Una empresa mexicana incluida en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prestó el servicio de arrendamiento y operación de unidades para el programa Transporte Violeta en Playas de Rosarito, Baja California, durante el segundo semestre de 2023, en procedimiento de adjudicación directa.

Se trata de Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio, S.A. de C.V., sociedad mercantil con domicilio en Playas de Rosarito, Baja California. Según el registro de OFAC, la empresa aparece en la “Specially Designated Nationals and Blocked Persons List” (SDN List) bajo los programas ILLICIT-DRUGS-EO14059 y SDGT (Specially Designated Global Terrorist).

El listado la vincula expresamente a Candelario Arcega Aguirre y señala como identificación el Folio Mercantil 471, con fecha de establecimiento del 17 de septiembre de 2007. La dirección registrada es Playas de Rosarito, Baja California, México.

El contrato CT-026-2023, celebrado entre el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California (IMOS) y la citada empresa, tuvo por objeto el “servicio integral de arrendamiento y operación de 5 (cinco) unidades tipo camión” para el programa Transporte Violeta en Rosarito. La vigencia corrió del 15 de junio al 31 de diciembre de 2023. El monto máximo autorizado fue de 6 millones 885 mil 201 pesos con 96 centavos, incluyendo el 8 por ciento de IVA, con un costo mensual de 983 mil 600 pesos con 28 centavos y un pago de 30.42 pesos por kilómetro recorrido.

La adjudicación se realizó mediante el procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, con fundamento en los artículos 18, fracción III, y 38, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. El dictamen correspondiente es el DAD-ADQ-IMOS-46-23, emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado.

Por el lado del Instituto, el contrato fue suscrito por Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director general del IMOS, y Laura Armida Arce Ochoa, coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas, como área requirente y administradora. Funcionaria que se menciona como posible reemplazo de Luis Miguel Buenrostro, quien dejó su cargo de titular del Cecyte Baja California tras el señalamiento de la OFAC a su hermano, Rafael, como facilitador de insumos e influencias para el crimen organizado.

Por la empresa, firmó Jorge Santiago Ramírez Suárez, en su carácter de representante legal. La compañía declaró ser titular de los derechos exclusivos del corredor declarado por el Instituto para el programa en la modalidad de transporte masivo en Rosarito y acreditar capacidad técnica, económica, financiera, legal y comercial.

El servicio contemplaba unidades con capacidad no menor a 28 pasajeros, en excelentes condiciones mecánicas, con placas y seguro vigentes. La ruta fue diseñada para conectar puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el Hospital General de Playas de Rosarito, el Palacio Municipal, la Fiscalía General del Estado, ISSSTECALI, el Centro de Atención a Víctimas, la Cruz Roja y unidades del IMSS.

La información forma parte de la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública con folio 022499724000003, atendida por la Unidad de Transparencia del IMOS mediante el oficio IMOS-UT-025-2024, de fecha 15 de enero de 2024. En ella se adjuntan el oficio IMOS-ADM-0012-2024 de la Unidad Administrativa y de Finanzas y el contrato completo.

Hasta el momento de la última actualización de la lista SDN (octubre de 2026), la empresa permanece registrada en el listado de OFAC.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hizo oficial la inclusión de diversos individuos y empresas mexicanas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, lo cual implica el bloqueo inmediato de todos sus bienes e intereses financieros bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir transacciones a personas de ese país.

Entre los perfiles designados destacan Luis Alfonso Torres Torres y Carlos Alberto Torres Torres, excuñado y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, señalados bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 por haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios a favor del Cártel de Sinaloa.

De igual manera, se vincula a esta red a compañías inmobiliarias y comerciales ligadas a su estructura financiera.

Asimismo, las autoridades estadounidenses sancionaron a Rafael Buenrostro Martín, originario de Mexicali, y a Pedro Ariel Mendívil García, nacido en Sonora y radicado en la capital bajacaliforniana, por presuntamente facilitar soporte operativo y logístico a la misma organización criminal.

Por su parte, los hermanos e individuos con los apellidos Gómez Santelices —entre ellos Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices— figuran en los registros oficiales por su participación en la red logística y financiera. Estas designaciones alcanzaron a múltiples empresas de entretenimiento, seguridad privada e inversiones vinculadas a sus nombres.

Finalmente, la acción gubernamental incluyó a otros operadores en la región fronteriza, como parte del esfuerzo coordinado para desarticular los esquemas corporativos, casas de cambio y prestadores de servicios que brindan sustento a las operaciones del narcotráfico ilícito.

Esta semana serán notificados el exdirector del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), Saúl Osnaya, y el actual director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Armando Carrasco, sobre diversas inconsistencias detectadas durante revisiones administrativas por los casos de la compra de un terreno a precio muy por abajo del valor de mercado en un fraccionamiento de lujo en Tijuana, y por la adquisición de una casa en La Jolla California, con valor de un millón de dólares, respectivamente.

Lo anterior informó Gabriela Monge, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno de Baja California durante la conferencia mañanera de hoy en Mexicali.

En el caso de Osnaya, la funcionaria explicó que, como parte de los procedimientos administrativos, tiene derecho a una garantía de audiencia, y al extitular del INDIVI se le dará un plazo determinado para presentar argumentos y documentación que permitan solventar las observaciones encontradas.

Respecto al expediente relacionado con el director de la CESPM, Monge indicó que ya se encuentra integrado, aunque todavía está pendiente información adicional solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Precisó que Carrasco también será notificado conforme a su garantía de audiencia y destacó que ambos asuntos ya superaron la etapa inicial de investigación.

Monge explicó que el expediente relacionado con Osnaya avanzó con mayor rapidez debido a que las autoridades requeridas respondieron en menor tiempo, aunque aclaró que ello no significa que el procedimiento correspondiente a Carrasco no pueda avanzar de manera similar.

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que todos los asuntos a cargo de la dependencia siguen los procedimientos establecidos y que no se puede vulnerar el derecho de audiencia de quienes pudieran resultar responsables.

Por otra parte, informó que recientemente el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución relacionada con uno de los asuntos vinculados con la firma de un convenio por 900 millones de pesos durante una administración anterior.

De acuerdo con Monge, en ese caso se determinó la inhabilitación del exoficial mayor de la administración pasada por un periodo de tres años, como parte de las resoluciones más recientes emitidas en materia administrativa.

La resolución se dio el día 30 de septiembre, y se publicó en el Boletín del TEJABC, en Sentencia Definitiva, donde se acredita la existencia de la falta administrativa grave atribuida a ex persona servidora pública, prevista en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, consistente en Abuso de Funciones, por lo siguiente conducta: “Celebrar convenio de reconocimiento de adeudo y pago, por haberse comprometido al pago de más de 900 millones, m.n. (novecientos veintisiete millones, sin la facultad para hacerlo.”