La Dirección de Comunicación Social del XXV Ayuntamiento de Mexicali reportó la desaparición de 37 bienes muebles valorados según sus cálculos en más de 165 mil pesos, presuntamente por robo o extravío ocurrido en noviembre de 2025, aunque en precios actualizados la cifra ronda el medio millón de pesos.

Según la documentación oficial, el Coordinador Administrativo Marco Antonio Vásquez Anaya presentó una denuncia ante el Ministerio Público el 5 de noviembre de 2025, tras realizar una inspección física de los bienes asignados a la dependencia.

Según fuentes que prefieren guardar el anonimato, el tema de los bienes dados de baja por el ayuntamiento por “no estar localizados” se inició en octubre del año pasado por observaciones de la Auditoría Superior del Estado, y hace unos días pasó por cabildo sin que ningún regidor cuestionara la desaparición de más de 6 mil bienes municipales.

Los artículos no localizados que corresponden a Comunicación Social y cuyos resguardos no existen, incluyen equipo de cómputo, mobiliario de oficina, equipo audiovisual y un remolque.

Entre los bienes desaparecidos destacan 3 computadoras Apple incluyendo una MacBook 12″; 6 sillas secretariales y varios sillones de recepción, 2 cámaras fotográficas y 1 de video; reguladores de voltaje, grabadoras y un micrófono, además de un remolque de un eje marca Vimetal.

El valor original declarado de los bienes asciende a 165 mil 588 pesos. Sin embargo, considerando los precios actuales del mercado en Baja California (2026), el costo de reposición podría rondar el medio millón de pesos.

Las autoridades municipales iniciaron el proceso de baja patrimonial conforme al Reglamento de Bienes del Patrimonio del Municipio, incluyendo la elaboración de un acta administrativa con testigos y la notificación a la Sindicatura y Oficialía Mayor, sin embargo el procedimiento levanta suspicacias porque los protocolos indican que cada bien debió estar acompañado de un resguardo firmado por un funcionario que se responsabiliza del bien, documento que no existe para ninguno de los más de 6 mil bienes municipales.

El caso fue turnado a la Unidad Investigadora de Robos de la Fiscalía General del Estado, como robo.

El 19 de julio, aproximadamente a las 11:05 de la mañana, el Centro Conjunto de Operaciones Portuarias de San Diego detectó una embarcación que cruzaba la línea fronteriza marítima cerca de Point Loma.

La tripulación de una embarcación interceptora costera de la Subdivisión Aérea y Marina de San Diego, que operaba en la zona, respondió rápidamente e interceptó una embarcación de 18 pies con tres migrantes ilegales a bordo que se identificaron como ciudadanos mexicanos.

La embarcación fue remolcada hasta la Base Naval de Ballast Point, y los individuos fueron entregados a la Patrulla Fronteriza para su posterior procesamiento.

La denuncia penal que interpuso Héctor Osuna Jaime ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por la posible comisión de diversos delitos, es para probar si efectivamente la justicia funciona, comentó el exalcalde tijuanense.

La denuncia está firmada por Héctor Osuna Jaime, Francisco Antonio García Burgos y otros, con el asesor jurídico Juan Marcos Gutiérrez González, y es por posible revelación de secretos, delitos contra la seguridad de la nación, conspiración y delitos cometidos por servidores públicos.

Osuna Jaime señaló que la acusación se basa en conversaciones grabadas y difundidas públicamente en las que la mandataria estatal habría tenido contacto con personas que se presentaron como intermediarios vinculados a autoridades estadounidenses.

Dijo que varios ciudadanos se sumaron a la denuncia, ya que la dieron a conocer en el marco de la protesta de ayer lunes contra el repentino proceso legal contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, un acto visto por muchos como una cortina de humo tras la develación de los audios de Avila Olmeda.

El documento detalla que la acusación es por revelación de secretos, basado en los artículos 210 y 211 del Código Penal Federal, al presuntamente compartir o ofrecer información reservada conocida por razón de su cargo.

También por tentativa de delitos contra la seguridad de la Nación, si existieron actos ejecutivos orientados a transmitir la información; además por conspiración, basado en el artículo 141 del CPF, por el posible acuerdo con terceros para cometer delitos contra la seguridad nacional; y finalmente por delitos cometidos por servidores públicos, agravados por su calidad de gobernadora.

Osuna Jaime declaró que espera se abra una carpeta de investigación con la misma celeridad que se está actuando contra Ruffo Appel por huachicol fiscal, mientras que hay personajes ligados a Morena con fuertes señalamientos de ese y otros delitos a quienes la justicia no ha tocado.