Corrupción
Despojan los Arregui a mujer de la tercera edad de propiedad frente al mar
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra, su primo, el diputado Diego Alejandro Lara Arregui y el amigo de ambos, el actual síndico procurador de Ensenada, Elí Oviedo Díaz, están involucrados en la invasión e intento de despojo de una propiedad junto al mar.
Era 2021 cuando el hoy funcionario de Ensenada se metió a la casa ubicada en la zona denominada Playitas con numero de lote 100 y manzana 214, en la delegación El Sauzal de Ensenada propiedad de mujer de la tercera edad.
La propietaria del inmueble es Guadalupe Garmiño Esquerra, quien tiene en su poder el título de propiedad, y a pesar de que derivado del contenido de la carpeta con NUC 201-2021-09552 se ordenó vincular a proceso a Oviedo Díaz, la agente del Ministerio Público Irais Cervantes Sifuentes, no obedeció la resolución del juez de control, al parecer por presión de los Arregui y la ayuda del magistrado David Guerrero Espriu y del exfiscal central Rafael Orozco Vargas.
En una carta dirigida a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, la legítima propietaria señala que tiene 70 años y que considera injusto que la propiedad que adquirió ella y su esposo en 1989 se la quieran quedar los citados funcionarios amparados en su poder político.
En el Registro Público de la Propiedad aparece ella como la poseedora del título de propiedad del inmueble en cuestión, mientras que al síndico de Ensenada, no le aparece absolutamente nada.

Cuestionado sobre este tema, Oviedo Díaz comentó que no existe ningún despojo ni invasión. Ese señalamiento ya fue revisado por un juez penal, fue desestimado y archivado. “Hoy el tema continúa en la vía civil, donde se discuten cuestiones distintas que nada tienen que ver con la comisión de un delito”, aseguró.
En la respuesta que dio a esta reportera, precisó que adquirió la casa en 2010, de manera pública y de la persona que la habitó por más de 20 años y siempre actuó como propietario. Pero el ahora síndico se tituló hasta el 2015, ¿cómo pudo obtener los recursos para comprar la propiedad a los 24 años?
“Desde entonces mi posesión ha sido continua, pacífica y conocida por todos, mucho antes de ocupar cualquier cargo público. Hoy aparecen personas que reclaman un derecho que en la práctica nunca existió. La realidad es clara: durante más de tres décadas quienes realmente habitaron, cuidaron y ejercieron actos de dominio fueron otros”, dijo. Pero las evidencias cuentan otra historia.
El 14 de julio de 2021 se interpuso la denuncia contra quien resulte responsable y/o Diego Alejandro Lara Arregui, hoy diputado del PES, por el delito de despojo.
En fecha tres de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, Guadalupe Garmiño Esquerra adquirió a través de un contrato de compraventa, la propiedad en Playitas, de Olga Quintero González viuda de Duarte, en su calidad de apoderada legal del vendedor Francisco Javier Duarte Quintero.
La operación de compraventa se realizó ante la fe del Notario Público número 3 de Ensenada, Baja California, bajo escritura 54349, el cual a su vez fue debidamente registrado ante el Registro de Público de la Propiedad y de Comercio en Ensenada, Baja California bajo folio red 603155 a nombre de Guadalupe Garmiño Esquerra.
Debido a que el esposo de la propietaria enfermó y necesitaba de muchos cuidados, las visitas a la casa de descanso de la familia se hicieron cada vez más espaciadas, y tras la llegada de la pandemia, dejaron de ir. La propietaria aclara que nunca dejaron de pagar los servicios ni los impuestos ligados al inmueble.
Para ingresar a esa zona de varias casas, es necesario un código, por lo que no le preocupaba dejar sola la propiedad, pues los vecinos sabían de la situación de su esposo.
El 23 de junio de 2021 fueron a revisar el domicilio, percatándose que había una persona no autorizada en el interior. Afuera de la propiedad había un pick up blanco con placas nacionales. Al verificar a quien pertenecía la unidad, resultó estar a nombre de Diego Alejandro Lara Arregui, quien en el 2021 era regidor del Ayuntamiento de Ensenada.


Pero la unidad la traía Elí Oviedo Diaz y es él quien ha ocupado la propiedad desde el 2021. Los vecinos dijeron que el presunto invasor se metió al domicilio un día por la noche, en los inicios del gobierno municipal del segundo periodo de Armando Ayala Robles y que nadie supo cómo ingresó.
