Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron cerca de 94 libras de metanfetamina ocultas en un vehículo que intentaba ingresar por el puerto de entrada de San Ysidro.

El aseguramiento ocurrió el 5 de julio, cuando un ciudadano estadounidense de 20 años, que conducía un Nissan Versa modelo 2014, fue enviado a una inspección secundaria tras detectarse anomalías en las puertas del automóvil.

Con apoyo de un equipo canino, un sistema de imágenes no intrusivo y una revisión física, los agentes localizaron 71 paquetes de metanfetamina ocultos en las puertas y paneles laterales traseros del vehículo. La droga tenía un peso aproximado de 93.9 libras y un valor estimado de 150 mil 240 dólares.

La CBP informó que también fueron asegurados el vehículo, un localizador GPS y dos teléfonos celulares. El conductor fue detenido y enfrenta cargos federales relacionados con la importación de narcóticos.

Este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al cartel de Juárez y a “los Viagras” como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).

El cartel de Juárez y “los Viagras” son calificados por Estados Unidos como “violentos carteles narcoterroristas” que han perpetrado atentados contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles, incluida la masacre de 2019 en Sonora, en la que nueve ciudadanos estadounidenses: tres adultos y seis niños, fueron muertos por sicarios de “la Línea”, la facción dominante del cartel de Juárez.

“La Administración Trump seguirá utilizando todos los medios a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y cortando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos”, dicen las autoridades del vecino país en comunicado de prensa.

La medida adoptada hoy por el Departamento de Estado demuestra una vez más que la Administración Trump sigue cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los carteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y proteger la frontera.

Las designaciones como entidades terroristas ponen al descubierto y aíslan a personas y entidades, impidiéndoles el acceso al sistema financiero de Estados Unidos así como a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados, agrega el documento.

Esta medida se adopta en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la orden ejecutiva 13224. Las designaciones como organización terrorista extranjera (FTO) entrarán en vigor tras su publicación en el Registro Federal.

El gobierno de Estados Unidos intensificó este martes su ofensiva financiera contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente involucrados en una red de contrabando de combustibles y evasión fiscal que, según el Departamento del Tesoro, genera cientos de millones de dólares al año para esa organización criminal.

La acción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que además emitió una alerta a bancos e instituciones financieras sobre los mecanismos utilizados por los cárteles para introducir gasolina, diésel y otros combustibles desde Estados Unidos hacia México sin pagar impuestos.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos —conocido como huachicol— se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los cárteles mexicanos después del narcotráfico. El esquema no solo incluye el robo de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex), sino también una sofisticada red de empresas fachada, documentos aduaneros falsificados y operaciones financieras para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Entre los sancionados se encuentra Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por las autoridades estadounidenses como un operador que facilita las actividades de contrabando de combustible para el CJNG.

Acusan financiamiento de campañas políticas

Uno de los señalamientos más relevantes del informe del Tesoro es que las ganancias obtenidas por la venta ilegal de combustible no solo sirven para financiar las operaciones del crimen organizado.

Según el documento, los cárteles utilizan parte de esos recursos para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación en México con el objetivo de favorecer la llegada de funcionarios corruptos que posteriormente faciliten sus operaciones, otorguen acceso a posiciones estratégicas dentro del gobierno o permitan el lavado de dinero mediante contratos públicos.

Aunque el informe no identifica nombres de políticos, partidos o medios de comunicación, sí sostiene que esta estrategia forma parte del modelo de operación de las organizaciones criminales para mantener el control de sus redes de contrabando.

Una industria multimillonaria

El Departamento del Tesoro describe un esquema que inicia con el robo de petróleo y combustibles de instalaciones de Pemex mediante perforaciones clandestinas, sobornos a empleados, robo de pipas y sustracción en refinerías.

El petróleo robado es enviado ilegalmente a Estados Unidos, donde suele declararse falsamente como “aceite usado” para evitar revisiones e impuestos. Posteriormente es vendido por empresas estadounidenses coludidas y las ganancias regresan a México.

En sentido contrario, gasolina y diésel son adquiridos en Estados Unidos por empresas mexicanas con permisos de distribución, pero sin autorización para importar combustibles. Mediante facturas falsas y documentación alterada, el producto cruza la frontera sin cubrir los impuestos correspondientes y termina comercializándose en estaciones de servicio vinculadas al crimen organizado o en expendios irregulares.

El Tesoro estadounidense cita reportes públicos según los cuales entre el 25 y el 33 por ciento del combustible que actualmente se vende en México podría tener un origen ilícito.

FinCEN informó que, tras emitir una alerta sobre el contrabando de petróleo en mayo de 2025, recibió más de 160 Reportes de Actividades Sospechosas que involucran operaciones superiores a los 7 mil millones de dólares, principalmente entre México y Estados Unidos.

Las investigaciones ubican como principales puntos de operación el estado de Texas, especialmente ciudades fronterizas como Brownsville, McAllen, Mission y Eagle Pass, donde participan empresas relacionadas con las industrias energética y del transporte.

Operativo binacional

Las sanciones son resultado de una investigación conjunta en la que participaron la DEA, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los cárteles mexicanos han diversificado sus fuentes de ingresos más allá del tráfico de drogas y aseguró que la administración estadounidense continuará atacando las estructuras financieras que sostienen a estas organizaciones, clasificadas por Washington como grupos terroristas.