El juez Victoriano Yee Fernández pretende apoderarse de una propiedad en el Fraccionamiento El Liezo, de esta capital, y para eso habría promovido un cateo por narcomenudeo el pasado miércoles 2 de septiembre.

Guadalupe Coronado Fonseca, cuñada de quien ocupa esa propiedad, y quien realizó un video en redes en vivo documentando el hecho, narró que el juzgador, quien entró con los denominados “jueces del acordeón”, cobró renta por años por el inmueble, hasta que descubrieron que no era de su propiedad.

Yee Fernández otorgó recibos de pago “por honorarios” hasta diciembre pasado, cuando le informaron que ya no pagarían más porque él no era el dueño.

El juez vive al lado y no es el propietario de esa casa, pero si cobró alquiler por cerca de ocho años, precisó Coronado Fonseca.

Una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio no arrojó propiedades a nombre del juez, quien les había dicho que la propietaria del inmueble le habría dejado un poder a su nombre, pero nunca mostró ningún documento.

Yee Fernández incluso cambió el recibo de energía eléctrica de la casa de la que se pretende adueñar y lo puso a su nombre, además de tomar los recibos de agua del cerco o el buzón de la casa en cuestión, relató Coronado Fonseca.

En diciembre pasado, al darse cuenta que quien está en posesión de la casa estaba a punto de obtener la prescripción, el juzgador les fue a decir que se los iba a “chingar”.

Por eso sospechan que la orden de cateo estaría relacionada con este conflicto.

De acuerdo con la ficha informativa de la Fiscalía General del Estado, el operativo se llevó a cabo el miércoles pasado de 21:18 a 21:46 horas, ejecutado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada Contra el Narcomenudeo y elementos de la SEDENA, para la búsqueda de narcóticos, sin encontrar nada.

En el cateo, la familia no dejó pasar a un agente que recibió una bolsa de otro elemento, al sospechar que podía tratarse de un intento de sembrarles drogas.

La familia afectada cuenta que la madre del juez, quien padece una discapacidad oral y auditiva, es muy grosera con ellos y aprovecha cualquier oportunidad para hacerles saber mediante señas que la casa donde viven -y que llevaba 20 años abandonada-, es propiedad de su hijo y se las va a quitar.

El flujo de mercancías entre México y Estados Unidos atraviesa por un episodio crítico en la frontera de Baja California, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) estatal.

El bloqueo que se mantiene en la Garita Comercial de Mexicali ha paralizado el cruce de transporte pesado, colapsando la cadena logística de importación y exportación e impactando de forma directa el movimiento de productos perecederos e insumos clave para los procesos productivos de ambos países, comentó en comunicado el presidente del organismo empresarial, Octavio Sandoval.

El origen de la protesta se remonta al retiro de visas de trabajo a choferes de autotransporte mexicanos por parte de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con las instancias del vecino país, las sanciones se sustentaron en presuntas violaciones a las leyes de transporte, específicamente bajo señalamientos de “cabotaje”; la prestación del servicio de flete dentro de territorio estadounidense por parte de operadores extranjero.

Durante gran parte del presente año, el CCE de Baja California mantuvo reuniones bilaterales permanentes con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) y el Consulado de Estados Unidos en Calexico.

El objetivo de estas mesas era armonizar los criterios normativos y clarificar los supuestos operativos que derivaban en la pérdida del visado. De acuerdo con el CCE, a través de estos diálogos previa y prácticamente se habían resuelto la totalidad de las dudas e inconformidades planteadas por CBP.

Sin embargo, el escenario se tensó en las últimas semanas con la incursión de operativos coordinados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), autoridad que retiró de forma masiva un número importante de visas a transportistas, apunta el comunicado.

Esta embestida provocó el descontento de los choferes y la subsiguiente toma e interrupción del paso comercial en Mexicali como medida de protesta.

Ante la urgencia de reabrir el puerto fronterizo, la dirigencia empresarial, encabeza por Octavio Sandoval, escaló el conflicto formalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México con el fin de definir una estrategia institucional de representación consular.

Aunque los organismos empresariales del estado (Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito) respaldaron la preocupación legitima de los choferes por contar con reglas claras e impredecibles, hicieron un llamado enérgico a privilegiar la reactivación del puerto comercial.

El diputado federal Armando Samaniego envió una carta a la presidenta municipal de Mexicali, Norma Bustamante, en la que le solicita de manera enfática que no reasigne los 94 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) comprometidos para la reparación y rehabilitación de los pozos de agua del Valle de Mexicali, con el fin de destinarlos a alumbrado público.

En el documento, fechado el 3 de septiembre de 2026, Samaniego reconoce la importancia del alumbrado para la seguridad y la recuperación de espacios públicos, pero insiste en que el abastecimiento de agua debe ser prioritario.

“Antes de iluminar una calle tenemos que garantizar que en las casas haya agua”, afirma.

El legislador subraya que miles de familias del Valle de Mexicali enfrentan desde hace años problemas graves de abasto.

Describe la situación de madres que administran cada cubeta, adultos mayores que dependen de pipas y niños que viven en comunidades donde bañarse o lavar ropa se ha convertido en una preocupación permanente.

Señala que decenas de miles de personas llevan ya la mitad de la actual administración padeciendo esta carencia.

“Para una familia que lleva meses o años padeciendo falta de agua, esos 94 millones no representan una partida presupuestal.

Agrega que el derecho humano al agua debe estar por encima de otras necesidades y propone mantener los recursos para los pozos, buscar después otras fuentes de financiamiento para el alumbrado y consultar directamente a las comunidades del Valle sobre el destino de los fondos.

La misiva busca generar presión pública para que los recursos del FAIS se mantengan en la rehabilitación de la infraestructura hidráulica de la zona rural de Mexicali.