Una regulación inteligente, territorial y acorde al PPIE y la Nueva Escuela Mexicana

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar a especialistas, madres y padres de familia, docentes y jóvenes para valorar una posible regulación del uso de celulares en los planteles de educación básica ha provocado un amplio debate. La titular del Poder Ejecutivo ha aclarado que no se pretende imponer una prohibición absoluta, sino generar conciencia sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y plataformas digitales en el desarrollo de las infancias y adolescencias. Informó que cerca del 70% de las madres y los padres consultados respalda alguna forma de regulación y que, hacia finales de agosto, se presentará una propuesta nacional. La discusión es necesaria, pero exige precisión jurídica y técnica para evitar confusiones sobre el alcance de la consulta y las responsabilidades del Estado.

En Baja California, el debate adquiere una dimensión particular. El Programa de Protección Integral Escolar (PPIE) 2026–2027 es el instrumento estatal para identificar, clasificar y atender los riesgos que afectan el bienestar, la seguridad y el aprendizaje. Sin embargo, el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos todavía requiere un tratamiento expreso como posible factor de riesgo digital, cognitivo, emocional y de convivencia. El dispositivo no es perjudicial por sí mismo; el riesgo depende de las condiciones de uso y de sus consecuencias: distracción durante las clases, afectaciones al aprendizaje y al descanso, uso compulsivo de plataformas, ciberacoso, grabaciones no autorizadas, exposición a contenidos nocivos o deterioro de las habilidades sociales. Incorporar estos supuestos al PPIE permitiría activar acciones de prevención, detección, registro, intervención y acompañamiento sin reducir la respuesta a una prohibición general.

La Nueva Escuela Mexicana exige una política contextualizada y sensible a la diversidad territorial. Baja California es un estado con realidades profundamente distintas: Mexicali enfrenta riesgos digitales intensivos; San Quintín vive dinámicas agrícolas y migrantes; San Felipe presenta condiciones costeras; Tijuana y Ensenada lidian con retos urbanos complejos. Incluso dentro de una misma ciudad existen colonias con niveles distintos de conectividad, violencia digital y exposición a redes sociales. Así como la revisión de mochilas no se aplica igual en todas las zonas, el celular tampoco. Una regulación nacional puede establecer principios y estándares mínimos, pero su implementación debe considerar las características de cada estado, municipio, plantel y comunidad escolar.

En Baja California, el celular también cumple una función de seguridad. Los hechos de violencia, las desapariciones, la movilidad fronteriza, los trayectos prolongados y las jornadas laborales que dificultan el acompañamiento permanente hacen que muchas familias lo consideren indispensable para mantener contacto con sus hijas e hijos. Esta realidad demuestra que no existe contradicción entre permitir que el alumnado porte un celular por razones de seguridad y limitar o regular su utilización durante las clases. El dispositivo puede permanecer apagado, en modo silencioso o bajo mecanismos adecuados de resguardo, salvo que exista una finalidad pedagógica, una necesidad médica o de accesibilidad, o una situación de emergencia.

Por ello, es fundamental distinguir entre regular y gestionar. La regulación establece límites, responsabilidades, excepciones y consecuencias. La gestión de riesgos permite identificar las circunstancias concretas de cada comunidad e intervenir de manera proporcional. No todo debe resolverse mediante prohibiciones generales ni mediante un decreto que pretenda normar individualmente teléfonos, tabletas, relojes inteligentes, audífonos, inteligencia artificial, y cada nuevo dispositivo que aparezca.

La falta de lineamientos explica, en parte, por qué el uso del celular proliferó desordenadamente en las aulas. Durante años, cada escuela y cada docente establecieron reglas propias, frecuentemente sin capacitación ni respaldo técnico. Aunque la respuesta institucional llega con retraso, no se trata de culpar a docentes, familias o estudiantes, sino de reconocer que el sistema educativo no les proporcionó oportunamente herramientas para gestionar una tecnología que transformó la convivencia escolar. Los Consejos de Participación Social deben ser el mecanismo formal para canalizar la consulta y construir acuerdos de implementación.

La responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente a las escuelas. Estas deben gestionar lo que ocurre durante la jornada y dentro de las actividades bajo su supervisión; las familias deben establecer hábitos y límites fuera del plantel, y el Estado debe diseñar la política pública, emitir lineamientos, capacitar, dar presupuesto, supervisar y coordinar a las autoridades educativas, de salud, seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes.

El precedente de la Suprema Corte sobre “Mochila Segura” también ofrece una advertencia: las medidas escolares que inciden en la privacidad o en las pertenencias del alumnado necesitan fundamento jurídico, una finalidad legítima y procedimientos proporcionales. Esto no impide regular el uso de celulares dentro del plantel, pero sí exige evitar inspecciones, retenciones o sanciones arbitrarias.

El celular puede ser un recurso educativo, una herramienta de seguridad y un factor de riesgo al mismo tiempo. Una política pública inteligente debe reconocer esas tres dimensiones y establecer medidas diferenciadas por edad, nivel educativo y contexto, así como excepciones pedagógicas, médicas, de accesibilidad y emergencia. Baja California tiene la oportunidad de fortalecer el PPIE incorporando expresamente los riesgos vinculados con los dispositivos móviles y construyendo una respuesta preventiva, territorial y acorde con la Nueva Escuela Mexicana.

*El autor es director general de De la Peña y Rivera, S.C. y fundador de Justicia que Transforma México, A.C.

