Regidores ensenadenses de oposición de Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Solidario de Baja California solicitaron una investigación formal sobre la actuación del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) en las colonias afectadas por la tormenta tropical Rachel, donde se reportaron nueve personas fallecidas, la búsqueda de un cuerpo aún sepultado bajo lodo y miles de familias que perdieron su patrimonio, situación que criticó también la diputada federal panista Eva María Vázquez.

La legisladora demandó una revisión integral de ese organismo. “El tema del INDIVI exige que sea una revisión integral. Sabemos que INDIVI efectivamente debe ser un ente dedicado a la regularización y, e incluso esta regularización tiene que ser en condiciones, por supuesto, de garantía de certeza pública para las personas, pero también de seguridad”, afirmó.

En conferencia este lunes, detalló que, cuando el instituto realiza labores de titulación en terrenos con terceros, esa regularización tiene que ir de la mano de una certeza, no solo en la parte pública, sino también en la de uso de suelo, condiciones adecuadas para el mismo.

Señaló que deben aplicarse todos los filtros de las autoridades catastrales, registrales y de protección civil, como podría ser con cualquier otro fraccionamiento del carácter privado, y que, por tratarse de un ente gubernamental, tendría que haber incluso mayores garantías.

“Lamentablemente, pues no lo vemos así. Vemos que no tomaron con responsabilidad este gobierno los reclamos, los señalamientos, no solamente de la gente que exigía la vinculación, sino también en condiciones de seguridad”, criticó Vázquez. Añadió que el dictamen sobre las condiciones internas de operación del instituto, sus recursos y facultades “nunca han sido tomadas con seriedad por parte de la propia gobernadora, que es su obligación, que es su facultad, por lo tanto, pues ahí vemos las consecuencias humanas. La improvisación y la actitud es familiar”.

Mientras tanto, los ediles se Ensenada Armando Díaz Hoeflich (MC), Brenda Mendoza Kawanishi (PESBC) y Adrián García García (PAN) anunciaron que pedirán la renuncia de los funcionarios responsables del instituto y presentarán una denuncia penal para que las autoridades competentes determinen si existieron omisiones o responsabilidades. Las colonias Durango, San Francisquito, Lomas de Mendoza y Oaxaca figuran entre las más dañadas y, según los regidores, fueron regularizadas por el organismo descentralizado del Gobierno del Estado.

Los regidores subrayaron que el tema debe tratarse de manera pública y no limitarse a inconformidades privadas, al considerar que existe un desdén del gobierno estatal hacia el municipal, rector del desarrollo urbano. Exigieron esclarecer el papel de INDIVI en el proceso de regularización de esas zonas y revisar si se garantizaron las condiciones de seguridad necesarias.

Un contrato definitivo de compraventa con reserva de dominio suscrito por INDIVI en el desarrollo habitacional Lomas de Mendoza, uno de los fraccionamientos afectados, confirma la participación del instituto en la regularización de predios en esa zona. El documento establece el compromiso de venta de lotes de terreno bajo condiciones de pagos mensuales y reserva de dominio a favor del organismo.

Los regidores de oposición y la diputada federal coinciden en que la investigación debe determinar el alcance de la intervención de INDIVI y si se omitieron las garantías de seguridad y uso de suelo que, según Vázquez, debieron acompañar cualquier proceso de regularización en las colonias golpeadas por Rachel.

Se solicitó una postura a Gobierno del Estado sobre los requisitos sobre protección civil para fraccionar y vender terrenos en una zona que podría quedar en riesgo en caso de lluvias extremas, como sucedió con la tormenta tropical.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo
Julieta Ramírez Padilla descubrió que la prensa puede ser una maravilla cuando la elogia y un instrumento de la guerra sucia cuando le incomoda. Ahora, convertida en coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California, anuncia que quiere una relación más abierta, empática y transparente con los periodistas. ¡Qué bueno! Nunca es tarde para descubrir las bondades del diálogo, particularmente cuando se tiene la mira puesta en la gubernatura.

La joven política ofrece escuchar las exigencias, dudas y demandas de los comunicadores. Habrá que ver. Porque una cosa es convocar a los reporteros para explicarles las bondades de la transformación y otra muy distinta sentarse frente a ellos cuando las preguntas no vienen precisamente con flores.

Julieta también reconoció que durante el proceso interno de Morena hubo guerra sucia, páginas creadas para atacar y pautas millonarias. No dio nombres en las declaraciones que conocemos, pero la acusación merece atención. Si hubo dinero para fabricar campañas de desprestigio, sería saludable conocer quién lo puso, quién lo recibió y quién hizo el trabajo. La transparencia, después de todo, también sirve para iluminar los rincones de casa.

Lo curioso es que la flamante coordinadora parece olvidar que las inconformidades no nacieron exclusivamente en las redacciones. Dentro de su propio partido hubo quienes cuestionaron el procedimiento que la llevó al nombramiento. Evangelina Moreno Guerra, por ejemplo, impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral y reclamó condiciones de equidad en la contienda interna.

