Ante la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), la Unidad de Riego Guadalupe, B.C., asociaciones y productores afines del sector vitivinícola y olivícola, manifestaron su desacuerdo.

Una reforma ambigua que castiga por igual al responsable y al abusivo, que centraliza sin contrapesos, que rompe con la certeza jurídica y desconoce las realidades regionales, no garantiza justicia hídrica, señalaron.

Una Ley que genera inseguridad, que desincentiva la inversión y que, además, aumenta el riego de pérdida de empleos y pone en peligro la producción nacional de alimentos de alto valor, no es una ley que debamos apoyar, afirmaron los productores de vid y olivo.

“No nos oponemos al derecho humano al agua, precisaron, al contrario, somos sus guardianes más comprometidos, porque sin agua no hay viñedos u olivos, no hay empleo, no hay identidad cultural ni desarrollo rural.”

Al contrario, subrayaron, queremos una Ley de aguas que contemple un nuevo marco jurídico que busque la manera de responder a las necesidades existentes como el reordenamiento de las concesiones.

En ese contexto, indicaron que se requiere una nueva Ley que fomente la gestión integral y transparente del agua y la reconozca como parte esencial de los procesos de producción y desarrollo económico, como bien público, social y cultural, no monetizable.

En un escrito hecho llegar a este medio, productores del Valle de Guadalupe, piden a la Cámara de Diputados que, en el ejercicio de su facultad soberana, en las modificaciones a la Ley se contemple el aumento en el reúso y el equilibrio entre el derecho humano y la producción.

Que se garantice la seguridad jurídica, el reconocimiento de la diversidad regional, se fortalezca la gobernanza técnica del agua y que fomente a la responsabilidad hídrica, solicitaron a los legisladores.

“Los Usuarios de agua de Baja California, somos productores de uva y aceituna de alta calidad, en una de las zonas más áridas del país. Nuestra actividad económica, social y cultural depende de la certeza jurídica sobre el acceso al agua”, señalaron en su posicionamiento.

Subrayaron que sus inversiones son de largo plazo -de 20 a 30 años- y requieren estabilidad en los derechos concesionados ya que dependen casi exclusivamente del agua subterránea, recurso escaso y estratégico.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, manifestaron, aunque bien intencionada, ignora las realidades productivas del norte de México y contiene disposiciones que ponen en riesgo la viabilidad de sus actividades productivas, la seguridad jurídica de sus derechos y, en consecuencia, la soberanía alimentaria y el desarrollo rural del norte del país.

Dejaron claro que su posicionamiento no busca oponerse al derecho humano al agua, sino garantizar su equilibrio con otros derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, a la propiedad productiva y al desarrollo sostenible.

Los integrantes de la Unidad de Riego Guadalupe, B.C. y productores vitivinícola y olivícola reconocieron que el agua es un bien de la Nación, pero su gestión eficiente requiere estabilidad jurídica para quienes la usan de forma responsable.

El derecho humano al agua debe armonizarse con el derecho al trabajo, a la alimentación, a un medio ambiente sano y al desarrollo económico, apuntaron.

Subrayaron que los títulos de concesión vigentes son actos jurídicos válidos que no pueden ser alterados retroactivamente al desaparecer el régimen de transmisión de derechos de agua entre particulares sin antes establecer mecanismos de transmisión justos.

Las decisiones sobre el agua deben tomarse con base en criterios técnicos locales, no desde una lógica centralista, genérica y uniforme, advirtieron.

La prohibición absoluta de transmisión de derechos de agua entre particulares que propone el Ejecutivo Federal elimina arbitrariamente cualquier posibilidad de transmisión de derechos de agua, herencia, fusiones y escisiones, incluso entre particulares o al constituir una persona moral, señalaron.

Con ello, destacaron, se anula el valor del activo hídrico, elimina la calidad de garantía de seguridad jurídica al uso agropecuario, impide la venta o transmisión de viñedos con su derecho al agua y desincentiva la inversión privada en proyectos de largo plazo.

Esto rompe con la certeza jurídica, al afectar derechos adquiridos sin mecanismos de transición justos ni razonables.

Además, ignora la naturaleza productiva de las personas, eliminado la certeza al derecho al agua y tratándolo como un mero permiso administrativo revocable, en lugar de un derecho vinculado a una actividad agrícola-económica legítima y sostenible, explicaron.

Ante esa situación, los productores proponen, permitir la transmisión de derechos de agua vinculada a la tierra o a la actividad productiva, bajo autorización técnica de Conagua y con fines no especulativos, para encontrar un real ordenamiento de las concesiones y asignaciones, logrando una justicia al sector agrícola del acceso al agua.

Las concesiones temporales y prórrogas condicionadas sujetas al criterio de “disponibilidad”, “responsabilidad hídrica”, y de cumplimiento fiscal, que se proponen, generaría estado de indefensión generado por arbitrariedades injustificadas o administrativas, al disminuir o cancelar los volúmenes de agua al vincular la continuidad de un derecho, a conceptos vagos y discrecionales, advirtieron.

Lo que se debe hacer es garantizar la renovación automática de concesiones (afirmativa ficta) a quienes soliciten demuestren y justifiquen el uso eficiente del volumen; y eliminar la negativa ficta, como pretende la legislación propuesta.

Para concesiones vigentes se deben mantener los derechos adquiridos bajo la Ley actual, permitir la transmisión vinculada a la tierra durante al menos 30 años y garantizar prórrogas automáticas a usuarios responsables (afirmativa ficta), indicaron los usuarios del Valle de Guadalupe.