La diputada federal, Eva María Vásquez, informó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 y una adición al artículo 123 Bis del Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de establecer penas máximas para políticos que tengan vínculos con el crimen organizado.

Expuso que las sanciones podrían alcanzar hasta 140 años de prisión cuando se trate de servidores públicos o actores políticos involucrados con organizaciones criminales, a fin de evitar que quienes estén en la función pública tengan acuerdos o presuntos vínculos con grupos delictivos.

La legisladora panista afirmó que existe un presunto “narco pacto” con grupos criminales y demandó a las autoridades en el poder a romper cualquier acuerdo de esa naturaleza.

Durante su declaración, Eva María Vásquez también cuestionó los mecanismos internos de Morena para impedir la infiltración del crimen organizado en la política; aseguró que, pese a los filtros anunciados por ese partido, presuntamente existen figuras políticas que mantienen cercanía o reciben protección de sectores vinculados con el poder.

Con ejemplos, la diputada federal mencionó los casos recientes de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Andy López Beltrán, entre otros integrantes y figuras cercanas a Morena; sostuvo que existe “mucha tela de donde cortar” y consideró que una revisión de las principales filas de Morena permitiría identificar a personas que, desde su perspectiva, deberían ser investigadas.

El diputado federal Armando Samaniego calificó este jueves el gasto público destinado a la renta y acondicionamiento del Cine Lux como “la vergüenza más grande que tiene Mexicali” y exigió total transparencia sobre los 16 millones de pesos invertidos en un inmueble de propiedad privada.

Durante su intervención, el legislador de Morena recordó los principios fundacionales del movimiento y demandó que los gobiernos emanados de ese partido rindan cuentas con claridad ante cualquier duda sobre el uso de recursos públicos.

“Prometimos ser diferentes. A mí me tocó estar en el plantón con López Obrador, marchar en el desafuero, y creo que los gobiernos emanados de Morena tienen que ser totalmente honestos y transparentes. Cuando haya la menor duda de alguna compra o licitación, tienen que abrirse a la gente, al pueblo, a los medios y a quien pregunte, para que quede totalmente claro”, afirmó.

Sobre el Cine Lux, Samaniego subrayó que “es la vergüenza más grande que tiene Mexicali últimamente” ya que tener un edificio privado e invertirle esa cantidad de dinero para prestar un servicio es reprobable.

El diputado exigió la publicación del catálogo de conceptos de los recursos ejercidos. “Una de las máximas de Morena es consultar a la gente. En cualquier obra pública se desarrolla un catálogo de conceptos donde se especifica cuánto costó cada tornillo y cada metro de cableado. Queremos ver ese catálogo de conceptos de los 16 millones que se gastaron en ese edificio privado: qué compraron, dónde lo compraron y cómo lo compraron”, manifestó.

Samaniego reiteró que la ciudadanía tiene derecho a solicitar información pública y que las autoridades están obligadas a entregarla para preservar la confianza de la población.

Con el fin de exigir un alto al acoso y a la retirada injustificada de sus documentos de trabajo, un grupo de choferes de carga pesada bloqueó las instalaciones de la aduana fronteriza comercial en Mexicali en manifestación contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El chofer Conrado Marrón Valencia, denunció que las autoridades estadounidenses los acusan falsamente de incurrir en cabotaje -transporte local no autorizado dentro de EE. UU.- debido a los tiempos que tardan en completar sus trayectos.

Según explicó, las demoras de hasta nueve días no se deben a faltas laborales o ilícitos, sino a trámites aduanales, liberación de pedimentos de importación o retrasos en las zonas de carga.

Marrón Valencia señaló que el problema ha escalado de manera drástica en los últimos días, ya que en la última semana reportaron la cancelación de al menos 17 visas, sumadas a retiros posteriores de entre 2 y 5 documentos diarios a compañeros del gremio.

El transportista aseveró que agentes de ICE han amenazado a operadores detenidos con retirarles también los visados a sus familiares si no aceptan las acusaciones de cabotaje.

Además, denunció un constante clima de persecución a la salida de las revisiones, lo que ha generado temor de cruzar la frontera para trabajar.

El manifestante aclaró que la protesta es impulsada directamente por los choferes y no por partidos políticos ni por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), organismo del cual se dijeron desatendidos.

Aunque reconocieron que algunos permisionarios se oponen a las movilizaciones por priorizar intereses monetarios, destacaron que parte de los patrones ha mostrado empatía permitiéndoles parar labores.

Los choferes advirtieron que, de no frenarse esta situación antes del inicio de la temporada alta de hortalizas, cientos de familias quedarán sin sustento económico.