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Corrupción

Hay indicios de que RPP y Ayuntamiento son parte de los fraudes inmobiliarios

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El Registro Público de la Propiedad y el Ayuntamiento de Mexicali serían participantes activos de los fraudes inmobiliarios denunciados aquí recientemente.

“Miguel”, víctima del presunto estafador Rafael Camarillo Flores, acudió junto con él al Registro Público de la Propiedad. A pesar de que sabía que su vivienda aparecía ya a nombre de Geometar Asesores Inmobiliarios, en esa oficina le entregaron una partida antigua donde todavía la casa está a su nombre.

Los atendieron inmediatamente sin necesidad de turno y el documento ya lo tenían listo, y el cambio de propietario quedó listo en un periodo de dos semanas, cuando normalmente toma un par de meses. La digitalización del documento de identidad de Miguel en el Registro Público de la Propiedad lo hicieron poco nítido de manera intencional, cuestión que se aprecia en el trámite.

Además, para los trámites de la supuesta venta de la propiedad, el Ayuntamiento de Mexicali le selló los documentos a Camarillo Flores, quien en esta ocasión usó el nombre de Rogelio Márquez Lamarque. Dicho sello avala que pasó el proceso de verificación, dando por bueno un avalúo mucho menor que el real, cuando se supone que hacen un análisis del precio del metro cuadrado de la zona, la construcción, las dimensiones, etcétera.

El caso fue publicado en este portal el pasado 13 de septiembre; Miguel contactó al supuesto agente inmobiliario para vender su casa en el fraccionamiento El Campanario, valuada en 2 millones 200 mil pesos. Firmó un contrato con quien se identificó como Rogelio Márquez Lamarque y éste vendió la propiedad sin permiso y con el contubernio de la Notaría 15, cuyo titular es Giber Carlos Ramos Ramírez; el Registro Público de la Propiedad y el Ayuntamiento de Mexicali.

El abogado de Miguel, Jonathan Macías, comentó que interpuso una denuncia penal contra el presunto estafador por fraude y falsificación de documentos, una demanda civil contra la Notaría 15.

La Ley del Notariado de Baja California es muy protectora para los notarios, pero es evidente el contubernio que hay entre algunos notarios, por lo que pedirán que a Ramos Ramírez le quiten la patente por hacer mal uso de la fe pública.

Explicó que la Ley del Notariado primero castiga con amonestación, luego con multa y en muy pocos casos la cancelación de la patente, pero hay ya muchos casos que apuntan a ciertas notarías de la ciudad y pocas consecuencias.

Dijo que los fraudes inmobiliarios tienen en común que las transacciones se hacen por valores de entre 900 mil y poco más de 1 millón de pesos, porque el límite puesto por la Ley Antilavado es de cerca de 907 mil pesos, y el resto se estipula que será mediante otro método de pago. Por eso los avalúos de las propiedades vendidas de manera fraudulenta rondan esta cantidad, agregó.

El abogado remarcó que el documento elaborado por la Notaría 15 está escrito de manera que asientan que Miguel estaba presente durante los trámites de compra-venta, cuando no fue así. Además de que el documento asienta dos fechas: el 16 de julio y el 1 de agosto de 2025.  

Ante su ausencia, solo hubiera sido posible realizar la transacción mediante un poder notarial, instrumento que no está asentado en el documento elaborado por la Notaría 15.

Corrupción

Asegura IMOS que dejó de trabajar con empresa sancionada hace un año

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El Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) aseguró que desde octubre de 2025 dejó de trabajar con la empresa que prestó servicios para la operación del programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, y precisó que actualmente no mantiene contrato ni relación operativa con dicha persona moral.

En una réplica a la nota publicada por este medio el 7 de octubre, el Instituto sostuvo que la contratación se originó en un procedimiento de adquisiciones que, según su versión, se desarrolló conforme al marco jurídico aplicable en materia de contrataciones públicas.

El IMOS indicó que el procedimiento incluyó la presentación y revisión de documentos, así como la evaluación de los requisitos legales, administrativos y técnicos exigidos a los participantes. Añadió que las propuestas fueron revisadas y calificadas por el Comité de Adquisiciones competente, órgano colegiado responsable de intervenir en la evaluación y determinación correspondiente.

Respecto a la conclusión de la relación con la empresa, el Instituto señaló que la decisión de no continuar con la prestación del servicio a través de esa persona moral fue adoptada en ejercicio de sus atribuciones y actualmente es materia de controversia ante las autoridades jurisdiccionales.

