A pocos días del inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, Transparencia Mexicana advirtió sobre los elevados riesgos de corrupción derivados de la fragmentación de las reglas de compras públicas y planteó la urgencia de aprobar una Ley General de Contratación Pública con normas comunes para los gobiernos federal y estatales.

La organización documentó la existencia de más de 120 formas distintas de contratación pública en el país. Esta dispersión normativa no solo complica la vigilancia y el control de las compras, sino que genera opacidad, facilita irregularidades y dificulta la participación de pequeñas y medianas empresas, dejando fuera a actores económicos históricamente relegados.

Durante la presentación de la propuesta, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, subrayó que “además de controlar la corrupción en la contratación pública, el país necesita verla como una oportunidad para la inclusión de nuevos actores económicos en la provisión de bienes y servicios para el gobierno”.

Tan solo a nivel federal, las adquisiciones y la obra pública superan los dos billones de pesos anuales. Este volumen de recursos públicos representa un riesgo significativo de corrupción, al tiempo que podría convertirse en una herramienta para ampliar la competencia, desarrollar cadenas productivas y reducir espacios de discrecionalidad.

Como parte de su estrategia anticorrupción, Transparencia Mexicana trabaja con una decena de organizaciones sociales de distintas regiones del país en la construcción de la primera base de datos nacional de precios comparados para los sectores salud, seguridad, educación, energía y transporte.

La herramienta permitirá identificar diferencias de precios y patrones de contratación entre el gobierno federal y las entidades federativas, con el fin de detectar y prevenir riesgos de corrupción.

La organización ciudadana anunció que en las próximas semanas presentará los detalles de su propuesta y buscará un diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impulsar una discusión nacional orientada a fortalecer los controles y reducir la vulnerabilidad a la corrupción en las contrataciones públicas.

El Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) ha realizado 472 inspecciones aleatorias para verificar que las unidades de transporte público cuenten con aire acondicionado durante la temporada obligatoria; así lo informó la delegada en Mexicali.

Alejandra Borboa detalló que, de estas revisiones, se han emitido 20 amonestaciones y cinco infracciones, lo usuarios de transporte pueden presentar su queja al 663 127 50 38 y, al momento, van 39 quejas ciudadanas que han derivado en acciones.

Recordó que el uso de aire acondicionado en el transporte público es obligatorio en Mexicali del 15 de mayo al 15 de octubre, debido a las condiciones climáticas de la ciudad y, de no cumplir, la multa asciende a 2 mil 346 pesos.

La delegada reconoció que algunas fallas pueden presentarse durante el recorrido debido a desperfectos mecánicos, por lo que los concesionarios deben atenderlas y realizar las reparaciones correspondientes.

Agregó que las sanciones pueden incrementarse en caso de reincidencia y que el reglamento contempla incluso procedimientos para retirar permisos cuando se acumulan diversas infracciones.

El Mecanismo Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas celebrará este jueves su primera sesión formal, donde autoridades estatales y representantes de colectivos analizarán nuevas estrategias para fortalecer las labores de localización e investigación en Baja California.

El secretario general de Gobierno, Juan José Pon, informó que uno de los principales planteamientos será la creación de unidades especializadas en investigación que puedan integrarse a las actividades de la Comisión Local de Búsqueda.

A la reunión asistirán la gobernadora Marina del Pilar, la fiscal general del estado, María Elena Andrade, representantes del Poder Judicial y colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.

Otro de los puntos a discutir es el destino de los recursos utilizados para la Brigada Estatal de Búsqueda, actividad que se realiza anualmente; las autoridades evaluarán si se mantiene este operativo o si parte de esos recursos se canaliza al fortalecimiento de la Comisión Local de Búsqueda.

Pon destacó que las decisiones deberán considerar las propuestas y necesidades expresadas por los colectivos de búsqueda, particularmente a través del Consejo Local.

La sesión representará el primer encuentro formal del mecanismo estatal, con la expectativa de definir acciones para mejorar tanto las labores de búsqueda en campo como las capacidades de investigación relacionadas con los casos de desaparición.