Gobierno del Estado realizó un análisis del gasto educativo estatal de educación básica, una elevada carga financiera que representa la educación. El documento es el resumen de la situación de Baja California con la presión de los pagos pendientes para obtener 12 mil millones de pesos, tanto para educación como para el déficit de ISSSTECALI.

El informe es la presentación que hacen a la federación para soictar la cifra anterior desglosada en 5 mil 464 millones de pesos de recursos federales como “apoyo requerido”, y 7 mil 025 millones como “apoyo extraordinario requerido”.

Piden los 5 mil millones a la federación del ramo U080, correspondiente al Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. La mayor parte es para cubrir el déficit de Issstecali del magisterio estatal, y el resto -946 millones- para poder pagar el retroactivo del incremento salarial anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El apoyo de los 7 mil millones se desglosa en 5 mil 289 millones en nóminas del magisterio, 224 millones y medio para equipamiento escolar, más 1 mil 500 millones para atender la insuficiencia presupuestaria de estado para atender el incremento salarial del 11 por ciento en lo sucesivo.

Para la entidad, el gasto en educación básica representa el 17 por ciento del presupuesto de egresos de 2024, ubicando a Baja California como el estado que más invierte en Educación, seguido por Coahuila con 15 por ciento y Nuevo León y Durango con el 10 por ciento. El resto de las entidades tiene del 9 al 0 por ciento.

Cabe subrayar que solo se enfoca en el gasto de educación básica, sin considerar media y superior, pues el total anual incluyendo todos los niveles asciende a 34 mil 318 millones, que representan casi el 40 por ciento del presupuesto total del estado.

El analista financiero René Jattar, explicó que el gobierno estatal tiene fuertes presiones financieras en nómina y pensiones, y que el gobierno solicita los recursos extraordinarios a la Federación argumentando que es la entidad que más destina dinero al costo en educación, con el 40 por ciento, cuando hay otros Estados que reciben el 100 por ciento de apoyo federal, como los Estados del sur de México.

Añadió que el Estado tiene en estos momentos una tormenta perfecta, ya que por un lado no tiene una fuente de fondeo estatal de estos compromisos, no obstante del 2022 al 2023 los ingresos estatales y federales crecieron en 11 mil 611 millones de pesos distribuidos en 5 mil 208 millones en fuentes estatales y 6 mil 402 millones en fuentes federales de acuerdo al resumen financiero-presupuestal publicado en el portal del Gobierno del Estado de Baja California.

Por el otro lado, el Gobierno Federal se encuentra cerrando sus compromisos sexenales donde sus prioridades de pago no son las Entidades Federativas, por lo que ve muy complicado que el Estado reciba el apoyo total requerido de manera inmediata, y que lo que podría suceder a lo mucho, es que la Federación les de un U080 parcial y le adelanten participaciones para salir del problema al corto plazo, cuestión que ve complicada por estar al término de periodo gubernamental, lo que mandaría la presión financiera al Estado para finales del año 2024 y al Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

Subrayó que urge un análisis, acciones serias e inmediatas de recorte y reestructuración del gasto corriente en todos sus rubros, con énfasis en asesores, publicidad, costos de obras, análisis de precios unitarios y otros, así como un ajuste en la cantidad de trabajadores, prestaciones  pensionarias y  transparencia en el uso de recursos de los 3 poderes del Estado así como de los Ayuntamientos, para que esos recursos sean destinados a los compromisos ineludibles y prioritarios para los servicios y la calidad de vida en Baja California.

Señaló que urge la modernización y adecuación del ISSSTECALI, que es la mayor presión financiera para el Estado,  esta modernización es multifactorial por lo que  se iniciaría con una reestructuración administrativa así como la adecuación de su  Ley y sus leyes complementarias de burocracia y magisterio, en consenso con las agrupaciones sindicales y todos los sectores del Estado, centrando su adecuación en su esquema de cotizaciones tanto de organismos patronales incorporados así como  de trabajadores, pensionados y jubilados para que estos últimos, principalmente, así como y familiares cuenten con un instituto de seguridad social puntual, eficiente y sostenible en todos sus prestaciones.