El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impondrá sanciones económicas por cerca de 18 millones de pesos por irregularidades encontradas en gastos de campaña, de personas candidatas a los cargos disputados en la elección judicial 2025, así como de las candidaturas a poderes judiciales locales de 19 entidades.

En sesión extraordinaria, la consejera y presidenta de la Comisión de Fiscalización, Carla Humphrey Jordan, aseguró que, con este acto, el INE cierra la fiscalización del primer proceso electoral judicial en la historia democrática de México y “en lo que compete a esta autoridad administrativa, el resultado no sólo nos compromete técnicamente, sino institucionalmente”.

Además, precisó que, para estos procesos extraordinarios, se fiscalizaron más de siete mil 700 candidaturas, se analizaron más de siete mil 300 informes de campaña y se auditó un universo de casi 900 millones de pesos en ingresos y egresos. “Un esfuerzo sin precedentes con plazos inéditos y reglas de reciente creación”, destacó.

En este sentido, la consejera explicó que, del total de irregularidades detectadas, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) propuso sanciones por más de 10 millones de pesos a nivel federal y ocho millones en el ámbito local.

Sobre las candidaturas federales, informó que el 83 % de las sanciones se concentran en magistraturas de tribunales colegiados de Circuito, así como en juezas y jueces de Distrito y, en lo local, Chihuahua y el Estado de México destacan por la concentración del 35.9 % del total sancionado.

De la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña presentados por las diversas candidaturas a cargos de elección del Proceso Electoral Extraordinario del PJF, así como por las y los candidatos a poderes judiciales locales, la UTF detectó ocho mil 49 faltas o conductas irregulares a nivel federal y nueve mil 547, en el ámbito local, detalló.

Humphrey añadió que de las faltas cometidas en materia de fiscalización por las personas candidatas a algún cargo de los poderes judiciales locales de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, la UTF propuso sanciones por un monto de 7 millones 975 mil 917, distribuido de la siguiente forma.

Un informe sobre la elección judicial 2025 que analiza los resultados de los cómputos distritales judiciales del Instituto Nacional Electoral (INE), muestra que las coincidencias entre los ganadores a ministros, tribunal de disciplina y sala superior son consecuencia de una operación política.

El análisis lo elaboran José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro miembro del Colegio Nacional; y Jorge Alberto Medellín Pino, maestro en Ciencia Política y Derecho Constitucional.

En el documento señalan que, gracias a la digitalización de la información y la existencia de datos oficiales, demuestran distrito por distrito que se reprodujo un patrón mecánico de votación que no pudo surgir de forma libre ni espontánea, lo que atribuyen al uso de los “acordeones”.

Indican que solo 13 de cada 100 personas del listado nominal participaron en la elección, sin embargo, debido a los votos nulos, solo 10 por ciento de los electores lo hicieron ejerciendo un voto válido, lo que reduce la participación a 10 de cada 100 mexicanos listados en el padrón.

Las gráficas del comportamiento de la votación de las candidaturas ganadoras en las tres elecciones nacionales para cargos del Poder Judicial -Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del Tribunal Electoral- son casi idénticos, lo que solo se explica mediante un control externo coordinado, operativo y territorial, mostrando un patrón homogéneo que no muestra un ejercicio real de libertad ciudadana, explican los autores.

“En condiciones de voto libre, la dispersión de los resultados habría sido la regla: con 64 candidatos para 9 lugares, cada casilla y cada distrito actuarían como universos independientes, generando millones de combinaciones posibles”, precisa el análisis.

¿Qué valor económico se asigna a la operación humana y logística para distribuir acordeones en más de 80 mil casillas? ¿Dónde está fiscalizado ese gasto?, cuestionan Cossío Díaz y Medellín Pino.

Finalmente, concluyen que la elección judicial de 2025 constituye un fraude electoral de carácter estructural y deliberado, y cuestionan los mecanismos de fiscalización.

Este viernes, el Instituto Estatal Electoral de Baja California realizó en la Casa de la Cultura la ceremonia de entrega de constancias a quienes resultaron electos, en la elección del 1 de junio, en los cargos del Poder Judicial Local.

Las constancias de mayoría fueron entregadas a las personas más votadas en la elección, las 17 magistraturas numerarias y 3 supernumerarias conformarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado y 148 para jueces y juezas de primera instancia.

Luis Alberto Hernández, presidente del IEEBC mencionó que al ser 172 las personas que recibieron sus constancias, se autorizó que la sesión del consejo se realizara en la Casa de la Cultura para contar con el espacio adecuado para todos.

Con esta entrega de constancias concluye formalmente el proceso electoral del poder judicial local, las personas electas ejercerán sus cargos durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de julio de 2033.