COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Eugenio Rivera Millán

Arranca el 31 de agosto de 2026, ciclo escolar 2026‑2027

El Programa de Protección Integral Escolar (PIE) 2026, que incorpora como uno de sus anexos el Protocolo para la Protección e Integridad de los Derechos de las y los Trabajadores de la Educación, representa un avance que debe reconocerse. Por primera vez, Baja California admite que el ecosistema escolar enfrenta riesgos crecientes y que el magisterio ha operado durante años sin una protección clara frente a denuncias, presiones sociales y linchamientos digitales. Ese reconocimiento no resuelve el problema, pero abre la puerta para construir la ruta de protección y cuidado al magisterio que la reforma de 2019 prometió y que aún está pendiente.

La reivindicación y revalorización docente constituyen el eje político‑pedagógico central de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Desde la reforma constitucional de mayo de 2019, el gobierno federal anterior en su narrativa buscó reconocer al docente como agente de transformación social. Sin embargo, entre 2019 y 2026 el contexto cambió profundamente: la expansión de redes sociales, la viralidad de conflictos escolares, el uso de inteligencia artificial, el ciberacoso y el aumento de denuncias sin fundamento colocaron al magisterio en una posición de vulnerabilidad que la legislación aún no ha previsto ni resuelto.

El Protocolo para los Trabajadores de la Educación fija principios de dignidad, presunción de inocencia, debido proceso, confidencialidad e imparcialidad, y establece medidas frente a denuncias maliciosas. No es una legislación nueva: gran parte de su contenido ya existe en diversas normas. Su valor radica en compactar y visibilizar esos principios, y en incorporar la voz del magisterio para colocar un tema estructural que había sido ignorado.

Aun así, el diseño del PIE y del Protocolo deja claro que no son la solución completa. Lo nuevo no es el principio jurídico, sino el reconocimiento político y administrativo de que el sistema no estaba cumpliendo lo que prometió. Esa aceptación obliga a actuar para evitar que estos instrumentos queden en el papel o en el discurso.

El reto más complejo está en las denuncias. Regularlas no es sencillo. Cuando se trata de menores, el Estado tiene la obligación de escuchar, proteger y actuar con sensibilidad. Pero también debe evitar que denuncias falsas, maliciosas o manipuladas destruyan la vida de un docente, personal administrativo, auxiliares o intendentes, o generen conflictos comunitarios irreversibles. La protección de los trabajadores de la educación no compite con la protección de menores y mujeres; ambas deben coexistir en un sistema equilibrado. La línea entre una denuncia legítima y una falsa no siempre es evidente. En ocasiones, detrás de una acusación hay un conflicto escolar, una disputa familiar, un malentendido o un hecho grave que requiere investigación especializada. Por eso, el sistema no puede depender de un solo marco legal.

Actualmente, las denuncias se procesan bajo rutas distintas: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia protege a mujeres y niñas; el Código Penal atiende delitos; el Protocolo Docente protege a trabajadores de SE e ISEP; y el PIE clasifica riesgos, pero no define cómo se verifican. El resultado es un sistema fragmentado que genera incertidumbre para docentes, directivos, estudiantes y familias, y abre espacios para el uso indebido de denuncias falsas.

Para corregir esto, el PIE debería fortalecer áreas que hoy están subdesarrolladas: psicología escolar especializada, metodologías de prevención del conflicto, protocolos de entrevista a menores sin inducción, equipos interdisciplinarios de investigación y la vinculación con Consejos de Paz y Cultura de Paz que reconstruyan el tejido social escolar. La evidencia internacional demuestra que la mediación, los círculos restaurativos y la cultura de paz reducen la violencia, previenen denuncias precipitadas y ayudan a distinguir entre conflictos escolares y posibles delitos.

El ciclo escolar 2026‑2027, calendarizado del 31 de agosto de 2026 al 6 de julio de 2027, obliga a que estos avances se conviertan en práctica. Las escuelas abrirán sus puertas y el magisterio seguirá enfrentando denuncias legítimas y denuncias falsas, conflictos de convivencia, presiones en redes y expectativas sociales altas. El PIE y el Protocolo deben ser usados como punto de partida, no como punto de llegada.

