Hoy haremos un recuento de las tranzas que se han aventado los hijos de la alcaldesa Norma Bustamante a través del Departamento de Bomberos.

Empezamos con la más reciente: resulta que por fin habían dado luz verde para comprar uniformes de combate a los bomberos. Lo iban a hacer con la empresa Uniformes Julián, pero oh sorpresa, que se entera Ignacio Lozoya, y detiene todo.

Como antecedente, este bombero Lozoya, junto con el “tigre” Antonio Castañeda Bustamante detuvo la compra de las 14 máquinas de bomberos, un vehículo de rescate y 4 ambulancias para meterle mano a esa compra y llevarse un buen moche. Tuvieron meses “guardadas” esas unidades en la empresa Nicoya, cerca del aeropuerto, porque ya venían en camino cuando decidieron que podían ponerle sobreprecio.

Pues ahora se la aventaron igual; Lozoya y el Tigre vieron su oportunidad y metieron repentinamente a un proveedor de Tijuana, lo que significa más tiempo sin uniformes y más gasto porque esa movida fue para ponerle sobreprecio a los cerca de 300 equipos de combate.

El jueves pasado iban a ir a tomarles las medidas los de Uniformes Julián y pues nada. Los bomberos recuerdan que cuando Marina del Pilar era presidenta municipal pasó algo parecido. Ya estaba acordado que adquirirían los uniformes y que la erogación sería de 28 millones de pesos, y a la hora de la hora salió en los medios que el costo había sido de 31 millones.

1. Sistema de “moches” (extorsiones a negocios e inspectores)

• Edson López Vilchis (exadministrador y luego jefe del Departamento Técnico): En octubre de 2023 convocó a inspectores a una reunión en la caja de ahorro ADES. Según una denuncia anónima enviada a redacciones, les pidió apagar celulares y acordó una cuota semanal de 5 mil pesos por inspector. Quienes no pagaran serían removidos. También se les pidió ideas para generar más ingresos ilegales, como imponer multas altas a comercios y cancelarlas a cambio de pagar al menos la mitad (moche). Se mencionan cancelaciones masivas de multas y que López Vilchis controlaba cambios de personal a su beneficio. Se señaló que tenía protección “de arriba” (incluyendo hijos de la alcaldesa).
• Bernardo Sánchez Nevárez (y colaboradores): En 2025 se denunció que exigía al menos 10 mil pesos semanales de moches. Con ayuda de la arquitecta sin título María Dolores Mejía Peraza y Javier Preciado (quien coordinaba a los inspectores y les indicaba a dónde ir a “cobrar piso”). Roberto López Loera recibía quejas y las “sepultaba”. Dos inspectores (Víctor Covarrubias y Jesús Torres) renunciaron porque no podían cubrir las cuotas.
• Otros señalamientos: Multas disfrazadas de moches tras incendios (ej. en recicladoras), un moche de 100 mil pesos a una recicladora, y acoso a locatarios para que compraran instalaciones de seguridad a través de ellos.
• 2. Robo de cajero automático en incendio de Soriana

Tras el incendio de un Soriana se robaron el contenido de un cajero automático con 433 mil pesos. La investigación apuntaba a elementos de Bomberos, quienes habrían forzado la caja con herramientas especializadas mientras custodiaban el lugar. El fiscal de Mexicali (antes de ser reemplazado) habría señalado en esa dirección. Por ese caso interpusimos denuncia en Sindicatura; no se reportaron resultados (y como dijo Don Teofilito..)

3. Cobro de cheques sin trabajar (caso del bombero Alberto Álvarez Mena)

El bombero estuvo más de un año en Estados Unidos por un asunto legal, pero alguien siguió cobrando sus cheques. El director Osuna aceptó los señalamientos junto con el subdirector Gabriel Corral y Edson López Vilchis. Se solicitó investigación a Sindicatura sobre quién firmó las nóminas; no hubo resultados visibles (ni los habrá).

4. Nepotismo y favoritismo

• Crearon un área para Rubén Omán Osuna (hijo del director Rubén Darío Osuna), con pick-up y gasolina gratis; lo dejaron encargado de la zona de Palaco a pesar de quejas por flojera e inexperiencia.
• Contrataciones de hijos de bomberos y ascensos irregulares (ej. Raúl Lorenzo Enrique Rosado Valdez, sobrino de un funcionario de Protección Civil, con fama de cobramoches; Luis Ascencio, que se saltó el escalafón gracias a palancas pese a sobrepasar la edad límite).
• Edson López Vilchis estaba en lista prioritaria para base sindical.
• 5. Las máquinas “guardadas”
• Brújula News documentó entre septiembre y diciembre de 2024 el caso de 18 camiones de bomberos y 10 ambulancias que permanecían estacionados/ocultos en el enorme terreno del Parque Industrial Nicoya mientras el Ayuntamiento retrasaba o reconfiguraba su compra.
• Las unidades estaban “guardadas” en Nicoya mientras el cuerpo de bomberos sufría falta grave de equipo (estaciones sin máquinas, como la 21 de El Faro y la 3 de González Ortega). Esto se evidenció en incendios donde tuvieron que pedir apoyo a otras estaciones o ejidos.
• Se denunció que la operación se estaba armando a sobreprecio para beneficiar a Antonio “Tigre” Castañeda (hijo de la alcaldesa Norma Bustamante). Se habló de una triangulación en la compra.
• Ignacio Lozoya (nombrado subdirector de Bomberos, según las columnas, por influencia de Castañeda) era el contacto con el vendedor (ubicado en Tijuana). El anterior subdirector (Jesús Corral) no se habría prestado a la operación. Aparecieron mantas en puentes de la ciudad denunciando el caso y a Lozoya.
• A finales de 2024 las sacaron de Nicoya y las llevaron a talleres municipales para revisión. Finalmente el 19 de febrero de 2025 el Ayuntamiento entregó públicamente 19 unidades (14 máquinas extintoras, 1 de rescate urbano y 4 ambulancias) en el Centro Histórico. La inversión anunciada fue de 20 millones de pesos. Se pagó por esas 19 unidades lo que se pagó por una sola unidad barredora tiempo después.
• 6. Otras irregularidades mencionadas
• Mal manejo de un caso de acoso sexual a una bombera.
• Falta de equipo y unidades (menos que al inicio de la administración; unidades con fugas, ambulancia usada para favores personales).
• Inspecciones omitidas o amañadas (ej. a mercados, circo de Francesco, empresas de familiares del director).
• Quejas de malos tratos y prepotencia del director Osuna y subdirector Corral; manifestación de bomberos del turno B ante el sindicato.
• En 2026 se reportó incumplimiento de pagos a bomberos jubilados.

