Desde el primer día en el cargo, el teniente coronel en retiro, Julián Leyzaola, ya dejó ver cuál sería el tenor de su periodo al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, donde lo acomodaron tras no poder cumplirle dándole el cargo en Tijuana.

El mismo día de su toma de protesta, envió un mensaje a los delincuentes “vestidos de oficiales” y habló de depuración de la policía. Es decir, todavía no sabía cuál era la situación, y ya estaba amenazando y hablando de una “limpia”. En vez de hechos, hay palabras. Hasta el momento no hemos visto ninguna depuración, solo bravuconadas.

En el evento de la presentación del programa de canje de armas, al que asistió la gobernadora y tuvo lugar en la explanada municipal de Mexicali hace algunas semanas, Leyzaola se negó a atender a los medios, aunque finalmente cedió.

El viernes pasado le dijo a Irma Leyva, que no hiciera espectáculos, al reclamarle la salida de una funcionaria de la unidad de búsqueda de la DSPM, y le dijo que la atendería en privado, pero la dejó plantada.

La fundadora del colectivo “Madres Unidas y Fuertes”, quien tiene 18 años buscando a su hijo Diego Alonso, se fue directamente con la jefa de Leyzaola, la alcaldesa Norma Bustamente, quien le prometió que no movería a la encargada de las búsquedas en vida. El argumento de la activista es que les ha costado años de trabajo armar un equipo comprometido, confiable, y capacitado para que llegue alguien y sin conocer el trabajo que hay detrás, los mueva sin razón.

Aun está por verse si será respetada la promesa de Norma para con Irma, pues Leyzaola es de los protagonistas que no le hacen caso a nadie. Suponiendo que esto suceda, Norma quedaría como una alcaldesa sin autoridad, supeditada a las decisiones de su director de policía.

Hoy, el tono de los incidentes con Leyzaola subió, al pasarle encima del pie con su silla a una reportera -aunque algunos testigos dicen que a pesar de las peticiones del teniente para permitirle pasar, no se lo permitían- y al negarse ahora sí de plano a contestar preguntas a los medios.

Concediendo que lo primero fue un accidente -la reportera del 66 tampoco quiso contestar cómo vivió ella ese momento, si lo considera una agresión o un hecho fortuito desafortunado- nos queda el silencio institucional de Leyzaola.

Algunos compañeros pudieron plantearle este tema y respondió que no le gustan las banqueteras, ni el desorden que se provoca, lo cual puede ser una buena manera de safarse de las preguntas incómodas.

También dijo que se siente extraño por no estar a a la altura de los reporteros y los micrófonos por su condicion, pero las cosas son como son y un funcionario público tiene la obligación de rendir cuentas sobre sus actos si hay recursos públicos involucrados o hay decisiones que afectan a la sociedad, lo cual es el caso.

Agregó que está dispuesto a atender cuando le pidan entrevistas, pero que sean cortas y en su oficina, siempre y cuando se gestionen con tiempo. Nada más le faltó agregar que le manden las preguntas por anticipado, con tres copias, el currículo del periodista y las métricas del medio. Eso sí, cuando es para lavarle la carita sí está dispuestísimo.

Las únicas situaciones en que puede guardar silencio para con la prensa, son cuando no está autorizado a hablar del tema; cuando quiere preparar una respuesta elaborada y darla a conocer más tarde a través de canales institucionales; cuando es una pregunta ofensiva; cuando involucra datos delicados en una investigación en curso; o cuando no tiene injerencia en lo que se pregunta.

Es decir, puede negarse a atender a los medios pero necesita haber una justificación válida.

Suponemos que no estará disponible cuando insistamos en cuándo hará el examen de control y confianza, qué es lo que están construyendo en la comandancia, dónde va a vivir, de dónde saldrán esos recursos y por qué paga Tijuana su unidad y sus guaruras.

