La confianza de los empresarios de Baja California en el desempeño del gobierno estatal se encuentra entre las más bajas del país, mientras que la inseguridad, la corrupción y la incertidumbre económica aparecen como algunos de los principales obstáculos para el desarrollo de los negocios, de acuerdo con los resultados de DataCoparmex 2026.

El indicador “Marcaje a mi gobierno”, presentado hoy por Ernesto García Manjarrez, presidente de Coparmex Mexicali, revela que únicamente 11.8 por ciento de los socios de Coparmex en Baja California considera que el gobierno estatal ha cumplido con los propósitos para los cuales fue electo, porcentaje que contrasta con el 29.2 por ciento nacional.

Con este resultado, Baja California se ubicó en el lugar 30 de 31 entidades, 17.4 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, dijo. Entre quienes consideran que el gobierno estatal no está cumpliendo con sus objetivos, la inseguridad aparece como la principal falla señalada, con 29 por ciento de las menciones, seguida por corrupción, con 21.5 por ciento, e infraestructura y servicios públicos, con 18 por ciento, comentó.

La proporción de empresarios que señala la inseguridad como principal deficiencia también supera el registro nacional, que fue de 22.7 por ciento, manifestó García Manjarrez.

Corrupción, otro foco de preocupación

El indicador “MxSinCorrupción” señala que 36.4 por ciento de los socios Coparmex en Baja California experimentó algún acto de corrupción durante el último año, frente al 30.4 por ciento registrado a nivel nacional, agregó el presidente del organismo empresarial.

La entidad se ubicó así en el quinto lugar de 31 estados considerados en este indicador. No obstante, el resultado representa una reducción de 10.7 puntos respecto a 2025, cuando el porcentaje alcanzaba 47.1 por ciento, añadió.

Menor disposición para invertir

El panorama tampoco resulta alentador en materia de inversión. El indicador “Ánimo para invertir” registró en Baja California apenas 18 por ciento, por debajo del 23 por ciento nacional, remarcó el presidente de Coparmex Mexicali.

La entidad ocupó el lugar 27 de 31, luego de registrar una caída de 14.8 puntos respecto a 2025, cuando 32.9 por ciento de los socios consideraba que era un buen momento para invertir. A pesar de ello, 50.9 por ciento de las empresas consultadas manifestó tener planes de ampliar su número de colaboradores, sucursales o productos, ligeramente por encima del 50.3 por ciento nacional, indicó.

Entre los principales obstáculos para el crecimiento empresarial destaca la incertidumbre económica, con 25.7 por ciento de las menciones; le siguen la inseguridad, con 20.8 por ciento, y la incertidumbre política, con 19.7 por ciento. Esta última supera en 3.1 puntos el porcentaje nacional de 16.6 por ciento, precisó.

Casi seis de cada 10 empresas reportan problemas con trámites

Otro de los indicadores que coloca a Baja California en una posición desfavorable es el “Gasto regulatorio”, observó. Seis de cada diez socios Coparmex reportó haber enfrentado algún problema al realizar trámites gubernamentales durante el último año, frente al 46.9 por ciento nacional. Con ello, el estado se ubicó en el tercer lugar de 32 entidades.

Aunque el porcentaje disminuyó 6.4 puntos respecto a 2025/I, cuando era de 66.3%, Baja California continúa entre los estados con mayor proporción de empresas que enfrentan dificultades en sus trámites. Aseveró que los problemas se presentaron principalmente ante gobiernos municipales, con 36.1 por ciento de las menciones, seguidos por el ámbito estatal, con 34.2 por ciento, y el federal, con 29.7 por ciento.

En el caso específico del SAT, 29.5 por ciento de las empresas en Baja California reportó haber enfrentado algún problema entre octubre de 2025 y marzo de 2026, ocho puntos por encima del promedio nacional, declaró García Manjarrez. La principal problemática fue la devolución de impuestos pendientes, señalada en 58 por ciento de los casos, frente a 50 por ciento nacional.

Inseguridad: baja la victimización, pero aumenta el impacto de la extorsión

En materia de seguridad, 44 de cada 100 los socios Coparmex en Baja California manifestó haber sido víctima de algún delito durante el último año, porcentaje inferior al 45.6 por ciento nacional, dijo.

Sin embargo, entre las empresas que sí fueron víctimas de un delito, la extorsión o cobro de piso representa el principal problema, con 23 por ciento de las menciones, cinco puntos por encima del promedio nacional de 18 por ciento. Le siguen el robo de mercancía en tránsito, con 13.8 por ciento, y el delito informático, con 12.6 por ciento.

Además, dentro de las empresas víctimas de extorsión, 61.4 por ciento señaló que ésta ocurrió vía telefónica, mientras que 15.8 por ciento reportó cobro de piso y 8.8 por ciento extorsión por internet, explicó García Manjarrez. Ante este escenario, 47.5 por ciento de las empresas bajacalifornianas aumentó su gasto en medidas de seguridad durante el último año, por encima del 44.3 por ciento nacional.