La ruta que sigue requiere corresponsabilidad. Docentes, sindicatos y familias deben apropiarse de estos instrumentos y exigir continuidad: acuerdos de convivencia con reglas claras sobre denuncias y redes sociales; Consejos de Participación Social que funcionen; acompañamiento jurídico y orientación profesional con presupuesto asignado; y formación para madres, padres y alumnos que entienda que la denuncia es un mecanismo de protección, no de linchamiento.

Al mismo tiempo, el estado debe avanzar hacia una Ley Integral para Trabajadores de la Educación, una ley que articule lo que hoy está disperso: tipos de denuncias, rutas de atención, protección docente, convivencia escolar, participación social y uso responsable de redes. Es una oportunidad para actualizar la Ley del Servicio Civil y las leyes educativas locales, y promover, junto con diputadas y diputados federales, ajustes a la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación y el Código Penal. No se trata de confrontar a las autoridades, sino de completar lo que ya se reconoció como insuficiente y garantizar que estos instrumentos no queden en el papel.

El mensaje para los trabajadores de la educación y las familias debe ser claro: este es el momento de dar seguimiento, no de soltar el tema. Integrar el Protocolo en los Acuerdos de Convivencia Escolar, capacitar y orientar en el manejo de conflictos y denuncias verdaderas y falsas, asegurar investigaciones que protejan a las víctimas y respeten los derechos de los imputados, y reconstruir el tejido social mediante cultura de paz será clave para que el sistema escolar de Baja California avance hacia una protección real y sostenible.

* Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

Este jueves se llevó a cabo la conferencia mañanera en Ensenada. Interesante tras la gira de medios que según sus allegados, no costó nada porque “aprovecharon” una ida a Ciudad de México a una reunión con la presidenta, y porque no se les pagó a ninguno de los medios donde se presentó Marina del Pilar a dar su versión de los audios difundidos por Héctor de Mauleón.

Salió acompañada del general Laureano Carrillo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien a pesar de ser esta dependencia -pero a nivel federal-, quien llevó a cabo el operativo donde aprehendieron al exdirector de policía de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, no tocó el tema ni estuvo entre las preguntas realizadas.

Hubo un cuestionamiento sobre la actualización del caso, que respondió la fiscal general del estado, María Elena Andrade, pero no dijo nada nuevo. Hizo un recuento de las tres intervenciones de la fiscalía en temas de la policía municipal de Mexicali, que ya había detallado en su conferencia del martes en Mexicali. La actualización fue decir que la audiencia estaba en receso y que reiniciaría a la 1 de la tarde.

La gobernadora se veía muy acalorada… o muy nerviosa. La pregunta que dio la nota, fue la del pleito que mantiene con el exgobernador Jaime Bonilla. No quiso decir mucho; después de acusarlo de ponerle una trampa e ir a hacerse la víctima a los medios nacionales, ahora le desea “paz en su corazón”.

Nicolle de León, la encargada de comunicación, hizo lo que hace todas las mañaneras, minimizar los daños. Le pedí a la mandataria contestar dos preguntas porque no me darían el uso de la voz, pero solo al final solo contestó con un “no sé” cuando al final le grité que si Carlos Torres estaba en la investigación de Pedro Ariel Mendívil, por el reportaje de hace meses que publicó N+.

Ese trabajo señala: “De acuerdo con una denuncia presentada en la Fiscalía en materia de Delincuencia Organizada el 11 de junio de 2025, Carlos Torres recibía 150 mil dólares mensuales por parte de Pedro Ariel Mendivil García,exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir que el Cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, pudiera operar en el estado”.

Carlos Torres manejó el Ayuntamiento de Mexicali los primeros años del sexenio marinista, por lo que no suena descabellado el reportaje. Tampoco es un secreto que fue la gobernadora quien propuso a Mendívil como director de policía y quien lo mantuvo cuando ya resultaba insostenible. ¿Por qué?

Hubo señalamientos en el sentido de que algunas reuniones formales del municipio, que pensaban serían con Marina del Pilar, las atendía su marido. Luego hubo un rompimiento de Carlos y Norma, después el asunto del retiro de la visa, que a su vez derivó en la separación de los cargos honorarios de Torres en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de Tijuana, hasta terminar en el divorcio, que se supone tiene efecto desde el 24 de noviembre de 2025, pero aun no ha llegado el documento a los juzgados de Baja California.