Se necesita un código para poder entrar a esa zona donde solo hay nuev casas, por lo que necesita de la complicidad de alguien que tenga una propiedad ahí para facilitar la entrada.
Paulina Raquel Duarte López es esposa del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui Ibarra, quien a su vez es primo del diputado de Fuerza por México.
Ella le donó el 50 por ciento de su propiedad en ese lugar en 2024, pero además Arregui ya tenía una propiedad ahí desde el 2014.
El 16 de noviembre se logró el fallo para restituir la propiedad a Guadalupe Garmiño Esquerra, tras meses de batallas legales y recursos para retrasar el proceso, ordenado por el juez Ernesto Flores Gallegos, el cual fue obstaculizado por Irais Cervantes Sifuentes, agente del Ministerio Público.

La legítima propietaria de la casa en cuestión señala que la dueña del Hotel California, situado anexo a la zona de las viviendas de Playitas, Olga Quintero, nieta de la persona que le vendió, realizó declaraciones falsas ante la autoridad, atribuyendo la venta de la casa terceras personas no involucradas para favorecer al presunto invasor. Cuando la autoridad notó la falsedad de las declaraciones en 2022, Quintero se amparó para no declarar, consciente de que mintió, explicó la afectada.
Lo último del caso es que el juez tercero civil le está ocultado desde hace dos semanas a Garduño Esquerra la respuesta del síndico sobre el caso. Desesperada, la viuda decidió escibir una carta a la presidenta Claudia Sheibaum, exponiendo su caso, así como a Héctor Jiménez Báez, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Baja California.
Olga Quintero y Diego Lara Arregui controlan el paso a la zona de Playitas, donde solo hay nueve casas, una de ellas la de la señora Guadalupe Garmiño Esquerra, quien espera justicia.
Corrupción
Desvela Latinus tranza inmobiliaria de los Torres
Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila y socio de su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres, adquirió en julio de 2024 un terreno colindante con la planta de Toyota en Baja California por solo 400 mil pesos, el equivalente a aproximadamente 30 pesos por metro cuadrado. Cuatro meses después, la automotriz japonesa anunció una inversión multimillonaria en la región, y el valor del predio se disparó a cerca de 13 millones de pesos.
Según documentos registrales consultados por Latinus, el terreno de 13,174 metros cuadrados se ubica en una zona industrial estratégica entre Tecate y Tijuana, con acceso directo a la carretera federal Mexicali-Tijuana. Imágenes satelitales muestran que el predio permanecía sin construcción al momento de la compra y hasta 2024.
El reportaje “Ganga Familiar” detalla que la operación se realizó en efectivo y que el precio pagado resultó irrisorio comparado con el valor de mercado en la zona, que superaba los mil pesos por metro cuadrado en esa época. La plusvalía generada representaría una ganancia superior al 3,000% en pocos meses.
Vínculos familiares y empresariales
Luis Alfonso Torres Torres es hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fuera esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ambos hermanos son socios de la gobernadora en la empresa Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., constituida en noviembre de 2020 para la comercialización de productos orgánicos y otros giros.
Los hermanos Torres Torres han sido señalados en investigaciones periodísticas por presuntos delitos como huachicol (robo de combustible), lavado de dinero y delincuencia organizada, según reportes previos.
Contexto político
El caso surge en medio de una crisis institucional en Baja California. En 2025 se dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de entrada a Marina del Pilar Ávila y a su entonces esposo Carlos Alberto Torres. El anuncio de la inversión de Toyota ocurrió en noviembre de 2024, cuando la mandataria aún mantenía su relación con la familia Torres.
Hasta el momento, ni la gobernadora ni Luis Alfonso Torres Torres han emitido una respuesta pública ante las revelaciones de Latinus.
El reportaje completo, con documentos notariales, imágenes satelitales y detalles de la operación, fue difundido por el medio de investigación Latinus.
Corrupción
Pide el PAN que gobernadora deje el cargo y critica doble moral de Morena
La presidenta del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, exigió que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda pida licencia al cargo y deje de coordinar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Además criticó la postura de Morena, que habla de soberanía nacional y tiene una mandataria ofreciendo información de las mesas de seguridad.