Mal por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda por encasquetarnos aquí en Mexicali a su compromiso político. Ya van dos en los últimos meses, pues Manuel Guerrero -una persona con poca preparación académica, pero que es su compadre-, fue ubicado como director de Conagua.

En otro tema, otra vez ya fue imposible guardar silencio en el Hospital General de Ensenada sobre las graves carencias de todo tipo que tiene el nosocomio y que dice su direcror, José Juan Godínez Montaño, incluso ponen en riesgo la vida de las personas que acuden solicitando atención.

En febrero pasado ya suspendieron las consultas externas y los traslados en ambulancias por falta de insumos y seguros; un anuncio que hizo enojar al secretario de Salud estatal, Adrián Medina Amarillas, que tiene la misión de controlar las alarmas en los centros de salud y aparentar que todo marcha sobre ruedas.

Tras el compromiso de subsanar las insuficiencias más graves, ordenaron la reapertura de los servicios en el hospital, pero en el Hospital General de Mexicali también están así, al igual que en el ISSSTE y centros de salud de las colonias, como el de González Ortega, donde la diputada Daylín García fue a donar artículos, o una del valle, que estaba inundada de aguas negras desde hace semanas.

El asunto es que el traspaso de los servicios de salud al IMSS Bienestar ha resultado en un fracaso, un retroceso, una desorganización y falta de previsión enormes. Las cosas están mal y no parece que vayan a mejorar, pues los recursos no llegan y además el presupuesto en salud sufrió recortes muy significativos.

Operaciones canceladas, falta de medicamentos básicos, carencia de personal… Ojalá que la gente analice el hecho de que le están saliendo muy caros los servicios de salud comparado con el dinero que le dan los programas sociales. Estábamos mejor cuando según Morena, estábamos peor.

El jueves pasado trascendió en redes sociales que agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y de la organización Hermandad de Sangre Azul A.C., acusaron a los responsables administrativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) de negarse a pagar los gastos funerarios de la oficial Abigail Esparza Reyes, caída en el cumplimiento de su deber, en el desastroso operativo para detener a un fugitivo estadounidense en Tijuana.

Los señalados son Guillermo González Flores, director de Administración de la SSCBC, y Mario Plata Contreras, jefe de Recursos Humanos. Ese mismo día pregunté al director de Comunicación Social de Gobierno del Estado si esas acusaciones eran verdaderas.

Jesús López Romandía aseguró que era mentira, que el decreto de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda protegía a los agentes cubriendo esos gastos y que estaban por sacar un comunicado.

Efectivamente, más tarde emitieron un comunicado vía el chat de la SSCBC, que decía que Gobierno del Estado, con la Secretaría de Hacienda y con la SSCBC, activó el fideicomiso para policías para brindar todos los beneficios sociales a los que es acreedora la familia de la agente.

“Al respecto, el General Laureano Carrillo Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) informó que se tuvo contacto con familiares directos de la agente que dirigió la Comandancia de Enlace Internacional de la FESC en Zona Tijuana, a fin de dar comienzo a los trámites de solicitud para la liberación de los beneficios que se otorgarán a través de dicho fideicomiso”, decía el mensaje.

Pero no fue así, pues tras la ceremonia para honrar la memoria y destacar el trabajo hecho por Abigail, los agentes volvieron a expresar que la corporación no se hacía responsable de los gastos. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Gobierno del Estado solo dio la orden pero no liberó los recursos o se hicieron bolas en la SSCBC?

Este es otro error más que viene a perjudicar la imagen de la gobernadora y no hay quien la cubra de los golpes. Cuando se desmiente una información que los deja mal parados, hay que asegurarse de que se efectivamente se cumpla lo prometido. Ni Marco Moreno Mexía ni el general Laureano Carillo se hicieron responsables por el error, el retraso, el malentendido, la omisión, la mentira o lo que haya sido lo que pasó. El golpe se lo dejaron a Marina del Pilar solita.

