El diputado federal morenista con licencia, Armando Fernández Samaniego, envió a esta redacción su derecho de réplica, el cual reproducimos íntegramente:

En relación con la nota titulada “Patrimonio de Samaniego: operaciones inmobiliarias bajo la lupa”, publicada el 10 de agosto de 2026, solicito la publicación íntegra de la siguiente aclaración:

Es inexacto atribuirme un patrimonio integrado por diversos inmuebles u operaciones correspondientes a terceras personas.

Actualmente soy propietario de un solo inmueble. Dicha propiedad está debidamente reportada en mi declaración patrimonial e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Baja California. Jurídica y públicamente solamente puedo responder por esa propiedad, pues es la única que forma parte de mi patrimonio. En consecuencia, resulta incorrecto sumar o atribuirme bienes pertenecientes a terceros.

Creo firmemente que los servidores públicos y quienes participamos en política debemos registrar a nuestro nombre los bienes que realmente nos pertenecen y declararlos ante las autoridades correspondientes. Así he actuado. Desconozco si todas las personas mencionadas en la publicación cumplen con ese principio y no me corresponde responder por su patrimonio.

Asimismo, solamente soy propietario de un vehículo: una camioneta Toyota Tacoma, modelo 2019.

Estos datos pueden verificarse mediante documentos y registros oficiales. Solicito que cualquier información sobre mi patrimonio se sustente en ellos y no en asociaciones con propiedades de terceras personas.

Atentamente,

José Armando Fernández Samaniego
Diputado federal

Este lunes, a través de la red social X, se publicó un nuevo audio atribuido a la gobernadora Marina del Pilar Avila, en el que presuntamente conversa con agentes de Estados Unidos, quienes le explican que se trataría de su “última” oportunidad para cooperar; no obstante, presenta elementos que ponen en duda su autenticidad.

La grabación fue difundida por el usuario José Díaz, quien se identifica en redes sociales como creador de contenido y ha compartido información principalmente a través de su cuenta de X; a diferencia de las anteriores filtraciones, que fueron publicadas por el periodista Héctor de Mauleón.

En el audio se hace referencia a que las autoridades estadounidenses no quieren hablar con la mandataria debido a que no ha cooperado y consideran que ha perdido el tiempo, una situación que habría quedado evidenciada en el segundo audio filtrado el pasado 13 de julio.

Durante la conversación, los presuntos agentes le informan a la gobernadora que podría enfrentar cargos y sanciones, por lo que pregunta por qué motivo, a lo que le responden que esa información no puede ser revelada en ese momento; siendo esta la única interacción de la mandataria en el audio.

También le explican que, junto con su abogado (Michael Nadler), deberá presentar una proffer letter (carta de oferta), en la que tendría que señalar qué información puede proporcionar o de qué temas podría hablar con las autoridades estadounidenses, a fin de evitar algún tipo de cargo o sanción.

El audio contiene una breve participación de la gobernadora y uno de los principales elementos que genera dudas es que el nuevo audio retoma temas que ya habían sido difundidos en el segundo material filtrado el pasado 13 de julio por lo que la veracidad de este nuevo supuesto audio queda en entredicho.

Una revisión de registros inmobiliarios vinculados al diputado José Armando Fernández Samaniego y su círculo cercano revela una red de operaciones de compraventa, coincidiendo con cargos públicos en Mexicali y la adquisición de terrenos en zonas de alta plusvalía. La investigación destaca transacciones en la colonia Roma que involucran a su madre, el uso de efectivo y el papel del abogado Urso Gutiérrez Rivera, vinculado laboralmente al legislador. Ante el perfilamiento de Fernández Samaniego para la alcaldía en 2027, las coincidencias temporales entre la evolución de su patrimonio y sus colaboradores plantean preguntas sobre la transparencia y el origen de los recursos.

El diputado federal con licencia ha intensificado su presencia política y mediática en Mexicali mediante asambleas informativas, entrega de apoyos y publicaciones en redes. Este análisis de su patrimonio se centra en inmuebles vinculados a él, a su madre y a allegados que posteriormente ocuparon cargos en la administración pública.

Adquisición en Villa Las Lomas

Uno de los documentos revisados corresponde a un inmueble en el fraccionamiento Villa Las Lomas, en Mexicali. En 2017, José Armando Fernández Samaniego adquirió el lote 1 de la manzana 43, con una superficie de 182.281 metros cuadrados. La operación se derivó de la transmisión de propiedad por la ejecución de un fideicomiso y su extinción parcial.

El documento establece una contraprestación de 160 mil pesos, mientras que el inmueble contaba con un avalúo aproximado de 270 mil pesos. El antecedente registral indica que la propiedad había sido adjudicada previamente mediante un procedimiento de remate, inscrito bajo la partida 5774799 el 26 de octubre de 2016.

La diferencia entre el precio de la operación y el avalúo no constituye, por sí misma, una irregularidad, especialmente tratándose de una transmisión vinculada a un fideicomiso o a un proceso de adjudicación. Sin embargo, representa un elemento patrimonial que forma parte de la reconstrucción de la evolución inmobiliaria del actual diputado, quien en los años posteriores ocuparía cargos de relevancia en el gobierno de Baja California.

Operaciones en la colonia Roma

Otro expediente inmobiliario se ubica en la colonia Roma de Mexicali y vincula a Carmen Imelda Samaniego Rocabado, madre del diputado, con el abogado Urso Gutiérrez Rivera.

