Baja California encabeza la lista de las entidades con mayor riesgo de violencia en la jornada electoral del 1 de junio, según un informe del Observatorio Electoral Judicial, publicado hace unos días.

El documento hace referencia a un análisis de la organización México Evalúa, en el que encontró que de las 19 entidades federativas que tendrán elecciones de jueces tanto estatales como federales, 8 presentan altos niveles de riesgo de violencia político criminal en las elecciones judiciales: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Quintana Roo Tabasco, Tamaulipas, y Veracruz.

Como contexto, señala que las elecciones de 2024 fueron las más violentas en México desde que existe registro, de acuerdo con diferentes organizaciones y notas periodísticas por la cantidad de víctimas relacionadas con el proceso electoral.

El inédito proceso de elecciones judiciales carece del tinte político de elecciones anteriores en el país, pero les preocupa que la violencia se convierta en un elemento más a considerar.

“Como se advirtió, desde antes de aprobada la reforma al Poder Judicatura, la intromisión del crimen organizado constituye un riesgo latente para este proceso en específico; esto queda en evidencia con las denuncias que recientemente se hicieron de candidaturas con posibles afinidades a organizaciones criminales, así como otras que pueden traer actos violentos en las campañas”, dice el documento.

Además, explica que los cuatro factores principales que determinan el nivel de riesgo de violencia político-criminal en las elecciones judiciales de 2025 son el primer lugar las disputas violentas por el control de los territorios locales en múltiples zonas.

Otro factor es la explotación violenta de múltiples mercados ilícitos convencionales; en tercer lugar, la alta vulnerabilidad frente a la intromisión del crimen en las elecciones; donde lo que se evalúa son las capacidades institucionales para investigar y actuar frente al crimen organizado, así entre más bajas capacidades se enfrenta una mayor vulnerabilidad del estado a la intromisión del crimen en las elecciones.

 Finalmente, la alta disponibilidad de opciones de captura, donde lo que se mide es el porcentaje de cargos que se elegirán en 2025, frente a la totalidad de la judicatura estatal. Entre más cargos se elijan en un estado, más aumenta la posibilidad de cooptación de jueces.

La candidata a Magistrada Isis Mariel Romero Pelayo no puede participar en la elección del Poder Judicial, pues cuenta con una denuncia desde el 31 de agosto del 2022.

Los delitos de los que la acusan son falsificación de documentos, uso de documentos falsos, suplantación de identidad y lo que resulte, junto con otras tres personas por apropiarse de un terreno de 280 metros cuadrados en Valle Dorado de esta capital. La denuncia está congelada en la Fiscalía General del Estado.

La participación de Romero Pelayo es como registradora del Registro Público de la Propiedad, donde presuntamente cancela gravámenes para que las propiedades se puedan vender, impostando la identidad del verdadero propietario en contubernio con una notaría pública.

El nombre de la candidata ya había salido a relucir en un reportaje publicado hace 11 meses, donde le facilita en tiempo récord, trámites a quien hoy ocupa la secretaría del Ayuntamiento de Mexicali, Rodrigo Llantada.

La tarde del jueves llegaron al estado las boletas que se utilizarán en la elección judicial federal del primero de junio, así lo informó el vocal del Distrito 02 de Mexicali, Alejandro Contreras.

Mencionó que fueron 9 los camiones de la empresa Muebles y Mudanzas los que arribaron a Baja California desde el centro de distribución nacional, de los cuales 3 son para Mexicali, 4 para Tijuana, 1 para Tecate y 1 para Ensenada, dando un total de 19 millones 905 mil 596 boletas electorales, mismas que serán resguardadas por autoridades, hasta el día que sean distribuidas a las casillas para la elección.