La diputada federal, Eva María Vásquez, informó que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 y una adición al artículo 123 Bis del Código Penal Federal, así como modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de establecer penas máximas para políticos que tengan vínculos con el crimen organizado.

Expuso que las sanciones podrían alcanzar hasta 140 años de prisión cuando se trate de servidores públicos o actores políticos involucrados con organizaciones criminales, a fin de evitar que quienes estén en la función pública tengan acuerdos o presuntos vínculos con grupos delictivos.

La legisladora panista afirmó que existe un presunto “narco pacto” con grupos criminales y demandó a las autoridades en el poder a romper cualquier acuerdo de esa naturaleza.

Durante su declaración, Eva María Vásquez también cuestionó los mecanismos internos de Morena para impedir la infiltración del crimen organizado en la política; aseguró que, pese a los filtros anunciados por ese partido, presuntamente existen figuras políticas que mantienen cercanía o reciben protección de sectores vinculados con el poder.

Con ejemplos, la diputada federal mencionó los casos recientes de Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Andy López Beltrán, entre otros integrantes y figuras cercanas a Morena; sostuvo que existe “mucha tela de donde cortar” y consideró que una revisión de las principales filas de Morena permitiría identificar a personas que, desde su perspectiva, deberían ser investigadas.

El diputado federal Armando Samaniego calificó este jueves el gasto público destinado a la renta y acondicionamiento del Cine Lux como “la vergüenza más grande que tiene Mexicali” y exigió total transparencia sobre los 16 millones de pesos invertidos en un inmueble de propiedad privada.

Durante su intervención, el legislador de Morena recordó los principios fundacionales del movimiento y demandó que los gobiernos emanados de ese partido rindan cuentas con claridad ante cualquier duda sobre el uso de recursos públicos.

“Prometimos ser diferentes. A mí me tocó estar en el plantón con López Obrador, marchar en el desafuero, y creo que los gobiernos emanados de Morena tienen que ser totalmente honestos y transparentes. Cuando haya la menor duda de alguna compra o licitación, tienen que abrirse a la gente, al pueblo, a los medios y a quien pregunte, para que quede totalmente claro”, afirmó.

Sobre el Cine Lux, Samaniego subrayó que “es la vergüenza más grande que tiene Mexicali últimamente” ya que tener un edificio privado e invertirle esa cantidad de dinero para prestar un servicio es reprobable.

El diputado exigió la publicación del catálogo de conceptos de los recursos ejercidos. “Una de las máximas de Morena es consultar a la gente. En cualquier obra pública se desarrolla un catálogo de conceptos donde se especifica cuánto costó cada tornillo y cada metro de cableado. Queremos ver ese catálogo de conceptos de los 16 millones que se gastaron en ese edificio privado: qué compraron, dónde lo compraron y cómo lo compraron”, manifestó.

Samaniego reiteró que la ciudadanía tiene derecho a solicitar información pública y que las autoridades están obligadas a entregarla para preservar la confianza de la población.

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación por el homicidio calificado de un joven al interior de un centro de rehabilitación en Tijuana de la Patrulla Espiritual, así como por las presuntas irregularidades administrativas y penales en el manejo de la escena, confirmó la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez.

De acuerdo con la titular de la FGE, la víctima había sido ingresada por su madre tres días antes del suceso para recibir tratamiento por consumo de sustancias. Sin embargo, fue privado de la vida dentro de las instalaciones.

Por este hecho, las autoridades ya han aprehendido a dos personas y tramitado órdenes de aprehensión adicionales contra otros involucrados.

Andrade Ramírez detalló que los detenidos son ex-internos que laboraban en el establecimiento como colaboradores.

Ante señalamientos de que el lugar fue limpiado antes del arribo de los peritos y que se permitió la salida de internos para evitar sus testimonios, la fiscal señaló que dichos aspectos forman parte de la carpeta de investigación y que se citará a declarar a todos los testigos necesarios.

La FGE trabaja en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Secretaría de Salud para determinar la situación legal de la clínica, la capacitación del personal y la responsabilidad de los administradores o encargados.

“Al momento en que ingresa una persona que consume drogas pasa por un proceso de desintoxicación y tiene que estar atendida por profesionales en la materia. Coepris ya intervino en la inspección para verificar permisos y contratación laboral”, precisó la fiscal.

En otro tema, la fiscal general se refirió al incidente ocurrido en Playas de Rosarito que involucra a encargados del centro “Patria Espiritual”, conocidos como “El Padrino” y “La Madrina”, quienes viajaban con un menor de edad.

El hecho, que derivó en un altercado vial y posterior choque, generó denuncias cruzadas. Por un lado, comunicadores locales denunciaron lesiones y hostigamiento; por otro, los señalamientos de la parte contraria argumentan daños a propiedad vehicular y presunta violación a la privacidad.

La FGE ratificó que las investigaciones se conducen de manera objetiva para deslindar responsabilidades.