En Baja California existe una crisis de certidumbre jurídica, particularmente en el sector inmobiliario, lo que afecta gravemente la competitividad y el patrimonio de empresas y particulares de la región.

Ignacio Avilés Bustillos, abogado del despacho De Hoyos Avilés, señaló que el despojo de bienes inmuebles por parte de personas que ejecutan procesos judiciales simulados en otras entidades del país, lejos de disminuir, va en aumento.

Por lo anterior, hizo un llamado a que autoridades de los distintos órdenes de gobierno y particularmente de la instancia municipal como Catastro, miembros del sistema de justicia y empresas inmobiliarias coordinen esfuerzos para blindar y estructurar instrumentos jurídicos que permitan proteger a los propietarios así como a las operaciones inmobiliarias.

Finalmente, señaló que evidentemente se han dado a conocer a la luz pública diversos casos en particular, pero continúan registrándose casos preocupantes. Por lo anterior, se le dará seguimiento puntualmente en términos jurídicos y, en su momento, informar sobre estos hechos a la opinión pública.

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Álvaro Aldrete, informó que el partido mantiene acercamientos con distintas fuerzas políticas con miras a construir posibles alianzas electorales para el próximo proceso electoral, aunque aclaró que hasta el momento no existe ningún acuerdo formal.

Aldrete señaló que aún está pendiente establecer un diálogo con Movimiento Ciudadano (MC), sin embargo, con quien ya mantuvo reunión fue con el Partido Encuentro Solidario (PES) y el Partido Acción Nacional (PAN).

Indicó que el principal objetivo del PRI es construir una alianza para disputar la mayoría absoluta de Morena en el Congreso del Estado; no obstante, no están cerrados a analizar algún acuerdo con respecto a algunas alcaldías, siempre que existan perfiles que generen coincidencias entre los partidos.

El dirigente priista sostuvo que las negociaciones continuarán con apertura, buscando privilegiar las coincidencias y avanzar en una estrategia común rumbo a las próximas elecciones.

La diputada federal, Eva María Vásquez, informó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 y una adición al artículo 123 Bis del Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de establecer penas máximas para políticos que tengan vínculos con el crimen organizado.

Expuso que las sanciones podrían alcanzar hasta 140 años de prisión cuando se trate de servidores públicos o actores políticos involucrados con organizaciones criminales, a fin de evitar que quienes estén en la función pública tengan acuerdos o presuntos vínculos con grupos delictivos.

La legisladora panista afirmó que existe un presunto “narco pacto” con grupos criminales y demandó a las autoridades en el poder a romper cualquier acuerdo de esa naturaleza.

Durante su declaración, Eva María Vásquez también cuestionó los mecanismos internos de Morena para impedir la infiltración del crimen organizado en la política; aseguró que, pese a los filtros anunciados por ese partido, presuntamente existen figuras políticas que mantienen cercanía o reciben protección de sectores vinculados con el poder.

Con ejemplos, la diputada federal mencionó los casos recientes de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Andy López Beltrán, entre otros integrantes y figuras cercanas a Morena; sostuvo que existe “mucha tela de donde cortar” y consideró que una revisión de las principales filas de Morena permitiría identificar a personas que, desde su perspectiva, deberían ser investigadas.