Con esos colaboradores, para que quiere enemigos.

Ayer el diputado federal morenista, Armando Samaniego, publicó en sus redes que el edificio del PRI en Mexicali está sujeto a embargo por el Ayuntamiento de Mexicali. La única razón para esto es que deba predial, pero la administración de Norma Bustamante siempre ha argumentado que se meterían en problemas legales si difunden datos personales de los grandes deudores.

Para pronto le contestaron que se notaba su desconocimiento total de los procedimientos de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos y le recomendaron que metiera a un curso en la Escuela Judicial Electoral, “para que aprenda sobre el tema y no ande hablando por hablar”, pues las Instalaciones de los Partidos Políticos le corresponden a la Unidad de Fiscalización del INE, cuando pierden su 3 por ciento de votación, la liquidación de todos los bienes muebles e Inmuebles que tengan.

Pero el presidente estatal del PRI también le contestó:

Aquí están los adeudos de los edificios de la CNC y del PRI. Dice Samaniego que con un año de deuda de predial, ya pueden estar los inmuenbles sujetos a embargo.

El recibo de la CNC.

El adeudo del PRI.

Y hablando del PRI, el excandidato a gobernador, Fernando Castro Trenti, ahora convencido morenista, se dio un baño de pueblo con el argumento de volantear en Tijuana este sábado para promover la elección judicial. Ya empieza a construir sus redes comunitarias para medir sus fuerzas, con miras al 2027.

Este martes la alcaldesa de Mexicali Norma Bustamante se fue de la lengua y declaró que los escoltas del director de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola, no nos cuestan porque son pagados por el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.

¿A cuenta de qué? Seguro le está pagando el favor por haberlo dejado usar su nombre y la popularidad que sí tiene en Tijuana en la campaña, donde Burgueño se la pasó diciendo que Leyzaola sería el titular de seguridad en el municipio y a la hora de la hora “dijo mi mamá que siempre no” y no hubo manera de incrustarlo en el gobierno de aquella ciudad, que no fuera como asesor.

A Leyzaola, que le gustan los reflectores y dar órdenes, le enfadó pronto esta situación, y terminamos pagándole el favor en Mexicali. ¿Qué dicen los reglamentos y el presupuesto de Tijuana como para andar pagando guardaespaldas al titular de una dependencia de otra ciudad? Muy transparente seguro no es.

Y por lo que respecta a Mexicali, ahora resulta que la alcaldesa es también agente de bienes raíces, pues dijo que es una preocupación de ella buscarle una casa segura, que el teniente coronel retirado es muy valiente y no tiene miedo….

Por eso no quieren que Norma tenga conferencias mañaneras, porque se va de largo y dice cosas que no debería. ¿Por qué tendría la ciudad que pagarle la renta de una casa a un funcionario municipal? ¿O nada más es la intermediaria y el dinero saldrá del bolsillo del propio director de policía?

Las mismas preguntas aplican para el ayuntamiento de Mexicali. ¿El gasto está contemplado en el presupuesto de egresos? ¿Por qué se erogaría en este concepto? ¿No debió pensar en los riesgos antes de otorgarle el puesto?

Resulta que quieren un fraccionamiento privado, con caseta de vigilancia, en una zona segura de la ciudad, y que el nombre empiece con “San” y termine en “Pedro”, nada más les falta agregar. Qué chulada.

Y falta una cuestión: la mandada a la goma que le dieron los militares a la petición de la alcaldesa de dejar vivir a Leyzaola en el cuartel. Hubiéramos tenido a nuestro Montserrat chicalense, pero le contestaron con evasivas, y se dio cuenta que por ahí, no era.

Hace bien el ejército en no meterse en problemas, recordemos que este nuevo director llega con una larga lista de denuncias y recomendaciones de organismos de Derechos Humanos.

