La continuación de la audiencia que inició ayer, dio nuevamente voz al exjefe policaco Pedro Ariel Mendívil, quien enumeró las deficiencias de la Fiscalía General del Estado (FGE) para integrar una carpeta de investigación con fallas y a toda prisa. Tanto a Mendívil como a quien era comandante de la zona urbana, Luis Alfonso Alfonso Jacobo no los vincularon a proceso.

Hizo referencia por ejemplo, a que él no tenía que probar si permitió o no acceso a las cámaras de vigilancia para el caso de la desaparición de los dos jovenes, pues la carga de la prueba la tiene la fiscal del caso. Ese “yo permití” es la base de la investigación, agregó; “no hay oficios donde me pidan esos videos porque no existen. Porque nunca ocurrió. Y si hubieran estado hubieran durado solo 30 días almacenadas”, dijo.

Sobre la supuesta estructura criminal donde tanto él como Jacobo estarían involucrados, manifestó que ese análisis está en 5 fojas, pero se concentra en la página dos, con ocho renglones que indican que las acusaciones se basan en una carpeta y tres detenciones, uno de los acusados de esa carpeta, Humberto Rodríguez Casas no está entre los imputados, entonces no hay información correcta ni precisa. En cambio la carpeta donde hubo tortura a uno de los señalados, no está incluida, declaró Mendívil.

Recordó que hay dos carpetas, una de 2022 y otra de 2023 y fiscalía resuelve hasta 2026, que es el órgano encargado de investigar. “Me vuelvo a declarar absolutamente inocente y lo voy a sostener hoy y siempre”, precisó.

Kevin “N”, en su declaración mencionó que siente dolo por parte de fiscalía, que trata de involucrarlo en los delitos por los que lo acusan a través de testigos sesgados y manipulando pruebas. Acusó a la FGE de presionar a los testigos intimidándolos, metiéndoles miedo y a través de tortura psicológica, como a su compañero Eduardo “N”. Repitió como ayer, que es inocente de los hechos delictivos que se le imputan.

Tras un receso, se hizo un recuento de los hechos de la madrugada del 3 de enero de 2023 por parte del juez. La noche anterior los jóvenes habían salido a un bar previo a su visita al bar Shots. Viajaban en un pick up Sierra color negro modelo 2018, propiedad del padre de uno de ellos.

Estaban muy bebidos y la gente del Shots reportó que podrían ser miembros de Los Chapitos. Los empleados avisan cuando los clientes consumen o no compran la droga de Los Rusos, que es el grupo que controla la venta de drogas en antros de la ciudad. Nadie de los antros quiere declarar por miedo a represalias.

Al retirarse, agentes de la policía municipal los alcanzaron en una farmacia Guadalajara, tras lo cual los trasladaron en una patrulla a estacionamiento del supermercado Soriana, del bulevar Francisco L. Montejano, donde habrían sido entregados a miembros del grupo criminal de Los Rusos, quienes viajaban en un pick up rojo doble cabina. También se llevan la unidad de los hoy desaparecidos.

Lo encuentran en el valle de Mexicali al poco tiempo, con blindaje artesanal, y lo llevan al corralón en resguardo. De ese lugar y según el guardia de seguridad, el pick up fue sacado a la fuerza sometiéndolo y amenazándolo; le dijeron que era de “El Isra” y que no dijera nada.

El dueño del vehículo refiere problemas para recuperar el pick up y actos de molestia en la colonia Carranza del Valle de Mexicali, donde tenía problemas con presuntos miembros de Los Rusos, por andar preguntando por el paradero de su hijo.

La entonces pareja de uno de los jovenes desaparecidos lo ubica mediante el GPS en un domicilio de la calle José G. Valenzuela, del fraccionamiento Insurgentes, donde estuvo hasta las 6:28 de la mañana según los datos del geolicalizador.

Hubo señalamientos de testigos que ubican a Kevin como protector del mencionado grupo criminal, a través de su hermano Jesús, alias el 89 o el 44. Las patrullas que mencionan participaron en la desaparición son una unidad Ford Focus, un Nissan Kicks y un pick up Ram.

El padre de uno de los jóvenes habría ido al Shots a preguntar sobre los hechos, y ahí le dijeron que sí estuvieron en ese bar, que estaban muy tomados y se habrían ido después de las 3 de la mañana de ese 3 de enero de 2023. Lo mismo dice otro testigo que los ubica en ese lugar a esa hora, ya de salida.

Los empleados le dijeron al hombre que no anduviera preguntando porque Los Rusos lo iban a levantar, que todos en el lugar trabajaban para ese grupo delictivo. En marzo de 2024, según lo expresado por el juez, le ponen un “cuatro”, lo citan en un negocio de esa célula criminal y lo matan para que no siguiera investigando.

De acuerdo con el testimonio de una agente de la DSPM, que describe una red de agentes municipales dedicada a la protección de miembros del crimen organizado. Pidió al subdirector Carlos Romero que los moviera de esa zona pero cuenta en entrevista para fiscalía que “estaba protegidos por los mandos” y desde el director.

Otro agente de la policía narra en entrevista con la Agencia Estatal de Investigación que la zona de antros estaba controlada porel 89 o el 44, hermano de Kevin. Que junto con los otros imputados hacían “levantones” ordenados por el 89.

