El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Baja California dictó una resolución definitiva en la que determina sancionar con una suspensión de 15 días naturales a la juez Sandra Sofía “N”, tras acreditarse su responsabilidad administrativa por comisiones de faltas clasificadas como no graves.

Durante una audiencia por hostigamiento, de la denuncia presentada por Ana Lidia Soto por calumnias, difamaciones y amenazas, la juez le comentó que si no quería ser hostigada que cerrara sus redes sociales, por lo que Soto presentó una queja por lo que consideró un actitud soberbia y arrogante de la juez.

La resolución, identificada bajo el expediente T.D.Q.A. 28/2026, declara como “FUNDADO” el informe de presunta responsabilidad administrativa emitido originalmente el 30 de abril de 2026 por la autoridad investigadora en contra de la señalada.

De acuerdo con el documento, el tribunal resolvió que se acreditó la responsabilidad de la juz al actualizarse las conductas previstas en la legislación local y general, específicamente bajo los artículos 72 (fracciones III y XVIII) de la Ley Orgánica, así como el artículo 49 (fracción I) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que será suspendida de su trabajo por 15 días.

La sentencia fue firmada y autorizada por el Magistrado Manuel Nahúm Rodríguez Chávez, integrante del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado. El dictamen instruye además a la Unidad de Substanciación del Tribunal para ordenar la ejecución inmediata de los términos señalados en la resolución definitiva.

Esta mañana, familiares y amigos de la sargento Bertha Mireya González se manifestaron para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos en torno a su muerte.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio, en el departamento de Bertha, ubicado al interior del cuartel militar de la calle 11, al poniente de la ciudad.

María, amiga de la sargento durante 19 años, comentó que inicialmente le informaron que Bertha, de 42 años, había sufrido una caída dentro de su departamento; sin embargo, posteriormente, de acuerdo con el certificado de defunción, la causa de muerte fue determinada como asfixia.

Detalló que el cuerpo de su amiga presentaba dos golpes en la cabeza, uno en la frente y otro en la nuca; señaló como principal sospechoso a su expareja, otro militar de nombre Cristian, que vive en el mismo cuartel y continúa en libertad.

María afirmó que existen diversas irregularidades en las investigaciones, entre ellas una presunta manipulación de la escena; también refirió que Bertha Mireya llevaba varias horas de haber fallecido cuando fue trasladada al Hospital Militar.

Expuso que, en un inicio, el caso estaba a cargo de la Fiscalía General del Estado; sin embargo, al solicitar mayor información, les señalaron que la investigación fue trasladada a la Ciudad de México y que actualmente está a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

Por su parte, Beatriz, hermana de Bertha Mireya, mencionó que personal de la Fiscalía Militar acudió al lugar y realizó diversas preguntas; no obstante, al solicitar avances sobre el caso, les indicaron que deben dirigirse a las autoridades en la Ciudad de México, situación que, dijo, les genera sospechas sobre un posible intento por ocultar información.

Bertha Mireya González, originaria del Estado de México, tenía 42 años de edad, contaba con casi 19 años de servicio militar y llevaba 20 años viviendo en Mexicali; además, era madre de tres hijos.

La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa para establecer un mecanismo institucional de orientación y canalización dirigido a personas y negocios afectados por extorsión, cuando este delito ponga en riesgo la continuidad, interrupción, abandono o cierre de sus actividades económicas.

La propuesta plantea reformar la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión para el Estado de Baja California, con el objetivo de que la atención de las autoridades no se limite a las consecuencias patrimoniales del delito, sino que también considere sus efectos sobre los empleos, ingresos familiares y actividades productivas.

Corral Quintero expuso que las amenazas derivadas de la extorsión pueden llevar a las víctimas a suspender o abandonar sus negocios ante el riesgo para su integridad, la de sus familiares y trabajadores, así como para sus bienes.

Por ello, propuso crear un Protocolo de Orientación y Canalización para la Continuidad de Actividades Económicas Afectadas por Extorsión, dirigido tanto a personas físicas como morales cuya actividad económica se encuentre en riesgo como consecuencia de este delito.

El protocolo establecería una ruta de atención para facilitar que las víctimas conozcan y accedan a las medidas de protección, atención y asistencia contempladas en la legislación vigente, mediante la coordinación entre las autoridades competentes.

La iniciativa precisa que este mecanismo no interferiría con las facultades de investigación y persecución de los delitos, sino que buscaría mejorar la coordinación institucional para atender las consecuencias que la extorsión genera en las actividades económicas.

Además, plantea incorporar a la Estrategia Estatal para Prevenir y Combatir la Extorsión acciones específicas de orientación, canalización y coordinación institucional encaminadas a prevenir o reducir el cierre, abandono o interrupción de negocios y otras actividades productivas afectadas por este delito.

La legisladora aclaró que la propuesta no contempla la entrega automática de subsidios, créditos, condonaciones o apoyos económicos a las víctimas. El objetivo, explicó, es aprovechar los mecanismos y recursos institucionales existentes para establecer una ruta clara de atención frente a las consecuencias económicas de la extorsión.

En caso de aprobarse la reforma, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las autoridades competentes, tendría un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para diseñar el protocolo e incorporar las acciones correspondientes a la Estrategia Estatal.