En Baja California existe una crisis de certidumbre jurídica, particularmente en el sector inmobiliario, lo que afecta gravemente la competitividad y el patrimonio de empresas y particulares de la región.

Ignacio Avilés Bustillos, abogado del despacho De Hoyos Avilés, señaló que el despojo de bienes inmuebles por parte de personas que ejecutan procesos judiciales simulados en otras entidades del país, lejos de disminuir, va en aumento.

Por lo anterior, hizo un llamado a que autoridades de los distintos órdenes de gobierno y particularmente de la instancia municipal como Catastro, miembros del sistema de justicia y empresas inmobiliarias coordinen esfuerzos para blindar y estructurar instrumentos jurídicos que permitan proteger a los propietarios así como a las operaciones inmobiliarias.

Finalmente, señaló que evidentemente se han dado a conocer a la luz pública diversos casos en particular, pero continúan registrándose casos preocupantes. Por lo anterior, se le dará seguimiento puntualmente en términos jurídicos y, en su momento, informar sobre estos hechos a la opinión pública.

En el asunto de la licitación millonaria para los uniformes de bomberos, nos comentan que la empresa ganadora del fallo fue promovida por Ignacio Lozoya, a quien premiaron enviándolo a Protección Civil. La última vez que se licitaron uniformes de combate el costo fue de 28 millones de pesos, y aunque dicen que esta vez se incluyen además uniformes ligeros, ese gasto representa cerca de 6 millones de pesos así que no se justifica que el presupuesto se amplíe casi al doble. De ese tamaño es el negocio en el Ayuntamiento de Mexicali, y de ese nivel el interés para mandar a los voceros oficiales a defender lo indefendible.

Hace ya varios días que le enviamos la pregunta a la enlace de comunicación de la Secretaría de Salud, de por qué ganaba tanto el doctor Adrián Medina Amarillas como publicó el semanario Zeta, más de 200 mil pesos al mes. Dijeron que le correspondía a Comunicación Social, a quien también cuestionamos y nunca recibimos respuesta. Así la transparencia en el Gobierno de Marina del Pilar.

Si la explicación va en el sentido de que tenían que ofrecer un “incentivo” al doctor para que aceptara el cargo porque en su trabajo ganaba más, ¿por qué le interesa buscar un cargo de elección popular? Además, con eso de que ya todo es del IMSS Bienestar, la secretaría de Salud estatal está más de adorno. Si le interesara el sistema de salud hubiera peleado porque el control se quedara en el estado y no en la federación, y ya se les acabó el pretexto de la transición, la federalización no funciona y está más que comprobado.

En otro tema, el antes morenista y ahora petista José Guadalupe Montoya Jiménez y Sandra Luz Acosta Landa, fueron a llorar al partido para que les ayuden a tener casa. Nada más que olvidaron decir que están invadiendo tres propiedades en Villa Mediterránea que buscan prescribir. Incluso a Montoya Jiménez le aparece una propiedad en la colonia Maestros Federales, donde tenía dos lotes y le donó uno a su hijo, así que muy necesitado no está.

El regidor del Partido Acción Nacional (PAN) en el Ayuntamiento de Mexicali, Rude García, cuestionó el proceso de licitación para la adquisición de uniformes destinados a los bomberos, al considerar que existen una serie de coincidencias y circunstancias que, desde su perspectiva, deben ser aclaradas por el gobierno municipal.

García rechazó tener algún vínculo con la empresa Uniformes Julián, luego de que desde un noticiero de televisión local se generara una narrativa pública que relacionaba sus cuestionamientos con los intereses de dicha compañía.

“Yo ni siquiera sabía que esta empresa había participado”, afirmó el edil, quien aseguró que la información que conoció inicialmente correspondía únicamente a dos empresas que habían llegado a la etapa final del procedimiento: Tridenta y Probetex, y desconocía quién se había quedado fuera.

Explicó que tuvo conocimiento del proceso casi por casualidad, durante una mesa de trabajo en la que se analizaban transferencias presupuestales del Ayuntamiento. De acuerdo con García, lo que inicialmente llamó su atención fue el monto de la ampliación presupuestal solicitada: 57 millones 779 mil 244 pesos, cantidad que, señaló, no correspondía a una cifra aproximada o cerrada, sino a un monto muy específico.

Posteriormente, dijo, se enteró de que en ese momento se desarrollaría una licitación relacionada con los uniformes de Bomberos y tuvo acceso únicamente a fotografías de documentos que, aseguró, le fueron prestados y no entregados oficialmente.

El regidor sostuvo que los integrantes del Cabildo no tienen acceso de manera regular al calendario de licitaciones ni son convocados oportunamente a todos los procedimientos, situación que, consideró, limita su capacidad para revisar y cuestionar las adquisiciones municipales.

Uno de los principales cuestionamientos de García surgió cuando, según relató, la empresa que finalmente obtuvo el fallo presentó un monto que coincidía exactamente con la cantidad que previamente se había contemplado ampliar en el presupuesto.

“¿Cómo me dices que ya sabes qué monto vas a ampliar cuando la licitación no se ha abierto, cuando aún hay sobres cerrados?”, cuestionó.

García también puso en duda que el Ayuntamiento haya recurrido a un proceso exclusivamente local para una adquisición que estimó en alrededor de 3.3 millones de dólares, al considerar que una operación de ese tamaño podría haber atraído a proveedores nacionales e internacionales y, eventualmente, generar mejores condiciones económicas.

El regidor señaló que su intención no era cuestionar la necesidad de equipar a los bomberos, sino revisar si los recursos públicos podían utilizarse de manera más eficiente.

En ese sentido, planteó comparar el gasto destinado a los equipos de Bomberos con otras necesidades de seguridad pública, como los chalecos antibalas de policías municipales que, afirmó, se encuentran vencidos.

Otro de los puntos señalados por García fue la diferencia entre el costo de los uniformes adquiridos en 2021 y el presupuesto contemplado actualmente. Indicó que en 2021 se habrían adquirido 275 uniformes por alrededor de 30 millones de pesos, mientras que cinco años después se proyectaría comprar 300 por aproximadamente 58 millones; casi el doble.

El regidor reconoció que actualmente se contempla tanto uniforme pesado como ligero, pero señaló que, según las cotizaciones que conoció, el uniforme ligero representaría una erogación de alrededor de seis millones de pesos, por lo que consideró que aún existiría una diferencia importante que debería ser explicada.

También mencionó diferencias de precio entre las cotizaciones de las empresas participantes. Como ejemplo, señaló que en uno de los conceptos una empresa habría presentado un precio aproximadamente cuatro millones de pesos menor que otra, por lo que cuestionó si el Ayuntamiento exploró la posibilidad de negociar mejores condiciones o incluso dividir la adquisición.

García insistió en que sus cuestionamientos surgieron de la información a la que tuvo acceso y no de una relación con alguno de los proveedores. “Yo reto al gobierno que demuestre que yo tengo alguna relación o interés con Uniformes Julián”, declaró.

Asimismo, cuestionó la premura con la que, desde su perspectiva, se llevó a cabo el procedimiento y consideró necesario ampliar los estudios de mercado antes de comprometer una cantidad de recursos de esa magnitud.

El regidor sostuvo que continuará recopilando información sobre las empresas participantes, cotizaciones y procedimientos relacionados con la adquisición para presentar posteriormente mayores elementos.

Finalmente, acusó al gobierno municipal de responder con una ofensiva mediática ante quienes cuestionan sus procedimientos y piden transparencia sobre el uso del presupuesto.