Ni con el broncón en que se metió por sus declaraciones sobre Pedro Ariel Mendívil, cuida la alcaldesa las formas.

Aleida Limón, madre de Jhosué Romo Limón, afirmó que por primera vez en más de cuatro años siente que la Fiscalía General del Estado está actuando con hechos para esclarecer el caso de la desaparición y asesinato de su hijo, por lo que otorgó un “voto de confianza” a la institución, aunque advirtió que continuará exigiendo verdad y justicia.

La madre buscadora señaló que las recientes detenciones de presuntos implicados en el secuestro de Jhosué representan un avance importante.

Recordó que uno de los sospechosos fue capturado el pasado 7 de julio y que recientemente fue detenido un segundo hombre, señalado como uno de quienes presuntamente conducían el vehículo utilizado en el plagio.

“Me dan esperanzas de que va a haber justicia para mí. Les doy el voto de confianza porque siento que por primera vez me están demostrando con hechos que sí quieren actuar y que están pensando en nosotros, las víctimas”, expresó.

Limón sostuvo que espera que la Fiscalía continúe investigando hasta llegar a toda la verdad y que los responsables enfrenten las consecuencias legales.

Al ser cuestionada sobre la imputación contra el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y otros exelementos policiales, así como los presuntos vínculos entre policías y el crimen organizado, aseguró que estos hechos confirman lo que denunció desde el inicio de su lucha.

“Siempre tuve la verdad, tuve razón”, afirmó. Recordó que desde los primeros momentos posteriores a la desaparición de su hijo denunció que la Policía Municipal fue la primera autoridad en llegar al lugar de los hechos y, pese a ello, no realizó acciones para localizarlo.

“Como madres buscadoras nos hemos convertido en investigadoras y se nos han dicho muchas cosas que no podíamos comprobar. Ahora sí diré: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”, declaró.

Aleida Limón enfatizó que, si los imputados son inocentes, deberá demostrarse, pero si son culpables deberán responder ante la justicia.”Que paguen como pagó mi hijo con su vida y como he pagado yo con este dolor de cuatro años y medio”, expresó.

Aunque reconoció los avances de la Fiscalía, dejó claro que su respaldo no significa que dejará de exigir resultados. “Hoy le doy el voto de confianza a la Fiscalía, aclarando que eso no será callarme ni guardar silencio. Seguiré exigiendo verdad y justicia, pero tendré un poquito más de paciencia para esperar que todo llegue a feliz término”, dijo.

Finalmente, confirmó que asistirá a la audiencia del exjefe de lapolicía de Mexicali programada para el próximo domingo, al considerar fundamental estar presente como víctima del caso y conocer el desarrollo del proceso judicial.

“Para mí es muy importante que el juez me mire y sepa que soy víctima de la primera desaparición de mi hijo. Lo que dije en su momento se está confirmando. Ya me lo confirmaron; recuerden que en un amparo que gané me dieron la razón y ahora también el tiempo me está dando la razón”, concluyó.

Este viernes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, expuso que la investigación del exdirector de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel Mendívil no debe centrarse únicamente en él, también se deberían ver a las autoridades que participaron en su nombramiento y supervisión.

Octavio Sandoval explicó que el Cabildo, así como la alcaldesa y la sindicatura, autorizaron la designación; por lo tanto, tienen la responsabilidad de fijar una postura y rendir cuentas sobre los mecanismos de vigilancia que debieron aplicarse durante el desempeño de Mendívil.

Señaló que hay que poner las cosas claras, para no repetir los patrones de los últimos cinco años en el tema de seguridad; no se abrió una caja de Pandora, como mencionó la fiscal; con esta detención, dijo, se abrió una cloaca.

Comentó que el sector empresarial propondrá, a través del Comité Municipal de Seguridad Pública, la creación de una auditoría interna integrada por tres personas, con nombramiento aprobado por el Cabildo, sujetas a controles de confianza y con la obligación de informar tanto a la ciudadanía como al propio Cabildo y al comité.

Como segunda propuesta está el que se cumplan las reglas y que el director de Seguridad Pública Municipal se someta periódicamente a exámenes de control de confianza, como lo dictan las leyes actuales, y que se realice una ratificación anual en el cargo.

Para finalizar, Sandoval expresó que el objetivo es fortalecer a la corporación, respaldar a los elementos que cumplen con su trabajo y evitar que se repitan casos en los que policías municipales sean señalados por presuntos delitos graves, como lo es la desaparición forzada.

“Si nosotros degradamos a la institución, salimos perdiendo; vamos a apoyar a los buenos policías”, concluyó.