¿Sabía la gobernadora de todas las actividades oficiales y extraoficiales de Carlos Torres? ¿Metería las manos al fuego por él? estas preguntas se quedaron sin respuesta hoy.

Por cierto, que la alcaldesa Norma Bustamante es otra que anda nerviosa. Por sostener a Pedro Ariel le quitaron la visa, así que que como superior del exjefe de policía, algo tendrá que decir sobre las acusaciones contra Mendívil. ¿No sabía nada? ¿Sí sabía pero no podía hacer nada? ¿Por qué no lo removió cuando todo mundo pedía un cambio en la DSPM? ¿La amenazaron? Veremos el curso de la investigación, que debe sí o sí incluir la declaración de la alcaldesa.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Durante años nos dijeron que el dinero del narcotráfico buscaba comprar alcaldes, gobernadores, diputados, campañas y partidos políticos. Nada nuevo. El crimen organizado siempre entendió que una elección cuesta mucho menos que una guerra. Si puedes comprar un gobierno, ¿para qué conquistarlo a balazos?

Pero el documento dado a conocer recientemente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos introduce un ingrediente mucho más incómodo. Uno que, curiosamente, ha pasado casi desapercibido entre analistas, comentaristas y hasta entre los propios medios de comunicación.

No habla solamente de campañas políticas. Habla también de “medios de comunicación”. Y ahí el silencio dejó de ser casual para convertirse en sospechoso.

Porque una cosa es aceptar que el dinero ilegal financie candidatos. Eso ya forma parte del imaginario colectivo mexicano. Pero otra muy distinta es admitir que ese mismo dinero pudiera haber servido para comprar líneas editoriales, fabricar reputaciones, destruir adversarios, ocultar investigaciones o construir realidades paralelas.

Si el dinero del huachicol fiscal terminaba en campañas políticas, el objetivo era ganar elecciones.

Pero si también llegaba a medios de comunicación, entonces el objetivo era ganar algo todavía más valioso: la narrativa.

Y quien controla la narrativa casi siempre termina controlando la percepción pública.
De pronto muchas piezas comienzan a acomodarse.
¿Por qué ciertos personajes parecían inmunes al escrutinio periodístico?
¿Por qué algunos escándalos morían antes de nacer?
¿Por qué había medios donde determinadas investigaciones simplemente no existían?
¿Por qué algunos periodistas parecían ejercer más como jefes de prensa que como reporteros?
Y, sobre todo, ¿de dónde salía el dinero para sostener verdaderos aparatos de propaganda disfrazados de periodismo?
Porque mantener campañas permanentes de publicidad política cuesta millones.
Las entrevistas complacientes cuestan.
Los espacios “informativos” disfrazados de noticias cuestan.
Los portales que viven para aplaudir también cuestan.
Hasta las tendencias artificiales en redes sociales tienen tarifa.

Y ni hablar de las encuestas. Esas que misteriosamente siempre colocan arriba al cliente que las paga y abajo al adversario que las cuestiona. Esas mediciones que aparecen justo cuando alguien necesita justificar una candidatura, legitimar una decisión política o convencer a la opinión pública de que un personaje es inevitable.

Tal vez algún día también sepamos quién financiaba esas encuestas tan generosas con unos y tan despiadadas con otros.

Porque hacer demoscopia “cuchareada” tampoco resulta barato.

El documento estadounidense no menciona nombres de medios. Todavía. Pero tampoco deja demasiado espacio para la imaginación cuando afirma que recursos provenientes de estas estructuras criminales podían utilizarse para beneficiar a políticos corruptos mediante pagos dirigidos a campañas y medios de comunicación.

La diferencia entre un partido político y un medio debería ser sencilla. El primero busca conquistar el poder. El segundo debería vigilarlo. Cuando ambos terminan alimentándose de la misma bolsa, la democracia deja de tener contrapesos y empieza a parecer un negocio de accionistas.

