Un hombre con una orden de aprehensión por homicidio en Estados Unidos fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Mexicali tras atender un reporte por alteración del orden público en el fraccionamiento Valle de Puebla.

La detención ocurrió entre las avenidas Artesanías y Tecalli, donde oficiales acudieron luego de un llamado al 911; el señalado fue identificado como Adolfo “N”, de 50 años, quien inicialmente sería presentado ante un juez calificador por una falta administrativa.

Al verificar que era ciudadano estadounidense, la DSPM estableció comunicación con autoridades de ese país, las cuales confirmaron que contaba con una orden de aprehensión por un homicidio ocurrido el 28 de junio de este año en el condado de Riverside, California.

Posteriormente, y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, el detenido fue trasladado a Tijuana para ser entregado a las autoridades estadounidenses en la garita internacional de San Ysidro.

A dos días de haber vencido el plazo comprometido para la entrega de una unidad móvil de esterilización de mascotas, Ana Lidia Soto, hija de Amparito, pidió a la diputada de Morena, Michelle Tejeda, mostrar evidencias de que el vehículo realmente existe y se encuentra en proceso de equipamiento.

Reconoció que confió en la palabra de la legisladora, aunque ahora considera que fue inocente al hacerlo.

Recordó la necesidad de contar con una unidad móvil de esterilización ante la problemática de sobrepoblación de perros en situación de calle que enfrenta Mexicali.

La abogada de profesión cuestionó que, pese a los anuncios públicos realizados por la diputada, hasta el momento no exista evidencia del paradero de la unidad.

Expuso que fue en noviembre pasado cuando la diputada informó públicamente, ante medios de comunicación, que la unidad ya había sido adquirida y, posteriormente, el pasado 7 de junio, aseguró que sería entregada a más tardar el 30 de junio.

Al concluir, Ana Lidia Soto expresó que continuará exigiendo el cumplimiento del compromiso, pues a siete meses del anuncio de la unidad de esterilización siguen a la espera de alguna evidencia o su entrega.

La madre de Ana Lidia, Amparito, una enfermera jubilada de 84 años de edad, murió luego de ser atacada por una jauría de perros en agosto del 2024.

A pesar de existir un acuerdo reparatorio firmado ante la Fiscalía General del Estado de Baja California, a través de la Unidad de Justicia Alternativa Penal, que establece la devolución de un inmueble, el abogado de quien invadía una propiedad y quien firmó dicho acuerdo, exige el pago de 800 mil pesos.

Las partes involucradas son Luis Fernando Araiza Sing, propietario del bien inmueble registrado en el Registro Público de la Propiedad con folio real 87684, y Felipe de Jesús García Roa, quien habitaba la vivienda ubicada en la calle Río Tamazula, de manera irregular.

El acuerdo, celebrado mediante un proceso de mediación, establece que García Roa desocuparía el inmueble y entregaría la posesión del mismo a más tardar el 1 de julio de 2026, fecha en la que también se contemplaba la entrega-recepción formal del bien.

Como parte de la reparación del daño, se estipuló el pago de 75 mil pesos en efectivo al momento de la desocupación, además del pago de la mudanza.

El documento precisa que, una vez cumplidas las condiciones, la autoridad competente podrá determinar la extinción de la acción penal por el delito de despojo, derivado del expediente correspondiente.

Sin embargo, de manera paralela al proceso legal, ha surgido el señalamiento de un presunto intento de extorsión por parte de un abogado, quien habría solicitado 800 mil pesos al propietario del inmueble para “resolver” la situación, quien ha amenazado con fabricar hechos y difundirlos a la opinión pública, aprovechando que tiene un hermano con una página de Facebook de noticias, donde lo menciona presuntamente como parte de un “cartel inmobiliario” y se sugiere que la compra venta fue por prescripción, lo cual es falso. El afectado considera tomar acciones legales.