Este policía refiere que los acusados eran sanguinarios, pues grabaron las torturas de los jóvenes, a quienes describieron que estaban “bien borrachos y bien fieras” cuando los interceptaron en la farmacia. Según el testimonio, Kevin subía a los mandos -Mendívil y Jacobo-, el dinero que le daba su hermano. Que Luis “N” estaba en el área de inteligencia para bloquear cualquier solicitud que involucrara las cámaras de vigilancia.

Un empleado que trabaja en la zona de antros, también indicó en su testimonio que reportaban a los clientes problemáticos y les llamaban a varios policías, entre ellos Kevin. Que en los bares solo deben vender drogas de Los Rusos, si no, los guardias avisaban al gerente o a los municipales de la zona. Que pasaron el reporte del pick up de los jóvenes para darles el pitazo a los agentes si se iban del bar antes de que llegaran, pues sospechaban podrían ser del grupo criminal contrario. Más tarde oyó que la policía ya los había “atorado”.

La entrevista con un franelero de la zona de bares expresa que agentes municipales en una patrulla Ram y otra Focus, le preguntaron la dirección que tomó el pick up negro de los jóvenes, indicando que tomaron rumbo a la calzada independencia, por la Francisco L. Montejano.

Luego el juez dio cuenta de todos los oficios que forman parte de la investigación, y que dan cuenta que esa noche no hay reportes de que se haya detenido a las víctimas. Tampoco que haya registro de sus identidades en el Servicio Médico Forense. Que la patrulla 67A2 fue dada de baja en marzo de 2025; oficios con los nombramientos de los agentes imputados; el oficio de suspensión definitiva de Kevin desde el 7 de marzo de 2026 por resolución de una investigación administrativa, emitida por Sindicatura Municipal, así como el oficio por invalidez definitiva de Luis Alfonso Jacobo.

El juez señaló que numerosas cámaras de vigilancia captaron el paso de la unidad de los jóvenes, las patrullas y el pick up rojo de los criminales, entre las 3 y las 4 de la mañana. Las patrullas se habrían acercado a la unidad de los delincuentes y habría quedado registrado el movimiento de personas pasando de las unidades oficiales al pick up rojo.

En un cateo que se realizó el 28 de junio de 2026 se habrían encontrado armas, parches de la policía municipal, parches con los colores de la bandera de Rusia, un chaleco balístico, una gorra con la figura del personaje Papá Pitufo.

Finalmente el juez determinó que no había elementos suficientes par vincular a proceso a Mendívil y a Jacobo, y sí vinculó a los otros tres acusados, Juan Carlos, Kevin y Eduardo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California, Octavio Sandoval López, afirmó que la resolución judicial que determinó la no vinculación a proceso del exdirector y el excomandante de la zona urbana de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali debe respetarse, aunque consideró que el resultado evidencia deficiencias en la integración de la investigación presentada por la Fiscalía.

“Nos debemos ajustar a la resolución del juez. A su juicio fueron insuficientes las pruebas aportadas por la Fiscalía”, expresó el dirigente empresarial al ser consultado sobre la decisión del órgano jurisdiccional que benefició a Pedro Ariel Mendívil y Luis Alfonso Jacobo.

El líder del CCE estatal señaló que, a partir de esa determinación, quedó de manifiesto que el trabajo ministerial fue deficiente o insuficiente para acreditar la presunta responsabilidad del exdirector de la corporación, en caso de que ésta existiera.

No obstante, enfatizó que el aspecto central del caso continúa siendo la situación de las víctimas y sus familias, quienes, dijo, permanecen a la espera de respuestas por parte de las autoridades.

“Las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia. Conocer la verdad, encontrar a sus familiares, que haya justicia, reparación y no repetición. Entonces se les está en deuda con ellos. Eso es lo importante. Van a seguir esperando”, manifestó.

El presidente del CCE también pidió no perder de vista que, dentro de la misma investigación, varios agentes de la Policía Municipal sí fueron vinculados a proceso, lo que, señaló, confirma la relevancia de los hechos que son objeto de la indagatoria.

“No hay que perder de vista que agentes de la corporación sí fueron vinculados, lo que confirma ese hecho lamentable de posible involucramiento de esos agentes en los hechos investigados, y no es un asunto menor”, concluyó.

Las declaraciones del dirigente empresarial se producen tras la resolución judicial relacionada con el caso de desaparición forzada que involucra a exintegrantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, mientras las investigaciones continúan respecto de otros tres imputados.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) aclaró una información publicada en redes hoy, sobre la contratación y beneficios de los que gozaría la hija del exregidor de MC, hoy morenista, Arnoldo Douglas, director del Cecyte BC.

La paraestatal informó que la hija del funcionario, Zayra Douglas Pahua, ingresó el 7 de julio de 2025 como auxiliar administrativa, correspondiente al nivel inicial dentro de la estructura laboral.

“Es licenciada en Derecho y previamente realizó sus prácticas profesionales en la institución, periodo en el que mostró un desempeño favorable, por lo que posteriormente fue invitada a participar en el proceso de incorporación.Su percepción mensual es de aproximadamente 16 mil pesos y no cuenta con compensaciones adicionales. La CESPM reitera que su contratación se realizó de acuerdo con el perfil requerido para el puesto y bajo las condiciones laborales establecidas para esa categoría”, señala la tarjeta informativa de la CESPM.

En 2022 la hija de Douglas recibió apoyo social de Gobierno del Estado bajo el concepto “proyectos productivos”.

Además de que se hizo público en su momento, que Douglas metió a la nómina a su esposa y a su hijo, Zayra Pahua Ortega y Alexis Arnoldo Douglas Pahua.