Tras la filtración de un segundo audio donde la mandataria acepta que ha dado información a las autoridades estadounidenses y que estaría dispuesta a compartir la información de las mesas de seguridad con ellos, la líder del blanquiazul comentó que esto pudiera constituir un delito en México, además de los que parecen ya estar firmes en Estados Unidos.
“El Partido Acción Nacional ha hecho una serie de exigencias, expresiones; ha levantado la voz en relación a la crisis de estado que tenemos en Baja California. Una crisis gravísima que hoy se ve reflejada en audio filtrados de la gobernadora Marina del Pilar”, opinó.
Mata Lozando recordó que cuando le quitaron la visa a la gobernadora, manifestaron que la gobernadora debía dejar de participar en las mesas de seguridad, pues es preocupante que ella tenga información de esas reuniones de coordinación cuando posiblemente esté involucrada en temas de lavado de dinero y de crimen organizado.
“Hoy lo vemos reflejado en el segundo audio filtrado, lo más relevante de ese audio es que está dispuesta a colaborar con información de las mesas de seguridad a diferentes instancias, autoridades de Estados Unidos para efectos de que le quiten cargos. Además, se confirma que es un diálogo con el FBI y con diferentes autoridades de Estados Unidos… También se confirma que hay cargos establecidos (contra la gobernadora).
La líder del blanquiazul manifestó que otro dato relevante de este segundo audio, es que confirma que la mandataria estatal tiene dos cuentas bancarias en Estados Unidos, cuando hasta la presidenta de la república manifestó que la gobernadora decía no tener cuentas bancarias, agregó.
El planteamiento del PAN es que se haga cargo y sea responsable de sus actos, pidiendo licencia desde este momento. “El llamado es a la seriedad de su cargo, a que deje de decir mentiras; ha dicho mentiras una tras otra vez desde que le quitaron la visa el año pasado y hoy solo se confirma que sí hay una investigación… estamos en la antesala de cargos, de posible extradición, esto es gravísimo”, remarcó.
Finalmente, declaró que Morena habla de soberanía nacional cuando hoy vemos a una gobernadora pone sobre la mesa su posible colaboración con Estados Unidos con información pública.
Corrupción
Hay déficit de 16 millones en la caja de ahorros burócrata; convocan a reunión urgente
La administración del Sindicato de Burócratas a nivel estatal, informó que encontraron un déficit de más de 16 millones de pesos en la caja de ahorros, y culpan a la anterior administración, que lideró Guillermo Aldrete, y quien culpa a su vez al Gobierno del Estado.
Debido a ese déficit, no entregarán el 100 por ciento de los ahorros a los trabajadores, ni han sido informados del porcentaje aproximado que será cubierto.
La delegada del sindicato identificada como Mayra García, dio a conocer que el sindicato quería entregar el ahorro incompleto los días 15, 16 y 17 de julio, sin embargo la junta de delegados lo frenó.
Por ese motivo, están convocando a una reunión urgente el martes 14 de julio, para que la base decida cómo se entregará dicho ahorro.
Por su parte, Guillermo Aldrete publicó un mensaje en sus redes ayer, en el que da una justificación rebuscada: “Lamentablemente nuestro sindicato no ha manejado una contabilidad formal como la gubernamental, por ejemplo, y se ha tenido que trabajar conforme a los planes de trabajo de cada Comité en base a nuestro Estatuto y eventos tradicionales, respetando siempre el beneficio de la Base a la que se representa”.
Agregó que ha solicitado audiencia en varias ocasiones con el líder del sindicato estatal, José Gutiérrez, para dar a conocer los procesos pendientes de cobro ante la autoridad, sin tener respuesta hasta el momento.
“Este desfalco del cual tanto se habla, es un faltante que se ha generado durante años por que la autoridad no ha sido recurrente ni regular en sus pagos, de ahí viene la astucia y el manejo de las finanzas para que a la Base se le cumpla en tiempo y forma sin buscar culpables por una incapacidad de resolver las cosas”, remarcó el exsecretario general burócrata.
Reclamó que se les pida a los sindicalizados afrontar las consecuencias cuando lo que tienen que hacer es resolverles sin perjudicar el bolsillo de los ahorradores.
Finalmente dijo que se trata de una persecución política sindical desde el poder, orquestado desde Gobierno del Estado, que busca división al interior del sindicato.
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