La denuncia penal que interpuso Héctor Osuna Jaime ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por la posible comisión de diversos delitos, es para probar si efectivamente la justicia funciona, comentó el exalcalde tijuanense.

La denuncia está firmada por Héctor Osuna Jaime, Francisco Antonio García Burgos y otros, con el asesor jurídico Juan Marcos Gutiérrez González, y es por posible revelación de secretos, delitos contra la seguridad de la nación, conspiración y delitos cometidos por servidores públicos.

Osuna Jaime señaló que la acusación se basa en conversaciones grabadas y difundidas públicamente en las que la mandataria estatal habría tenido contacto con personas que se presentaron como intermediarios vinculados a autoridades estadounidenses.

Dijo que varios ciudadanos se sumaron a la denuncia, ya que la dieron a conocer en el marco de la protesta de ayer lunes contra el repentino proceso legal contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, un acto visto por muchos como una cortina de humo tras la develación de los audios de Avila Olmeda.

El documento detalla que la acusación es por revelación de secretos, basado en los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, al presuntamente compartir o ofrecer información reservada conocida por razón de su cargo.

También por tentativa de delitos contra la seguridad de la Nación, si existieron actos ejecutivos orientados a transmitir la información; además por conspiración, basado en el artículo 141 del CPF, por el posible acuerdo con terceros para cometer delitos contra la seguridad nacional; y finalmente por delitos cometidos por servidores públicos, agravados por su calidad de gobernadora.

Osuna Jaime declaró que espera se abra una carpeta de investigación con la misma celeridad que se está actuando contra Ruffo Appel por huachicol fiscal, mientras que hay personajes ligados a Morena con fuertes señalamientos de ese y otros delitos a quienes la justicia no ha tocado.

El Ayuntamiento de San Felipe, que encabeza José Luis Dagnino, informó este lunes que la empresa SCORE International no incluyó al municipio como sede en su calendario oficial de competencias para el año 2027.

A través de un comunicado, las autoridades locales expresaron su decepción ante la decisión, pero destacaron el fuerte respaldo que el municipio ha brindado al evento durante los últimos cinco años. Entre las aportaciones mencionadas se encuentran el pago anual de 120 noches de hospedaje en habitaciones dobles para el equipo de SCORE, el cubrimiento de derechos por el uso de la pista —con una aportación de 105 dólares por equipo registrado por parte de la empresa— y el mantenimiento de cerca de 300 kilómetros de ruta con maquinaria pesada, costo absorbido al 100% por el Ayuntamiento.

Además, el municipio cubrió íntegramente los gastos de seguridad pública, acciones preventivas, renta de sanitarios públicos y servicios extraordinarios de limpieza. El comunicado resalta que, recientemente, el gobierno municipal sostuvo reuniones de coordinación con el sector privado para mejorar la calidad de los servicios, logrando reducir en algunos casos hasta un 50% los cobros por derechos de uso de pista.

Pese a que San Felipe realizó todos los preparativos necesarios para recibir la SCORE International San Felipe 250 y mostró su disposición para continuar como sede, la organización decidió llevar a cabo la edición 2027 en otra localidad.

“Respetamos la decisión tomada por SCORE International”, señala el documento publicado por Dagnino, aunque subraya que el municipio mantendrá sus puertas abiertas a otras empresas nacionales e internacionales del off-road interesadas en organizar competencias en el desierto bajacaliforniano.

Finalmente, las autoridades afirmaron que San Felipe seguirá trabajando para consolidarse como un destino líder del deporte motor, impulsando el turismo, la economía local y posicionándose como referente internacional de aventura y deporte.

A través de un posicionamiento público difundido en redes sociales, Haru Thompson Navarro aseguró que su familia enfrenta una situación “muy difícil” derivada de las investigaciones relacionadas con el caso de presunto huachicol fiscal, en el que recientemente fue detenido su hermano y se giró una orden de aprehensión contra su padre.

En el mensaje, Thompson Navarro señaló que durante años consideró al exgobernador Ernesto Ruffo Appel como “una buena persona”, aunque afirmó que con el tiempo esa percepción cambió. Explicó que fue su padre quien buscó a Ruffo para desarrollar un nuevo proyecto empresarial y que éste los puso en contacto con José Merino Valdez Cuervo. A partir de esa reunión, dijo, se constituyó una empresa a la que posteriormente se incorporó Ruffo Appel como socio.

De acuerdo con su versión, tiempo después su padre y su hermano fueron despojados de sus acciones dentro de la empresa y, además, el objeto social de la compañía fue modificado sin que ellos tuvieran conocimiento de lo que realmente ocurría.

Haru Thompson afirmó que su familia intentó emprender acciones legales; sin embargo, desistieron debido a que el costo económico y el tiempo que implicaba un litigio eran prácticamente inalcanzables.

Agregó que hace dos años, cuando salió a la luz pública el caso del presunto huachicol fiscal, apareció el nombre de INGEMAR, lo que, según dijo, provocó afectaciones a las empresas de su familia y los obligó a realizar un largo proceso para demostrar que no tenían relación con las actividades investigadas.

En el posicionamiento sostuvo que la situación derivó en la detención de su hermano y en una orden de aprehensión contra su padre. Aseguró que ninguno de los integrantes de su familia ha participado en el negocio investigado y expresó su confianza en que el proceso judicial demostrará su inocencia, permitirá la liberación de su hermano y dejará sin efecto la orden de captura contra su padre.

Asimismo, manifestó que desea que la ley se aplique contra quienes resulten responsables, mencionando específicamente a Ernesto Ruffo Appel y José Merino Valdez Cuervo, “si las autoridades determinan que así corresponde”.

Finalmente, recordó que su familia llegó a Ensenada en 1986 y que durante décadas construyó su patrimonio mediante el trabajo y el esfuerzo. Señaló que ese patrimonio se ha visto afectado por decisiones ajenas a ellos y reiteró su confianza en que los hechos terminarán por esclarecerse conforme avancen las investigaciones.