Fuentes bien informadas señalan que los gastos de Leyzaola están pasadísimos, que gasta en comidas para él y sus guaruras con singular alegría y que a ese ritmo seguro le suben al predial o se inventan un impuesto para poder hacer frente a los viáticos.

A Arnoldo Douglas le pagaron bien el cambio de naranja a guinda.

En otro tema, nos cuentan que la base trabajadora del Cecyte se ha visto muy afectada desde la llegada de Arnoldo Douglas como Director de Administración y Finanzas, puesto al que llegó así como llegó al Cobach: sin título ni cédula.

Recordemos el penoso incidente donde como regidor de Movimiento Ciudadano, Douglas llegó a un evento de la ahora gobernadora, quien entonces era candidata, y con una bola de paleros, se quitaron las camisetas de MC para dejarse camisetas de Morena en apoyo de la candidatura de Marina del Pilar.

Pues ese gesto le ha rendido frutos, pues no importa su falta de estudios, ni que allá donde lo pongan solo genere problemas; su pobre desempeño parece invisible desde el tercer piso del Poder Ejecutivo.

El ahora morenista ha metido a mucha gente a su equipo de trabajo, con miras a las próximas elecciones. Esto incluye el acomodo de la nueva generación de hijos de antiguos políticos, creación de plazas inexistentes y compensaciones sacadas de la manga.

No conforme con eso, está afectando a la base trabajadora que legítimamente tiene derecho a una plaza o de las que ya cuentan con antigüedad y base, pero que con medidas intimidatorias y por medio de un correo, les cambian su unidad de trabajo mandándolos a un plantel alejado de su domicilio, obligando con ello a qué renuncien y formalmente puedan tomar su plaza para uno de los tantos de nuevo ingreso.

“En estos momentos los profes y la base terminan su jornada laboral con miedo a que solo por no caerles bien a los nuevos o por tener una base ganada de un momento a otro te cambien de plantel. Así como paso en Cobach ojalá la gobernadora voltee a ver al Cecyte y se de cuenta que están realizando las mismas prácticas de acoso, humillación e intimidación que el equipo de Douglas hizo con los profes del Cobach”, nos dicen.

En otro asunto, que siempre sí les pagarán en tiempo y forma a los trabajadores del DIF estatal, nada de dejarlos colgados todo el mes.

Nos cuentan que la farmacia del Instituto de Psiquiatría de Baja California de aquí de Mexicali, está cerrada desde hace dos semanas por desabasto. El Issstecali también sigue sufriendo de falta de medicamentos básicos, pero el discurso institucional es que todo está bien y que todo está resuelto.

Y finalmente, es increíble lo que hicieron Morena y sus aliados en el senado hoy: aprobaron un pronunciamiento donde descalifican los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU en el sentido de que en México hay desaparición forzada.

 El orate que preside la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, culpó a Olivier De Schutter, presidente de ese Comité, de “prejuzgar sin pruebas y de emitir en todo caso una opinión personal”… IN-CRE-I-BLE. Para Morena no pasa nada, no hubo un rancho Izaguirre, ni 43 estudiantes de Ayotzinapa, ni miles de desaparecidos como boletines de las fiscalías o en posters de papel con sus rostros.

La postura de Morena es una burla para los familiares de los ausentes, quienes a falta de respuesta institucional, buscan incansablemente con sus propias manos y sus recursos. Negar la situación, invisibilizar el problema, aleja la solución. Dan pena ajena los senadores.

Hoy familiares de los tres jóvenes desaparecidos en el Shots, los recordaron a dos años de que se perdiera su pista.

Hoy se cumplen dos años de la desaparición de David Alfonso Melesio y Jesus Manuel Bramsco de 23 años, quienes eran amigos, del antro Shots en Mexicali. Según testigos, desaparecieron tras ser llamados por guardias de seguridad al baño del establecimiento. Ese día también desapareció de ese lugar un tercer joven, Mauricio Verdugo. ¿Qué opinarán de esto los senadores de Morena por Baja California?