Una encuesta telefónica reciente consulta a los ciudadanos si votarían por Verónica Ruffo en caso de que fuera la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Baja California.

El mensaje grabado de la llamada consta de una sola pregunta: “Si Verónica Rufo Sánchez fuera candidata a la gubernatura de Baja California por el PAN, ¿votaría por ella? Si usted votaría por sí, oprima dos en su teclado telefónico. No, oprima tres. Muchas gracias por su participación”.

La encuesta, de carácter automatizado, busca medir la intención de voto hipotética hacia la hija de Ernesto Ruffo Appel, quien se ha vuelto mediática al encabezar los esfuerzos en la liberación de su padre, preso por acusaciones de tráfico de hidrocarburos, en un eventual escenario electoral en el estado.

La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California aprobó el Dictamen No. 103, mediante el cual se propone reformar la Ley Electoral estatal para permitir nuevamente la colocación de propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares, pantallas electrónicas y unidades de transporte público, bajo ciertas condiciones, así como en escuelas y edificios de gobierno.

La iniciativa fue presentada el 13 de agosto de 2026 por el diputado Juan Manuel Molina García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y plantea modificar el artículo 152 de la Ley Electoral del Estado, además de derogar el artículo 354 Bis.

De acuerdo con el dictamen, la legislación vigente mantiene una prohibición absoluta para instalar este tipo de propaganda política. Sin embargo, el promovente argumenta que la experiencia del proceso electoral 2023-2024 demostró que la medida no logró impedir la colocación de anuncios, sino que derivó en procedimientos sancionadores contra prácticamente todas las fuerzas políticas.

La propuesta establece que partidos políticos, coaliciones y candidaturas podrán colocar propaganda electoral en bardas, publivallas, espectaculares y pantallas electrónicas, tanto en espacios de uso común como privado.

En el caso de propiedad privada, será obligatorio contar con la autorización del propietario o poseedor del inmueble, además de cumplir con las disposiciones de protección civil, señalización y vialidad.

El dictamen enfatiza que la reforma no elimina las restricciones relacionadas con el equipamiento urbano contempladas en el artículo 165 de la propia ley, por lo que continuará prohibida la colocación de propaganda en infraestructura pública como postes, instalaciones de servicios o elementos que puedan afectar la seguridad y funcionalidad urbana.

Cabe destacar que dichas restricciones no están siendo respetadas por algunos aspirantes de Morena, quienes han colocado propaganda en postes.

Asimismo, se plantea la derogación del artículo 354 Bis, que actualmente sanciona la colocación de propaganda en los espacios prohibidos. Esto es escuelas y edificios de gobierno, por ejemplo.

La comisión consideró que, al transformarse la prohibición absoluta en una autorización condicionada, las eventuales infracciones podrán sancionarse mediante el régimen general ya previsto en otros artículos de la Ley Electoral.

En sus consideraciones, la Comisión -liderada por Morena-, sostuvo que el Congreso estatal cuenta con facultades para regular las modalidades de propaganda electoral y que la reforma busca encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión de los actores políticos y la protección del orden público, la seguridad vial y los derechos de terceros.

Los integrantes de la comisión concluyeron que la propuesta es constitucional y jurídicamente procedente, al estimar que existe justificación suficiente para modificar el modelo regulatorio vigente y retornar a un esquema permisivo, aunque con controles específicos que no existían antes de la reforma de 2021.

De ser aprobada por el Pleno del Congreso, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California. Se espera que sea votada este jueves.

Héctor Osuna Jaime, aspirante a la gubernatura del estado, señaló que fue invitado por parte del Congreso local para recibir un reconocimiento ayer durante la conmemoración del Día del Constituyente, pero que rechazó el homenaje.

Invitado del grupo Madrugadores de Mexicali, el exacalde de Tijuana señaló que no está dispuesto a recibir un reconocimiento por parte de la mayoría legislativa de Morena cuando está ayudando a desmantelar lo que tanto tiempo llevó construir.

“¿Cómo me vería yo recibiendo un reconocimiento de quien yo creo son ahorita los que están dañándonos a todos?”, cuestionó.

Hay que reflexionar, declaró, sobre quiénes están a favor de impulsar el desarrollo del estado y de la democracia, y quiénes están regresándolas a un estado de autoritarismo y de opacidad.

El congreso local, lejos de ser un contrapeso es una oficialía de partes que le aprueba todo lo que pide el ejecutivo porque hay una relación no muy transparente con la mayoría legislativa, opinó.

Osuna Jaime mencionó que las prioridades de Baja California son la atención al tema de los servicios públicos, el déficit de energía eléctrica, la seguridad pública, la infraestructura y que las instituciones funcionen.

Criticó a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, por las fallas en las investigaciones que ponen en libertad a objetivos con capturas mediáticas, con lo que consideró que queda en ridículo.

El también exsenador de la república agregó que no hay transparencia ni contrapesos y se ponen perfiles complacientes en cargos sensibles.

Sobre la economía del estado apuntó que la actividad de los valles de Baja California deberían ser el motor de la economía, pero falta una visión contundente que impulse la agricultura, la ganadería y la pesca, con todo el litoral que tiene la entidad.

Mencionó que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda anda enfocada en su seguridad personal y en averiguar si tiene o no cargos en Estados Unidos, por lo que se necesita un perfil que pueda con el cargo y que cuente con la experiencia para hacer frente al reto.

¿Queremos regidorrs que le cobren todo al alcalde en turno?, ¿Un síndico a modo?, ¿Alcaldes que no puedan tomar decisiones por sí solos?, ¿Diputados locales que repartan despensas a nombre del ejecutivo?, cuestionó.

Entre los tres requisitos que aseguró debe tener un candidato a gobernador, enlistó el no tener “cola que le pisen”; tener capacidad para estar a la altura del reto; y querer participar.

Recordó que fue coordinador de la campaña de Lupita Jones y entonces la marca López Obrador estaba muy fuerte, pero la situación ha cambiado y la molestia de la gente es evidente.

En Tijuana por ejemplo, el gobierno es quien extorsiona a los ciudadanos, ya no es el crimen organizado, externó; la gente aunque tiene miedo quiere un cambio y añadió que el voto de castigo será fuerte y a eso le apuesta.