Todo inicia con la religiosa Nicole Diesbach Rochefort, quien fue la propietaria de esa vivienda, ubicada sobre la avenida Francisco Márquez número, y adquirida el 6 de mayo de 1992. La religiosa falleció el 26 de agosto de 2015. Según información transmitida en un escrito a varios medios de comunicación, José Armando Fernández Samaniego y su madre rentaban parte de esa propiedad antes del deceso de Diesbach Rochefort. Este dato es el único que el legislador con licencia quiso comentar para este artículo: comentó que eso es falso, que no rentaba en ese lugar.

El 6 de marzo de 2013 apareció un contrato mediante el cual, presuntamente, la religiosa vendió la vivienda por 150 mil pesos a Urso Gutiérrez Rivera, teniendo como testigos a Daniel Guillermo Marrón Sañudo, y Patricia Guadalupe Jaramillo Cortez.

Ocho años después, el 2 de agosto de 2021, el mismo inmueble fue vendido nuevamente. El precio pasó de 150 mil a 1 millón 70 mil pesos. Urso Gutiérrez Rivera, quien había ingresado a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) el 3 de marzo de 2021, precisamente cuando José Armando Fernández Samaniego ocupaba la dirección general del organismo, le vende la propiedad a la madre del hoy diputado, Carmen Imelda Samaniego Rocabado, maestra jubilada. Según la escritura pública 64512 y la partida 5933020, el pago se realizó con 360 mil pesos mediante cheque de caja y 710 mil pesos en efectivo entregados antes de la firma del contrato.

En octubre de 2023 se registró otra operación: Hilda Elisa Mendoza vendió al diputado federal el lote 21, contiguo a ese de la avenida Francisco Márquez, que es el lote 22, donde construyó una residencia millonaria.

Otras operaciones y vínculos

En la misma semana de agosto de 2021 en que Gutiérrez Rivera vendió la propiedad a la madre de Fernández Samaniego, el entonces legislador con licencia canceló un embargo sobre un inmueble en la colonia Independencia a nombre de Daniel Marrón Marcelo y Hilda Guadalupe Sañudo. La cancelación se limitó al 50 por ciento correspondiente a Marrón Marcelo. Esta acción no implica necesariamente que el funcionario haya aportado recursos propios; pudo tratarse de un convenio, un acuerdo con el acreedor, una orden judicial o la prescripción de la obligación. Se ignora por qué Samaniego es acreedor en esa operación. La documentación disponible no permite establecer por sí misma las circunstancias específicas que dieron origen a la liberación del gravamen.

Urso Gutiérrez Rivera, después de su ingreso a CESPM, ocupó la titularidad de la Unidad de Transparencia durante varios años y aun labora en la paraestatal. Daniel Guillermo Marrón Sañudo ingresó a CESPM el 14 de agosto de 2019 y coincidió laboralmente con Fernández Samaniego tanto en ese organismo como posteriormente en la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Además, la madre de Fernández Samaniego figura como propietaria de un terreno en San Antonio de las Minas, de 2 mil 244 metros cuadrados, adquirido por poco más de medio millón de pesos en efectivo, según los documentos oficiales que registran la operación.

El precio por metro cuadrado en esa zona, justo en el corazón del área campestre y ecoturística en expansión, ronda los 500 pesos por metro cuadrado, por lo que el valor real de esa extensión de tierra está entre 1 millón 300 mil a 1 millón 900 mil pesos.

Ese registro no es el único de la madre Samaniego. Aparecen también en el Registro Público de la Propiedad una cancelación de gravámenes por dos propiedades en la colonia Santa Rosalía, de 2016, donde Carmen Imelda aparece como acreedora, lo que no significa que los inmuebles sean de su propiedad.

Esto puede darse por varias razones: comprar una cesión de derechos en un remate bancario; haber otorgado un préstamo privado con garantía inmobiliaria; pagar legalmente la deuda de otra persona; o por herencia y legados crediticios.

Un año antes, también aparece como acreedora de un acta de embargo al efectuarse otra cancelación de gravámenes, donde el padre del legislador con licencia aparece como deudor de un terreno sin construcciones en el fraccionamiento Orquídea.

La necesidad de transparencia por parte de aspirantes a puestos de elección popular

Las coincidencias temporales entre estas operaciones y las relaciones profesionales posteriores dentro de la administración pública no permiten, por sí solas, establecer una conducta irregular. Sí plantean, sin embargo, preguntas verificables que pueden responderse con documentos públicos: qué propiedades tenía Fernández Samaniego antes y después de ocupar cargos públicos; qué operaciones realizó su familia; quiénes participaron como vendedores, compradores o intermediarios; qué relación profesional existía entre esas personas; y si hubo transmisiones posteriores que modificaron la titularidad o el valor de los inmuebles.

Se le solicitó al legislador con licencia sus comentarios sobre el tema de las propiedades y terrenos de él y su familia, pero no hubo respuesta.

El análisis del patrimonio del diputado Fernández Samaniego, a través de documentos del Registro Público de la Propiedad, resalta la necesidad de transparencia respecto a sus operaciones inmobiliarias y su evolución patrimonial de cara a 2027. La congruencia entre la documentación registral y los salarios declarados constituye una prueba clave de rendición de cuentas para el legislador y su partido.