El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la consejera electoral Paola Jimena Beltrán Prado del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), por presuntas irregularidades relacionadas con un viaje al extranjero y la recepción de una beca durante el ejercicio de su cargo.

Joel Blas, representante jurídico del PRI, señaló que existen indicios de que la consejera viajó a España sin solicitar licencia, permiso o autorización al Consejo General del IEEBC, además de que presuntamente participó de manera remota en sesiones del organismo ocultando su ubicación.

De acuerdo con la información, Paola Ximena Beltrán Prado habría viajado primero a Cancún para asistir a un curso y posteriormente se trasladó a Madrid, España, mientras continuaba participando en actividades del instituto por medio de videoconferencias en Zoom.

Además de que la consejera recibe una beca de doctorado, vigente de febrero de 2025 a enero de 2028, por un monto mensual de 20 mil 636 pesos, otorgada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Blas expuso que la legislación electoral prohíbe a las consejerías electorales recibir sueldos, compensaciones o apoyos económicos provenientes de cualquier orden de gobierno durante el desempeño de su encargo, por lo que considera que el caso podría derivar en una remoción.

Como parte de la denuncia, se solicitará informes de los integrantes del Consejo General del IEEBC para esclarecer la ubicación y participación de la consejera durante el periodo señalado, además de recabar la información documental y testimonial correspondiente.

Para finalizar, el representante jurídico del PRI dio a conocer que existen antecedentes similares, como es el caso del presidente del OPLE de Baja California Sur, cuya remoción fue confirmada por el Tribunal Electoral tras acreditarse la recepción de una beca incompatible con el cargo.

ACTUALIZACIÓN

Tras la revisión de las finanzas y la gestión administrativa del ejercicio 2023, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California determinó no aprobar la Cuenta Pública 2023 de la Comisión Estatal del Agua, sin embargo fue aprobada por el pleno del congreso.

La decisión, plasmada en el Dictamen No. 160 emitido el 23 de septiembre de 2025, derivó de un proceso auditor liderado por la Auditoría Superior del Estado que detectó diversas faltas en el manejo presupuestal y operativo de la paraestatal.

Hoy en sesión extraordinaria del Congreso del Estado, a pesar de los argumentos de la oposición por las irregularidades encontradas, el bloque morenista aprobó la cuenta.

Cabe destacar que la CEA estuvo dirigida ese año por Armando Fernández Samaniego desde el 1 de enero hasta el 24 de noviembre de 2023, y el resto del año estuvo en el cargo Víctor Daniel Amador Barragán.

Entre los hallazgos señalados en el informe técnico destacan incrementos no autorizados en compensaciones salariales, omisiones en la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a empleados por sumas millonarias, adjudicaciones directas de contratos de arrendamiento vehicular sin la justificación legal requerida y deficiencias en el control de inventarios del almacén.

Asimismo, la auditoría expuso importantes saldos vencidos en las cuentas por cobrar a organismos operadores de agua municipales, así como pasivos no regularizados con el Gobierno del Estado.

La Cuenta Pública de la Comisión Estatal del Agua de Baja California (ejercicio 2023) tuvo un total de 44 resultados con observación en su revisión inicial. La entidad solventó 30 observaciones antes del informe final, dejando 14 resultados pendientes que generaron un dictamen no aprobado.

Hubo dos promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria: la primera por el incremento en el pago de compensaciones a 9 servidores públicos en noviembre respecto a febrero de 2023, sin la autorización firmada por el Director General. La segunda por adjudicación directa indebida de un contrato de arrendamiento de 27 vehículos por 6 millones 688 mil 685 pesos sin justificar la excepción legal a la licitación pública.

También registraron dos promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, por omisión en el cálculo, retención y pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por concepto de compensaciones, aguinaldos y prima vacacional; y falta de evidencia documental sobre el cálculo anual obligatorio del ISR a los trabajadores subordinados durante el año 2023.

La Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la XXV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aprobó el Dictamen Número 173, mediante el cual resolvió no aprobar la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Tecate correspondiente al ejercicio fiscal 2023, periodo en el que se desempeñó como Presidente Municipal Edgar Darío Benítez Ruiz. Esa y otras cuentas se verán hoy en la sesión extraordinaria del Congreso del Estado.

El informe formulado por la Auditoría Superior del Estado expuso una severa desarticulación en los controles financieros e institucionales del municipio, destacando un déficit presupuestal de 61.9 millones de pesos, la omisión en el entero de impuestos al Servicio de Administración Tributaria, el impago de cuotas a ISSSTECALI, la adjudicación ilegal de contratos y sobreprecios que alcanzaron hasta un 226 por ciento en obra pública. 

De los 75 procedimientos de revisión ejecutados por el órgano fiscalizador, se emitieron inicialmente 55 observaciones. Tras el proceso de aclaración, subsistieron 38 observaciones graves y 27 faltas recurrentes, las cuales derivaron en 22 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria contra funcionarios públicos, 2 notificaciones al SAT para el ejercicio de facultades de comprobación fiscal y 14 recomendaciones directas para la reestructuración del control interno municipal. 

En el plano presupuestario, el municipio incurrió en una abierta violación a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado al recaudar 850.5 millones de pesos pero registrar egresos devengados por 912.4 millones de pesos, lo que generó un desahorro operativo directo de 61.9 millones de pesos.

A la par de este desequilibrio, el Ayuntamiento retuvo cuotas salariales e impuestos a sus trabajadores sin entregarlos a las autoridades correspondientes; solo durante 2023 se omitió el entero de 4.1 millones de pesos al SAT, elevando el pasivo histórico acumulado por impuestos no enterados a 182.1 millones de pesos.

En materia de seguridad social, se retuvieron 6.2 millones de pesos a los trabajadores de base que no llegaron a ISSSTECALI, acumulando una deuda histórica total de 439.5 millones de pesos con dicho instituto al cierre del ejercicio. 

La revisión a la obra pública expuso contrataciones opacas y costos inflados. En el contrato asignado para el suministro de lámina galvanizada, el municipio pagó un sobreprecio del 226 por ciento respecto a los valores reales de mercado, lo que representó un quebranto directo de 2.4 millones de pesos.

Una situación similar ocurrió en la rehabilitación del Parque Los Encinos, adjudicada de manera directa bajo una falsa premisa de emergencia donde se cobró precio de acero inoxidable tras instalar acero común, generando un sobrecosto adicional.

Asimismo, pavimentaciones en las calles José María Morelos y Cedros por montos superiores a los 4 millones de pesos cada una fueron adjudicadas omitiendo las licitaciones públicas requeridas por la ley. 

Las irregularidades se extendieron a la Oficialía Mayor y a las áreas operativas de la administración. El municipio asignó de manera directa 47.3 millones de pesos para el suministro de combustible a una sola empresa sin formalizar un contrato legal ni pasar por el Comité de Compras, además de erogar 7.4 millones de pesos en servicios de arrendamiento, publicidad y eventos que carecen de evidencia física que compruebe su realización.

En el ámbito patrimonial, se detectó una discrepancia no aclarada de 47.1 millones de pesos entre el saldo contable y el inventario físico de bienes muebles, además de la falta de cobro coactivo a una cartera vencida de impuesto predial que asciende a 78.9 millones de pesos. 

El Resolutivo Único emitido por la legislatura ratifica la no aprobación de las cuentas municipales y precisa que este veto parlamentario no suspende ni exonera las responsabilidades administrativas o denuncias penales que la Auditoría Superior del Estado decida emprender contra los funcionarios involucrados en la gestión 2023.