Este jueves el dirigente del PRI manifestó su preocupación por lo que considera una afectación a la libertad de expresión, luego de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que sancionó al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, y le ordena retirar de sus redes sociales publicaciones que contienen el término “narcopartido”.

El partido señaló que observa una serie de acciones que, a su juicio, buscan limitar las críticas de la oposición y restringir el debate público.

Sostuvo que esta resolución representa un precedente que podría derivar en mayores restricciones a la expresión política.

De acuerdo con la postura del PRI, la resolución del INE constituye un acto de intimidación política y un intento de censura, al considerar que impide emitir señalamientos contra el partido en el gobierno.

Expuso que la dirigencia nacional mantendrá su defensa de la libertad de expresión y adelantó que la bancada realizará los posicionamientos correspondientes sobre este tema.

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, cuestionó el uso del término “emboscada psicológica”, empleado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para referirse a la situación que enfrenta tras la revelación de los audios donde aborda la revocación de su visa estadounidense y cuya autoría le achaca a él.

“Entiendo que pasa por una crisis emocional. ‘Emboscada psicológica’ nunca había oído ese término; lo busqué en la Real Academia y no existe”, declaró al ser cuestionado sobre las recientes expresiones de la mandataria estatal en una gira por medios de comunicación nacionales el dia de ayer, calificada por Bonilla como una “gira artística” que solo la está destrozando en las redes sociales.

El exgobernador sostuvo que, si bien considera positivo cualquier llamado a la reconciliación, las declaraciones de la gobernadora deben estar acompañadas de hechos. “Siempre serán bienvenidos esos gestos de paz, pero me gustaría ver acciones”, afirmó.

Como ejemplo de lo que calificó como una contradicción, señaló que mientras se habla de un ambiente de no confrontación, continúan presentándose denuncias en su contra. “Ayer o antier me estaba denunciando, eso es incongruente”, dijo, además de los procesos abiertos por la planta fotovoltaica y otros en contra de quienes fueron sus funcionarios.

Bonilla aseguró que durante la actual administración se han utilizado las instituciones para perseguirlo políticamente a él y servidores de su gobierno. “Qué bueno que tiene esa actitud, ojalá hubiera sido desde el principio, pero la mandataria ha usado todos los instrumentos en su poder para atacar a quienes fueron mis funcionarios y a mí; que demuestre que lo dice”, expresó.

A su juicio, esas acciones son incompatibles con un discurso de reconciliación. “¿De qué estamos hablando? No creo que lo vea bien el partido ni la presidenta; todo lo que se armó fue político”, manifestó.

Sobre la posibilidad de una eventual reconciliación política con la gobernadora, el exgobernador señaló que únicamente podría considerarse si observa un cambio de actitud y el fin de lo que calificó como una “cacería de brujas”.

Finalmente, reiteró que recibe con apertura cualquier gesto de no agresión, aunque insistió en que éste deberá reflejarse en acciones concretas. “Le doy la bienvenida a este gesto de no agresión, pero que lo demuestre, que es genuino”, concluyó.

Este jueves se llevó a cabo la conferencia mañanera en Ensenada. Interesante tras la gira de medios que según sus allegados, no costó nada porque “aprovecharon” una ida a Ciudad de México a una reunión con la presidenta, y porque no se les pagó a ninguno de los medios donde se presentó Marina del Pilar a dar su versión de los audios difundidos por Héctor de Mauleón.

Salió acompañada del general Laureano Carrillo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien a pesar de ser esta dependencia -pero a nivel federal-, quien llevó a cabo el operativo donde aprehendieron al exdirector de policía de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, no tocó el tema ni estuvo entre las preguntas realizadas.

Hubo un cuestionamiento sobre la actualización del caso, que respondió la fiscal general del estado, María Elena Andrade, pero no dijo nada nuevo. Hizo un recuento de las tres intervenciones de la fiscalía en temas de la policía municipal de Mexicali, que ya había detallado en su conferencia del martes en Mexicali. La actualización fue decir que la audiencia estaba en receso y que reiniciaría a la 1 de la tarde.

La gobernadora se veía muy acalorada… o muy nerviosa. La pregunta que dio la nota, fue la del pleito que mantiene con el exgobernador Jaime Bonilla. No quiso decir mucho; después de acusarlo de ponerle una trampa e ir a hacerse la víctima a los medios nacionales, ahora le desea “paz en su corazón”.

Nicolle de León, la encargada de comunicación, hizo lo que hace todas las mañaneras, minimizar los daños. Le pedí a la mandataria contestar dos preguntas porque no me darían el uso de la voz, pero solo al final solo contestó con un “no sé” cuando al final le grité que si Carlos Torres estaba en la investigación de Pedro Ariel Mendívil, por el reportaje de hace meses que publicó N+.

Ese trabajo señala: “De acuerdo con una denuncia presentada en la Fiscalía en materia de Delincuencia Organizada el 11 de junio de 2025, Carlos Torres recibía 150 mil dólares mensuales por parte de Pedro Ariel Mendivil García,exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali, para permitir que el Cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, pudiera operar en el estado”.

Carlos Torres manejó el Ayuntamiento de Mexicali los primeros años del sexenio marinista, por lo que no suena descabellado el reportaje. Tampoco es un secreto que fue la gobernadora quien propuso a Mendívil como director de policía y quien lo mantuvo cuando ya resultaba insostenible. ¿Por qué?

Hubo señalamientos en el sentido de que algunas reuniones formales del municipio, que pensaban serían con Marina del Pilar, las atendía su marido. Luego hubo un rompimiento de Carlos y Norma, después el asunto del retiro de la visa, que a su vez derivó en la separación de los cargos honorarios de Torres en el Gobierno del Estado y en el Ayuntamiento de Tijuana, hasta terminar en el divorcio, que se supone tiene efecto desde el 24 de noviembre de 2025, pero aun no ha llegado el documento a los juzgados de Baja California.

¿Sabía la gobernadora de todas las actividades oficiales y extraoficiales de Carlos Torres? ¿Metería las manos al fuego por él? estas preguntas se quedaron sin respuesta hoy.

Por cierto, que la alcaldesa Norma Bustamante es otra que anda nerviosa. Por sostener a Pedro Ariel le quitaron la visa, así que que como superior del exjefe de policía, algo tendrá que decir sobre las acusaciones contra Mendívil. ¿No sabía nada? ¿Sí sabía pero no podía hacer nada? ¿Por qué no lo removió cuando todo mundo pedía un cambio en la DSPM? ¿La amenazaron? Veremos el curso de la investigación, que debe sí o sí incluir la declaración de la alcaldesa.