Los resultados de DataCoparmex dibujan así un escenario contradictorio para Baja California: aunque existe una proporción ligeramente mayor de empresas que planea crecer respecto al promedio nacional, persisten niveles elevados de percepción de corrupción, dificultades regulatorias, inseguridad e incertidumbre económica y política, factores que coinciden con un marcado descenso en el ánimo empresarial para invertir.

El juez Victoriano Yee Fernández pretende apoderarse de una propiedad en el Fraccionamiento El Liezo, de esta capital, y para eso habría promovido un cateo por narcomenudeo el pasado miércoles 2 de septiembre.

Guadalupe Coronado Fonseca, cuñada de quien ocupa esa propiedad, y quien realizó un video en redes en vivo documentando el hecho, narró que el juzgador, quien entró con los denominados “jueces del acordeón”, cobró renta por años por el inmueble, hasta que descubrieron que no era de su propiedad.

Yee Fernández otorgó recibos de pago “por honorarios” hasta diciembre pasado, cuando le informaron que ya no pagarían más porque él no era el dueño.

El juez vive al lado y no es el propietario de esa casa, pero si cobró alquiler por cerca de ocho años, precisó Coronado Fonseca.

Una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio no arrojó propiedades a nombre del juez, quien les había dicho que la propietaria del inmueble le habría dejado un poder a su nombre, pero nunca mostró ningún documento.

Yee Fernández incluso cambió el recibo de energía eléctrica de la casa de la que se pretende adueñar y lo puso a su nombre, además de tomar los recibos de agua del cerco o el buzón de la casa en cuestión, relató Coronado Fonseca.

En diciembre pasado, al darse cuenta que quien está en posesión de la casa estaba a punto de obtener la prescripción, el juzgador les fue a decir que se los iba a “chingar”.

Por eso sospechan que la orden de cateo estaría relacionada con este conflicto.

De acuerdo con la ficha informativa de la Fiscalía General del Estado, el operativo se llevó a cabo el miércoles pasado de 21:18 a 21:46 horas, ejecutado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada Contra el Narcomenudeo y elementos de la SEDENA, para la búsqueda de narcóticos, sin encontrar nada.

En el cateo, la familia no dejó pasar a un agente que recibió una bolsa de otro elemento, al sospechar que podía tratarse de un intento de sembrarles drogas.

La familia afectada cuenta que la madre del juez, quien padece una discapacidad oral y auditiva, es muy grosera con ellos y aprovecha cualquier oportunidad para hacerles saber mediante señas que la casa donde viven -y que llevaba 20 años abandonada-, es propiedad de su hijo y se las va a quitar.

El flujo de mercancías entre México y Estados Unidos atraviesa por un episodio crítico en la frontera de Baja California, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estatal.

El bloqueo que se mantiene en la Garita Comercial de Mexicali ha paralizado el cruce de transporte pesado, colapsando la cadena logística de importación y exportación e impactando de forma directa el movimiento de productos perecederos e insumos clave para los procesos productivos de ambos países, comentó en comunicado el presidente del organismo empresarial, Octavio Sandoval.

El origen de la protesta se remonta al retiro de visas de trabajo a choferes de autotransporte mexicanos por parte de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con las instancias del vecino país, las sanciones se sustentaron en presuntas violaciones a las leyes de transporte, específicamente bajo señalamientos de “cabotaje”; la prestación del servicio de flete dentro de territorio estadounidense por parte de operadores extranjero.

Durante gran parte del presente año, el CCE de Baja California mantuvo reuniones bilaterales permanentes con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y el Consulado de Estados Unidos en Calexico.

El objetivo de estas mesas era armonizar los criterios normativos y clarificar los supuestos operativos que derivaban en la pérdida del visado. De acuerdo con el CCE, a través de estos diálogos previa y prácticamente se habían resuelto la totalidad de las dudas e inconformidades planteadas por CBP.

Sin embargo, el escenario se tensó en las últimas semanas con la incursión de operativos coordinados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), autoridad que retiró de forma masiva un número importante de visas a transportistas, apunta el comunicado.

Esta embestida provocó el descontento de los choferes y la subsiguiente toma e interrupción del paso comercial en Mexicali como medida de protesta.

Ante la urgencia de reabrir el puerto fronterizo, la dirigencia empresarial, encabeza por Octavio Sandoval, escaló el conflicto formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México con el fin de definir una estrategia institucional de representación consular.

Aunque los organismos empresariales del estado (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito) respaldaron la preocupación legitima de los choferes por contar con reglas claras e impredecibles, hicieron un llamado enérgico a privilegiar la reactivación del puerto comercial.