La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió las Recomendaciones 2/2025, dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, y 3/2025, dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), por violaciones a los derechos de una mujer indígena de origen mixteco.

El comisionado, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, subrayó que se evidencian omisiones de las autoridades al no garantizar la protección de la víctima, lo que refleja tanto la violencia sistemática ejercida por los agresores como la violencia institucional al buscar justicia; esta falta de acción efectiva representa una violación al deber de debida diligencia del Estado, según lo establecido por normativas nacionales e internacionales.

De acuerdo con los hechos, el 24 de enero de 2024, V (mujer indígena mixteca de 34 años), originaria de Guerrero, denunció en dos ocasiones ,ante la CEDHBC, vulneraciones a sus derechos humanos por parte de autoridades municipales y estatales.

Según su testimonio, dos días antes acudió a un bar en la avenida Revolución. Aproximadamente a las 03:00 horas del 23 de enero, al salir del establecimiento, V abordó un taxi libre, sentándose en el asiento delantero junto al conductor, a quien solicitó la llevara a su domicilio. Durante el trayecto, el conductor se desvió de la ruta inicialmente indicada y detuvo el vehículo en una colonia distinta a la de su domicilio. En ese lugar, V fue tomada por asalto por su agresor quien mediante forcejeos le infringió violencia física y sexual.

Al lograr escapar y descender del taxi libre, en medio de una crisis, desesperada por la violencia sexual perpetrada por su agresor y con miedo ante la posibilidad de ser alcanzada por este, V corrió dejando atrás sus pertenencias, descalza y semidesnuda.

En su intento por ponerse a salvo, brincó una reja e ingresó al patio de un domicilio. Al caer, su cuerpo impactó de lado izquierdo contra el piso, causándose lesiones en la pierna y en el brazo izquierdo.

V pidió ayuda a gritos y tocó la puerta de la casa, pero nadie respondió. Luego se dirigió al patio trasero y se subió a una pequeña barda para alejarse de un perro que ladraba dentro de la propiedad, permaneciendo allí sin poder moverse. Cuando un habitante de ese domicilio notó la presencia de V, le preguntó qué hacía en su propiedad y le indicó que llamaría al 911 para solicitar la intervención de una unidad policial.

Al lugar llegaron dos policías a bordo de una patrulla, quienes emitieron comandos verbales a V, ordenándole bajara de la barda y amenazándola con dispararle si no lo hacía. Cuando ella se bajó, uno de los oficiales le colocó candados de mano (esposas); posteriormente, V contó lo ocurrido. El residente del domicilio le entregó un mallón para que se cubriera y V solicitó a los policías la llevaran a su casa, abordando a V a la patrulla; sin embargo, durante el trayecto, los oficiales tomaron la decisión de abandonarla bajo un puente a la altura del Libramiento Sur y el bulevar Cuauhtémoc, a la altura del Puente Panamericano, sin brindarle los servicios de seguridad y protección conforme al ámbito de sus atribuciones.

Un día después, V acudió ante la CEDHBC, en donde se atendió su testimonio y se comisionó a una visitadora le brindara acompañamiento a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, adscrita a la FGE, para presentar la denuncia penal correspondiente.

Ese mismo día, V interpuso una Queja, ante la CEDHBC, en contra de la autoridad, derivada de la falta de protección y del trato recibido, misma que fue registrada en el expediente número CEDHBC/TIJ/Q/34/2024/VG.

En seguimiento a la denuncia, el 25 de enero, una agente estatal de investigación, adscrita a la FGE, se presentó en el domicilio de V, donde procedió a interrogarla nuevamente respecto a los hechos denunciados, adoptando una actitud agresiva y exigiéndole acudir nuevamente a la Fiscalía para proporcionar información adicional.

No obstante, el 26 de enero, al presentarse V a la comparecencia referida, la misma servidora pública incurrió nuevamente en una conducta inapropiada y carente de profesionalismo, al asumir una actitud hostil, poner en duda la veracidad de su testimonio e insinuar su posible responsabilidad en los hechos. Asimismo, V fue amenazada con ser encarcelada en caso de que su declaración resultara falsa, lo que le generó sentimientos de intimidación y culpabilidad. Cabe señalar que lo anterior ocurrió en presencia de personal de la CEDHBC, circunstancia que dio origen al expediente CEDHBC/TIJ/Q79/2024VG.

Por ese motivo, se radicaron dos expedientes por actos y omisiones atribuibles tanto a la SSPCM y a la FGE derivados de hechos ocurridos en distintos momentos, aunque vinculados entre sí.

En ambos casos, se llevaron a cabo diversas diligencias de investigación que permitieron la obtención de elementos de prueba, que permitieron la acreditación de vulneraciones a los derechos a la seguridad jurídica y legalidad, por la omisión del deber de cuidado y debida diligencia, la integridad personal con perspectiva de género y a recibir un trato digno, así como al derecho humano a una vida libre de violencia en su modalidad de violencia institucional.

Por lo anterior, la CEDHBC solicita a ambas autoridades que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Baja California, realicen las acciones necesarias para localizar a V, para que previo consentimiento, le sea otorgada la atención psicológica, psiquiátrica o de tanatología que requiera.

Además, que se anexe copia de estas Recomendaciones en los expedientes laborales de las autoridades responsables. Que remitan ejemplares de estas Recomendaciones a la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, así como a la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la FGE, a efecto de que se tome en consideración su contenido al momento de emitir la determinación correspondiente dentro de las investigaciones administrativas correspondientes.

En lo que concierne únicamente a la FGE, la CEDHBC solicita emitir una circular a todo su personal, instruyendo que, en los casos de delitos relacionados con violencia de género, las mujeres víctimas sean atendidas desde el primer contacto por personal especializado en investigación con perspectiva de género, interculturalidad, interseccional e inclusión a fin de prevenir prácticas que puedan revictimizarlas, discriminarlas o minimizar sus declaraciones.

Cabe subrayar que las Recomendaciones tienen el carácter de públicas y se solicita la respuesta sobre su aceptación dentro del término de diez días hábiles siguientes a su notificación. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades, la CEDHBC quedará en libertad de hacer pública esa circunstancia y la Legislatura Local podrá llamar a las autoridades o personas servidoras públicas responsables para que comparezcan a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.