Quizá por eso el tema ha recibido tan poca atención. Resulta mucho más cómodo discutir qué político recibió dinero que preguntarse qué empresa periodística pudo haber cobrado por callar. Porque si algún día esos nombres salen a la luz, habrá quienes descubran que nunca fueron periodistas independientes. Simplemente estaban en nómina.

Y entonces entenderemos que, en México, no sólo se compraban elecciones. También se rentaba el silencio.

El hilo más delgado de la 4T

En política, el respaldo dura hasta que empieza a costar demasiado. Y Marina del Pilar Ávila parece haber llegado a esa zona incómoda donde ya no basta con una foto, una defensa tibia o un “no hay delito que perseguir”.

Primero, desde Palacio Nacional dijeron que no había información sensible comprometida en los audios. Después, cuando aparecieron más grabaciones y la palabra Panamá entró al guion, la presidenta Claudia Sheinbaum fue más clara: Marina tenía que explicar. Además, dijo que no había hablado con ella.

Para el lenguaje político, eso no es un abrazo. Es el equivalente institucional de dejar a alguien en visto.

No significa que Sheinbaum haya decidido romper con la gobernadora. Tampoco hay prueba de que exista una orden para sacrificarla. Pero sí muestra algo evidente: Marina dejó de ser un problema local y se convirtió en un asunto que incomoda al gobierno federal, justo cuando México necesita hablar con Estados Unidos sin que cada conversación parezca episodio de una serie de espionaje mal actuada.

Porque el problema no es sólo lo que se escucha en los audios. El problema es lo que proyectan: una gobernadora preocupada por su visa, supuestos cargos y contactos con agencias estadounidenses. Y mientras Morena intenta sostener un discurso de soberanía, Baja California ofrece una escena donde la palabra “FBI” aparece más veces de las que cualquier oficina de comunicación quisiera escuchar.

En ese contexto, la judicialización del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel llegó con una difusión oficial tan amplia que inevitablemente alimentó sospechas. La Fiscalía debe investigar y, si tiene pruebas, llevar el caso hasta donde corresponda. Nadie está pidiendo impunidad para Ruffo. Pero cuando el despliegue es tan visible y coincide con el incendio mediático de Marina, la percepción pública hace su trabajo: parece que alguien quiso cambiar de tema.
Tal vez no fue una cortina de humo. Pero en política las cortinas no necesitan venir con etiqueta. Basta con que tapen algo.

El problema para Sheinbaum es que no se trata de un solo frente. Ahí están los costos políticos de los casos y señalamientos alrededor de Rubén Rocha Moya, Adán Augusto López Hernández, Américo Villarreal y Alfonso Durazo. Todos son figuras relevantes de Morena, todos cargan distintos niveles de desgaste público y todos obligan al gobierno a jugar defensa.

Pero no todos pesan igual.

Marina tiene una desventaja: Baja California es frontera, tiene relación diaria con Estados Unidos y su caso incluye visa revocada, audios, posibles intermediarios y agencias estadounidenses. Es un paquete demasiado completo para ignorarlo y demasiado incómodo para defenderlo con entusiasmo.

Por eso empieza a sonar la vieja frase de la política mexicana: “la ley se aplica como una tela”. Se estira, se encoge, se acomoda y, cuando hace falta, se rompe por el hilo más delgado.

No porque Marina sea necesariamente la más débil. Sino porque puede ser la más útil.

Washington presiona por seguridad, migración, comercio y combate al crimen. México necesita avanzar en la relación bilateral y proteger la negociación del T-MEC. En esa mesa, una gobernadora cuestionada puede convertirse en un problema que alguien quiera resolver antes de que crezca.

No hay datos para afirmar que Marina del Pilar sea una moneda de cambio para Donald Trump. Decirlo como hecho sería irresponsable. Pero tampoco sería raro que, en la lógica fría del poder, el gobierno federal calcule cuánto cuesta defenderla y cuánto cuesta dejar que enfrente sola las consecuencias políticas de sus propias explicaciones.

La tragedia para Marina es que ya no depende sólo de lo que diga. Depende de cuánto desgaste esté dispuesto a absorber el gobierno que hasta hace poco la respaldaba.
Y cuando una gobernadora pasa de ser defendida a “tener que explicar”, conviene revisar si el hilo todavía está unido a la tela… o si ya empezaron a jalarlo.