De acuerdo con el posicionamiento, la empresa promovió un medio de defensa contra la negativa del IMOS de continuar con la prestación del servicio y solicitó la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, el Instituto afirmó que la autoridad jurisdiccional negó esa medida cautelar, por lo que su determinación no ha sido suspendida judicialmente y continúa produciendo efectos, en tanto se emite una resolución definitiva.

Sobre los señalamientos relacionados con la inclusión de la empresa en los listados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el IMOS pidió considerar que la relación de prestación de servicios concluyó en octubre de 2025, a fin de distinguir los antecedentes de contratación de la situación actual.

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Corrupción

Obtuvo Wermak Publired, sancionada por la OFAC, contrato con Agencia Digital de BC

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El Gobierno del Estado de Baja California adjudicó de manera directa a la empresa Wermak Publired, S.A. de C.V., un contrato administrativo por 1 millón 557 mil 407 pesos más 8 por ciento de IVA para la prestación del “servicio integral para la realización del Foro Internacional de Transformación Digital” de la Dirección de Agencia Digital.

La empresa aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT. Según el registro de la OFAC, Wermak Publired está vinculada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y figura con folio mercantil N-2023089074, constituida el 12 de junio de 2023 en Tijuana, Baja California.

El contrato AAD-ADQ-OM-17-25 fue firmado el 2 de julio de 2025 en Mexicali por el Oficial Mayor de Gobierno, David Ramsés Cervantes Aguilar, en representación del Poder Ejecutivo estatal, y por Facundo Emilio Gámez Hernández, representante legal de Wermak Publired.

El documento indica que la adjudicación directa se realizó después de que se declarara desierto el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas número OM-INV-SER-046-2025. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo emitió el acuerdo de adjudicación directa ese mismo día, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

El servicio comprendió el pre-montaje el 2 de julio, el evento los días 3 y 4 de julio, y el desmontaje el 4 y 5 de julio de 2025, en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, Club Rotario 1421, zona centro. El pago se estableció al 100 por ciento una vez prestados los servicios a satisfacción de la Dirección General de la Agencia Digital, sin anticipos, y con cargo a la partida presupuestal 38301 “Congresos y Convenciones” del ejercicio 2025.

En el contrato, Wermak Publired declara ser una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes mexicanas, con objeto social relacionado con la organización de eventos, y afirma no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento del artículo 49 de la ley de adquisiciones estatal. El domicilio fiscal de la empresa se señala en Boulevard Salinas número 10,485, departamento 1, piso 10, colonia Aviación, Tijuana.

La presencia de Wermak Publired en la lista SDN de la OFAC implica restricciones para entidades y personas estadounidenses, y genera cuestionamientos sobre el proceso de debida diligencia en las contrataciones públicas del gobierno bajacaliforniano, especialmente tratándose de una adjudicación directa posterior a un procedimiento declarado desierto.

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Corrupción

Detienen a presunto autor de fraude inmobiliario en Tijuana

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Por los probables delitos de fraude procesal, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos, la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Tijuana cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Jair Alejandro “N”.

La diligencia se llevó a cabo aproximadamente a las 12:50 horas del 24 de septiembre de 2026, en Ruta Hidalgo, colonia Mariano Matamoros. De acuerdo con los datos que obran en la investigación, el 21 de diciembre de 2018, el detenido, en conjunto con otras personas, habría realizado actos tendientes a inducir al error a la autoridad administrativa denominada Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tijuana.

Como parte de los hechos investigados, se señala que Jair Alejandro “N” habría presentado ante dicha autoridad un contrato de compraventa de fecha 17 de marzo de 2010, supuestamente celebrado entre la parte ofendida y el imputado, respecto de una vivienda ubicada en Jardines de Agua Caliente, primera etapa del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, en esta ciudad.

Asimismo, la investigación refiere que, aprovechándose de las facultades derivadas de determinados cargos, el 20 de diciembre se habría realizado la ratificación del referido acto jurídico, mediante el cual se habría declarado frente a terceros a Jair Alejandro “N” como propietario del inmueble señalado.

Derivado de las investigaciones realizadas y en cumplimiento de una orden emitida por un Juez de Oralidad del Estado de Baja California, agentes de la Agencia Estatal de Investigación localizaron y detuvieron al señalado.

Tras su detención, se le hizo del conocimiento el motivo de esta y se realizó la lectura de sus derechos constitucionales. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura, para que se determine su situación jurídica conforme al procedimiento establecido por la ley.

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