La confianza de los empresarios de Baja California en el desempeño del gobierno estatal se encuentra entre las más bajas del país, mientras que la inseguridad, la corrupción y la incertidumbre económica aparecen como algunos de los principales obstáculos para el desarrollo de los negocios, de acuerdo con los resultados de DataCoparmex 2026.

El indicador “Marcaje a mi gobierno”, presentado hoy por Ernesto García Manjarrez, presidente de Coparmex Mexicali, revela que únicamente 11.8 por ciento de los socios de Coparmex en Baja California considera que el gobierno estatal ha cumplido con los propósitos para los cuales fue electo, porcentaje que contrasta con el 29.2 por ciento nacional.

Con este resultado, Baja California se ubicó en el lugar 30 de 31 entidades, 17.4 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, dijo. Entre quienes consideran que el gobierno estatal no está cumpliendo con sus objetivos, la inseguridad aparece como la principal falla señalada, con 29 por ciento de las menciones, seguida por corrupción, con 21.5 por ciento, e infraestructura y servicios públicos, con 18 por ciento, comentó.

La proporción de empresarios que señala la inseguridad como principal deficiencia también supera el registro nacional, que fue de 22.7 por ciento, manifestó García Manjarrez.

Corrupción, otro foco de preocupación

El indicador “MxSinCorrupción” señala que 36.4 por ciento de los socios Coparmex en Baja California experimentó algún acto de corrupción durante el último año, frente al 30.4 por ciento registrado a nivel nacional, agregó el presidente del organismo empresarial.

La entidad se ubicó así en el quinto lugar de 31 estados considerados en este indicador. No obstante, el resultado representa una reducción de 10.7 puntos respecto a 2025, cuando el porcentaje alcanzaba 47.1 por ciento, añadió.

Menor disposición para invertir

El panorama tampoco resulta alentador en materia de inversión. El indicador “Ánimo para invertir” registró en Baja California apenas 18 por ciento, por debajo del 23 por ciento nacional, remarcó el presidente de Coparmex Mexicali.

La entidad ocupó el lugar 27 de 31, luego de registrar una caída de 14.8 puntos respecto a 2025, cuando 32.9 por ciento de los socios consideraba que era un buen momento para invertir. A pesar de ello, 50.9 por ciento de las empresas consultadas manifestó tener planes de ampliar su número de colaboradores, sucursales o productos, ligeramente por encima del 50.3 por ciento nacional, indicó.

Entre los principales obstáculos para el crecimiento empresarial destaca la incertidumbre económica, con 25.7 por ciento de las menciones; le siguen la inseguridad, con 20.8 por ciento, y la incertidumbre política, con 19.7 por ciento. Esta última supera en 3.1 puntos el porcentaje nacional de 16.6 por ciento, precisó.

Casi seis de cada 10 empresas reportan problemas con trámites

Otro de los indicadores que coloca a Baja California en una posición desfavorable es el “Gasto regulatorio”, observó. Seis de cada diez socios Coparmex reportó haber enfrentado algún problema al realizar trámites gubernamentales durante el último año, frente al 46.9 por ciento nacional. Con ello, el estado se ubicó en el tercer lugar de 32 entidades.

Aunque el porcentaje disminuyó 6.4 puntos respecto a 2025/I, cuando era de 66.3%, Baja California continúa entre los estados con mayor proporción de empresas que enfrentan dificultades en sus trámites. Aseveró que los problemas se presentaron principalmente ante gobiernos municipales, con 36.1 por ciento de las menciones, seguidos por el ámbito estatal, con 34.2 por ciento, y el federal, con 29.7 por ciento.

En el caso específico del SAT, 29.5 por ciento de las empresas en Baja California reportó haber enfrentado algún problema entre octubre de 2025 y marzo de 2026, ocho puntos por encima del promedio nacional, declaró García Manjarrez. La principal problemática fue la devolución de impuestos pendientes, señalada en 58 por ciento de los casos, frente a 50 por ciento nacional.

Inseguridad: baja la victimización, pero aumenta el impacto de la extorsión

En materia de seguridad, 44 de cada 100 los socios Coparmex en Baja California manifestó haber sido víctima de algún delito durante el último año, porcentaje inferior al 45.6 por ciento nacional, dijo.

Sin embargo, entre las empresas que sí fueron víctimas de un delito, la extorsión o cobro de piso representa el principal problema, con 23 por ciento de las menciones, cinco puntos por encima del promedio nacional de 18 por ciento. Le siguen el robo de mercancía en tránsito, con 13.8 por ciento, y el delito informático, con 12.6 por ciento.

Además, dentro de las empresas víctimas de extorsión, 61.4 por ciento señaló que ésta ocurrió vía telefónica, mientras que 15.8 por ciento reportó cobro de piso y 8.8 por ciento extorsión por internet, explicó García Manjarrez. Ante este escenario, 47.5 por ciento de las empresas bajacalifornianas aumentó su gasto en medidas de seguridad durante el último año, por encima del 44.3 por ciento nacional.

Los resultados de DataCoparmex dibujan así un escenario contradictorio para Baja California: aunque existe una proporción ligeramente mayor de empresas que planea crecer respecto al promedio nacional, persisten niveles elevados de percepción de corrupción, dificultades regulatorias, inseguridad e incertidumbre económica y política, factores que coinciden con un marcado descenso en el ánimo empresarial para invertir.

Tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California emitió un llamado a la administración federal para pasar de los anuncios a las acciones concretas.

El organismo empresarial enfatizó que el desarrollo del país debe reflejarse en la inversión productiva, el fortalecimiento de las PyMEs, la seguridad de las familias y la generación de empleo formal.

A través de un comunicado firmado por Octavio Sandoval López, presidente coordinador de los CCE del estado, el sector productivo reconoció los logros en materia salarial, la apertura al diálogo y la estabilidad en indicadores macreconómicos.

Entre estos destaca la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, así como el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.9 por ciento en el segundo trimestre.

Sin embargo, el organismo advirtió sobre rezagos en la economía real, como la baja inversión productiva pues la inversión fija bruta lleva más de 18 meses estancada.

Además, solo el 7.8 por ciento de la IED corresponde a nuevos proyectos, mientras que la inversión privada cayó al 17.9 por ciento del PIB -su nivel más bajo desde 2020- y la pública se situó en un 3.3 pir ciento.

También, el CCE alertó que la deuda pública se aproxima a los 21 billones de pesos. De no lograr un crecimiento económico sostenido superior al 3 por ciento anual, el país enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión, encareciendo el pago de intereses.

Entre enero y julio de 2026 se registraron 243,078 nuevos puestos ante el IMSS, cifra equivalente a menos de la mitad de los 700 mil empleos que requería el mercado laboral en dicho periodo, precisa el comunicado.

En el rubro de seguridad, el sector empresarial puntualizó que una de cada dos empresas fue víctima de algún delito entre octubre de 2025 y marzo de 2026, siendo la extorsión el delito con mayor incidencia.

Además, expresaron preocupación por el registro nacional de más de 132 mil 800 personas desaparecidas, indicando que la baja en la percepción de violencia no refleja del todo la realidad que viven los ciudadanos y las unidades económicas.

Respecto a los proyectos de infraestructura para Baja California y el noroeste del país, el comunicado señala retrasos en obras clave, como las plantas de generación eléctrica en Mexicali y Sonora que corresponden a la administración anterior.

La planta desalinizadora en Playas de Rosarito no ha iniciado obras y los 5,000 paneles solares contemplados para Mexicali no han concluido su instalación, destaca el CCE estatal.

De cara a la próxima revisión del T-MEC, el CCE bajacaliforniano instó a fortalecer la certidumbre jurídica, mejorar el abasto de energía, agua y gas, así como modernizar las carreteras y cruces fronterizos.

“El diagnóstico debe partir de cómo se siente la gente, no de cómo se siente el Gobierno”, concluyó el pronunciamiento respaldado por los consejos coordinadores empresariales de Tecate, Ensenada, Mexicali, Tijuana y Rosarito.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California, Octavio Sandoval y el de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) Mexicali, César Beltrán, urgieron a las autoridades a solucionar el problema de los congestionamientos y largas filas que enfrentan los viajeros al ingresar a México por las aduanas del estado.

Mientras que Beltrán Badilla destacó que el problema afecta significativamente el turismo médico, el comercio, la restauración y la vida familiar de los residentes de la región fronteriza, Sandoval reiteró que la economía estatal se ha ralentizado a raíz de ese problema por el que las autoridades no se han interesado.

Entre los problemas identificados se encuentran el estrangulamiento de la movilidad por insuficiente diseño operativo, la reducción de carriles de ingreso, duplicidad de revisiones, inspecciones manuales adicionales, infraestructura poco funcional y diseño operativo ineficiente que genera cuellos de botella, lo que el líder de CCE estatal atribuyó que las decisiones las toman personas que viven a 3 mil kilómetros de la realidad fronteriza.

Los dirigentes propusieron establecer un plan de atención por etapas; realizar un diagnóstico operativo para identificar los principales cuellos de botella; ajustar la asignación de personal según la demanda en horas pico, fines de semana y días festivos; implementar un sistema permanente de medición y monitoreo de tiempos de espera; capacitar y fortalecer los criterios operativos del personal del INM para agilizar la atención; y establecer una mesa permanente de coordinación entre Aduanas, el Instituto Nacional de Migración, SEDENA, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación y autoridades estatales y municipales.

El plan a un año es rediseñar la infraestructura y operación de las aduanas mexicanas para mejorar el flujo vehicular, implementar programas de “viajero confiable” y carriles preferentes para usuarios frecuentes, y digitalizar los procesos migratorios mediante aplicaciones móviles, códigos QR y validación electrónica de documentos, explicaron.

Sandoval subrayó la necesidad de invertir el criterio de “todos son sospechosos y malos ciudadanos”, pues el 99 por ciento de quienes cruzan son personas trabajadoras y de bien, y la agilización se puede hacer sin descuidar la seguridad, agregó.

Beltrán, por su parte, enfatizó que se ha venido trabajando de manera conjunta con las autoridades y que ya se observa una ligera mejora en algunos cruces, aunque persisten problemas en los carriles generales. “El tema de la seguridad es preponderante, sabemos que hay protocolos, pero tenemos que implementar estrategias que cumplan con todos los rubros necesarios para que el tiempo sea lo más óptimo posible”, afirmó.

Ambos líderes empresariales llamaron a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado para evitar que los congestionamientos sigan desincentivando el turismo y afectando la competitividad de la región fronteriza.