persistencia de estos delitos”, señala el documento.

Estos actos se producen en un contexto regional de altas tasas de desaparición forzada y violencia relacionada con el crimen organizado en México, donde las fosas clandestinas representan un patrón sistemático utilizado para ocultar los restos de personas privadas ilegalmente de su libertad. Por su naturaleza generalizada y sistemática contra la población civil, podrían constituir crímenes de lesa humanidad (Artículo 7 del Estatuto de Roma): específicamente desaparición forzada, asesinato, tortura y otros actos inhumanos.

“La magnitud, el método y la ubicación dentro de un área natural protegida sugieren un patrón organizado que trasciende la delincuencia común y que podría implicar la aquiescencia o la grave ineficacia de las autoridades locales y estatales a la hora de prevenir, investigar y sancionar estos actos”, agrega la denuncia.

Por lo anterior, se solicita a la fiscalía de la CPI que admita la comunicación para su examen preliminar de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma; que inicie una investigación sobre la situación en Baja California, México —particularmente en el Valle de Mexicali— en relación con las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas; que solicite información adicional a las autoridades mexicanas y a los colectivos de víctimas; y que reconozca la condición de las víctimas y de sus familiares para participar en las actuaciones.

A través de un posicionamiento público difundido en redes sociales, Haru Thompson Navarro aseguró que su familia enfrenta una situación “muy difícil” derivada de las investigaciones relacionadas con el caso de presunto huachicol fiscal, en el que recientemente fue detenido su hermano y se giró una orden de aprehensión contra su padre.

En el mensaje, Thompson Navarro señaló que durante años consideró al exgobernador Ernesto Ruffo Appel como “una buena persona”, aunque afirmó que con el tiempo esa percepción cambió. Explicó que fue su padre quien buscó a Ruffo para desarrollar un nuevo proyecto empresarial y que éste los puso en contacto con José Merino Valdez Cuervo. A partir de esa reunión, dijo, se constituyó una empresa a la que posteriormente se incorporó Ruffo Appel como socio.

De acuerdo con su versión, tiempo después su padre y su hermano fueron despojados de sus acciones dentro de la empresa y, además, el objeto social de la compañía fue modificado sin que ellos tuvieran conocimiento de lo que realmente ocurría.

Haru Thompson afirmó que su familia intentó emprender acciones legales; sin embargo, desistieron debido a que el costo económico y el tiempo que implicaba un litigio eran prácticamente inalcanzables.

Agregó que hace dos años, cuando salió a la luz pública el caso del presunto huachicol fiscal, apareció el nombre de INGEMAR, lo que, según dijo, provocó afectaciones a las empresas de su familia y los obligó a realizar un largo proceso para demostrar que no tenían relación con las actividades investigadas.

En el posicionamiento sostuvo que la situación derivó en la detención de su hermano y en una orden de aprehensión contra su padre. Aseguró que ninguno de los integrantes de su familia ha participado en el negocio investigado y expresó su confianza en que el proceso judicial demostrará su inocencia, permitirá la liberación de su hermano y dejará sin efecto la orden de captura contra su padre.

Asimismo, manifestó que desea que la ley se aplique contra quienes resulten responsables, mencionando específicamente a Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo, “si las autoridades determinan que así corresponde”.

Finalmente, recordó que su familia llegó a Ensenada en 1986 y que durante décadas construyó su patrimonio mediante el trabajo y el esfuerzo. Señaló que ese patrimonio se ha visto afectado por decisiones ajenas a ellos y reiteró su confianza en que los hechos terminarán por esclarecerse conforme avancen las investigaciones.