¿También eso fue guerra sucia? ¿O las dudas son legítimas únicamente cuando las formula alguien que no amenaza el proyecto político propio?

Porque ahí está el detalle: Morena presume las encuestas como el gran instrumento democrático para elegir a sus abanderados, pero cuando alguien cuestiona el procedimiento, la celebración de la democracia suele adquirir un incómodo parecido a una reunión familiar en la que todos deben estar de acuerdo con quien reparte la herencia.

Julieta tiene derecho a defender su designación. Lo que no puede exigir es que los demás renuncien a examinarla.

Después vino la parte internacional del discurso. La coordinadora habló de la derecha mexicana con proyección internacional, del resurgimiento del fascismo y de presiones diplomáticas, económicas y políticas contra México. También llamó a los periodistas a no prestarse a narrativas intervencionistas.

Vaya responsabilidad la que pretende encomendarles. Además de investigar, preguntar y fiscalizar al poder, ahora los periodistas tendrían que pasar por una especie de aduana ideológica para demostrar que sus publicaciones no atentan contra la soberanía nacional.

Conviene recordar algo elemental: cuestionar a un gobierno mexicano no convierte automáticamente a nadie en agente extranjero, como tampoco criticar a Morena significa trabajar para la derecha. Hay periodistas que hacen propaganda, desde luego; los hay también que investigan, documentan y exhiben aquello que el poder preferiría mantener fuera de la conversación pública. Confundir ambas cosas es una manera bastante cómoda de desacreditar al mensajero sin responder el mensaje.

Julieta elogió al periodismo como una lumbrera en medio de la dictadura y recordó a los hermanos Flores Magón. El reconocimiento es pertinente. Lástima que la historia del periodismo mexicano también esté llena de gobiernos que aplaudían la libertad de expresión mientras las preguntas les parecían razonables y la condenaban cuando dejaban de serlo.

La coordinadora debería tener presente que la prensa no está para hacerle la vida fácil ni a ella ni a nadie. No es su departamento de relaciones públicas, tampoco una oficina de aplausos contratados. Su función es incomodar al poder, venga de donde venga.

Y aquí llegamos al verdadero asunto. Julieta no solamente necesita mejorar su relación con los medios. Necesita demostrar que puede gobernar sus propias reacciones frente a la crítica, distinguir entre una campaña de desprestigio y una investigación periodística, y responder con argumentos en lugar de repartir etiquetas.

Su cercanía política con Marina del Pilar Ávila forma parte de su trayectoria y, por tanto, también de su responsabilidad pública. La nueva coordinadora no puede pretender que su proyecto sea examinado en una vitrina aislada de los seis años de gobierno que están por concluir. Si quiere continuidad política, tendrá que aceptar también las preguntas sobre esa continuidad.

La designación le abrió una puerta importante rumbo a 2027. No le entregó un cheque en blanco, mucho menos la gubernatura. Todavía tiene que convencer a los ciudadanos y demostrar que su liderazgo va más allá del respaldo de la dirigencia partidista y de los acuerdos internos.

Su ofrecimiento de apertura es una buena noticia, si se traduce en hechos. Que haya acceso a la información, respuestas oportunas y respeto a quienes preguntan. Que no se confunda la publicidad con la información ni la crítica con la conspiración.

Porque la empatía que Julieta ofrece a los periodistas no puede funcionar como un contrato de reciprocidad: yo te trato bien y tú hablas bien de mí.

La prensa no necesita una coordinadora que la quiera mucho. Necesita una política que entienda para qué sirve.

Y si Julieta realmente aspira a gobernar Baja California, más vale que empiece a acostumbrarse: los periodistas no siempre preguntan lo que los políticos quieren contestar.
Precisamente para eso existen.

Morena: democracia por docena

Morena abrió el registro para aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación en Mexicali y ya hay, por lo menos, una docena de interesados en ocupar la silla principal del Palacio Municipal. El partido presume entusiasmo y participación. Por el número de inscritos, cualquiera pensaría que la democracia está de fiesta. Pero cuidado: una cosa es abrir la puerta y otra muy distinta saber qué hacer con quienes entran.

Dicen que hay más aspirantes registrados que parejas inscritas en las bodas colectivas que promueve el Ayuntamiento. La diferencia es que los enamorados, por lo menos, suelen conocerse antes de comprometerse. En Morena, en cambio, basta con anotarse para comenzar a soñar con la alcaldía.

El problema no es que haya muchos aspirantes. Al contrario, la competencia puede enriquecer la vida pública. El problema es confundir cantidad con calidad democrática, como si llenar una lista de nombres fuera suficiente para acreditar transparencia, capacidad y vocación de servicio.

¿Dónde están los criterios claros para evaluar a los participantes? ¿Qué experiencia administrativa tienen? ¿Qué conocen de los problemas de Mexicali? ¿Quién examinará sus resultados, sus propuestas y su conocimiento de una ciudad que no se gobierna con discursos partidistas ni lealtades de ocasión?

La democracia no consiste en organizar una fila para ver quién llega primero al registro, sino en garantizar reglas claras, información pública y una evaluación seria de quienes aspiran a gobernar.

Porque si el método consiste en registrar a todos, levantar una encuesta y después pedir unidad en torno al elegido, no estamos necesariamente ante una competencia democrática.

Estamos ante una simulación con lista de asistencia. Y así cualquiera puede presumir participación. Lo difícil es demostrar que, detrás de tantos nombres, hay capacidad para gobernar Mexicali. Ahí es donde la lista se reduciría bastante.

Daniela denunció públicamente lo que parecen ser omisiones y retrasos deliberados de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones relacionadas con dos denuncias por violación que presentó contra el regidor de Tijuana de nombre Miguel Antonio, al asegurar que, pese a la existencia de evidencias y diligencias realizadas, no ha obtenido una respuesta que le permita acceder a la justicia.

De acuerdo con documentos de la FGE proporcionados por la denunciante, el 17 de septiembre de 2026 se registró una denuncia por violación, remitida a la Unidad de Delitos Sexuales. El expediente quedó identificado con el número único de caso 0204-2026-28710, mientras que el registro de atención ciudadana corresponde al folio 0204-2026-20683/RAC. Es la segunda agresión sexual por la que denuncia a este funcionario.

La víctima sostuvo que, en la primera investigación, solicitó desde el 16 de diciembre de 2024 que se revisaran las cámaras de las oficinas del regidor señalado, pero, según su versión, la Fiscalía habría realizado esa diligencia hasta febrero de 2026, lo que consideró un retraso que pudo obstaculizar el esclarecimiento de los hechos.

También afirmó que entregó una prenda en la que presuntamente se encontraron restos de líquido seminal que, según indicó, podrían someterse a pruebas comparativas de genética. Aseguró que hasta la fecha no se han realizado los análisis correspondientes y que ha solicitado por escrito que se practiquen las pruebas para determinar si existe correspondencia genética con el funcionario denunciado, solicitud que permanece sin respuesta.

La denunciante relató que ha acudido en varias ocasiones ante distintas representantes del Ministerio Público para dar seguimiento a su caso, pero señaló que no ha conseguido que se atiendan sus solicitudes. Agregó que una de las fiscales habría cuestionado la validez de una declaración complementaria, mientras que otra le indicó que no era necesario proceder de la manera que ella solicitaba. Dijo que permanece a la espera de una respuesta de una tercera funcionaria de la FGE.

Denuncia segunda agresión y falta de resultados

Respecto a una segunda violación denunciada, Daniela aseguró que se realizaron estudios médico-legales y que personal pericial acudió a su domicilio para recabar evidencias. Indicó que los peritos se llevaron prendas de vestir en las que, según su versión, se encontraron restos de líquido seminal.

Añadió que elaboró un retrato hablado de una segunda persona presuntamente involucrada, pero señaló que, al cumplirse un mes de la denuncia presentada el 17 de septiembre pasado, no había recibido información suficiente sobre los avances de las diligencias.

La denunciante sostuvo que decidió acudir nuevamente a las autoridades, pese al desgaste físico y emocional que enfrenta, debido a que espera que las evidencias sean analizadas y que se agoten las líneas de investigación.

Asimismo, manifestó inconformidad con las medidas de protección que le fueron otorgadas, por lo que no se siente segura y teme tanto por su integridad como por el desarrollo de las investigaciones.

Señala presuntas influencias políticas

En sus declaraciones, la víctima acusó que el regidor cuenta con respaldo político y señaló al exsecretario general de Gobierno, Arnulfo Guerrero. También afirmó que el funcionario tendría aspiraciones de contender por una diputación bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

La denunciante sostuvo que desde 2013 habría antecedentes de señalamientos de índole sexual contra el funcionario y mencionó que en 2018 presuntamente existieron acusaciones de acoso sexual relacionadas con prestadoras de servicio social.

Asimismo, aseguró haber observado al funcionario salir de las instalaciones de la Fiscalía acompañado por agentes de investigación, platicando y escoltándolo a su vehículo.

En el pasado se le ha cuestionado tanto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y como a la fiscal general del estado, María Elena Andrade sobre los avances de este caso, donde aseguraron que no quedaría impune.

Sin embargo, la denunciante cuestionó el discurso oficial sobre el acceso de las mujeres a la justicia y la protección de sus derechos, al considerar que su experiencia contradice las promesas de atención y combate a la violencia de género.

“Están esperando a que los agresores maten a sus víctimas para hacer justicia”, expresó al manifestar su temor ante la falta de resultados que, según dijo, ha observado en su expediente.

Tanto en la primera denuncia por violación como en la segunda, la víctima proporcionó prendas donde se evidencia la presencia de líquido seminal, sin que la FGE haya continuado con las investigaciones mediante la obtención de una muestra del regidor para hacer las comparaciones pertinentes.

Se le solicitó a la fiscalía una postura oficial sobre los avances de este caso, y la respuesta fue que en la primera denuncia la carpeta está en integración pero que no hay elementos para judicializar, mientras que la segunda está en investigación aunque no hay muchos elementos objetivos en esa carpeta, cuestiones que Daniela rechaza.