El uso constante de las redes sociales entre niños y adolescentes puede ser una vía para la normalización de los discursos de odio, violencia y comunidades extremistas que logran influir en la manera en que los jóvenes piensan, se relacionan y perciben a los demás, señaló la doctora Daniela Díaz Flores, Coordinadora de la Licenciatura en Psicología Infantil en CETYS Universidad Campus Mexicali.

Mencionó que el consumo de contenido violento y de discursos de odio afecta tanto el comportamiento de infancias y adolescencias como su desarrollo psicológico, emocional e intelectual. La exposición a la violencia mediática es un factor de riesgo que puede fomentar la agresión interpersonal en menores de edad, así como la falta de sensibilidad ante dichos sucesos, agregó.

Este tipo de discursos y contenidos violentos resultan llamativos para los jóvenes debido a una combinación de factores psicológicos, la búsqueda de identidad social y las propias estructuras que presentan las diferentes redes sociales, como los algoritmos, explicó.

Por otra parte, las plataformas operan bajo una economía de la atención diseñada para capturar al usuario el mayor tiempo posible, dijo. Para maximizar esta captura, los algoritmos favorecen la visibilidad de contenido polémico, cuanto más extremo es un contenido, más atención genera y, por tanto, obtiene mayor visibilidad y viralización en la red, precisó.

La experta declaró que muchos jóvenes se ven atraídos por estos discursos porque les permiten generar grupo y un sentimiento de pertenencia a una comunidad que comparte y defiende sus mismas ideas o el uso de su mismo léxico que es propio de la ideología. 

En la adolescencia existe una tendencia natural a desarrollar conductas de riesgo vinculadas con la exploración de las emociones y del entorno, especialmente cuando se está en presencia de pares o amigos, aseguró Díaz Flores.

Además, detalló que este grupo puede reaccionar a ciertos estímulos sintiéndose más alterados físicamente, pensando con mayor facilidad en ideas agresivas o imitando de inmediato algunos comportamientos que acaban de observar. También puede afectar en el aprendizaje de cómo resolver conflictos, optando por una forma agresiva o violenta, y una desensibilización hacia el dolor ajeno, añadió. 

Las redes sociales pueden llegar a ser un espacio hostil, ya que los menores de edad pueden escribir sin necesidad de ser verificado, así mismo, para muchos es más sencillo insultar a través de redes sociales en comparación a tenerlos de frente, muchas personas no se atreverían a decírselo de frente, pero sí por escrito, remarcó.

Entre las principales señales de alerta se encuentran cambios en el lenguaje, comentarios despectivos hacia otras personas o movimientos sociales, la normalización de la violencia bajo frases como “solo es una broma”, la pérdida de empatía frente al dolor ajeno y el aislamiento para interactuar únicamente con comunidades digitales que refuerzan esas ideas.

Además, usar redes sociales para iniciar discusiones y así obtener atención; aumento de la agresividad verbal y física, respondiendo de forma más agresiva ante cualquier provocación en la vida real y vulnerabilidad; mostrar rasgos de inferioridad, desconfianza y pesimismo frente a la convivencia social de forma presencial, subrayó.

La educación, la comunicación y el uso responsable de las herramientas digitales son claves para que en la dinámica familiar se pueda prevenir dichas situaciones, comentó la Experta CETYS. El papel de la familia es crucial para mediar el consumo de redes sociales e internet de los menores de edad, así como también explicarles sobre las reglas de uso, concluyó. 

La desigualdad en el acceso a la educación continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y económico a nivel mundial. De acuerdo con estimaciones de la UNESCO, alrededor de 273 millones de niñas, niños y jóvenes permanecen fuera del sistema educativo, mientras que casi dos terceras partes de las personas adultas que carecen de competencias básicas de alfabetización son mujeres.

Ante este panorama, el profesor-investigador del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETYS Universidad, campus Mexicali, Francisco Núñez Tapia, advirtió que las limitaciones al acceso de las mujeres a la educación han obedecido históricamente a factores políticos, culturales, religiosos y de control social, más que a criterios relacionados con el bienestar colectivo.

El especialista señaló que la educación representa una herramienta para formar ciudadanos capaces de cuestionar, participar y contribuir a la solución de los problemas públicos. “Entre mayor sea el acceso al conocimiento, mayor será la capacidad de las personas para analizar su entorno, exigir soluciones y contribuir al desarrollo de sus comunidades”, afirmó.

Núñez Tapia explicó que impedir o limitar la educación de las mujeres genera consecuencias que trascienden el ámbito individual. En materia económica, dijo, reduce las posibilidades de que una parte importante de la población acceda a profesiones especializadas, particularmente en sectores como la salud y la educación. En el plano social, agregó, amplía las brechas de desigualdad y disminuye las oportunidades de movilidad social.

El investigador destacó que uno de los efectos más graves es el impacto intergeneracional. Señaló que cuando las mujeres enfrentan menores oportunidades educativas, también disminuyen las posibilidades de impulsar el desarrollo académico y profesional de sus hijos e hijas, lo que contribuye a perpetuar condiciones de rezago durante varias generaciones.

Como ejemplo, mencionó la situación de Afganistán, donde las restricciones impuestas a la educación de las mujeres evidencian la fragilidad de derechos que parecían consolidados. Consideró que estos casos deben servir como un llamado para proteger los avances alcanzados en materia de igualdad de oportunidades y evitar retrocesos.

En el caso de México, el académico indicó que la brecha educativa sigue reflejándose en desigualdades laborales, diferencias salariales y una menor participación femenina en espacios de toma de decisiones. Por ello, sostuvo que garantizar un acceso equitativo a la educación continúa siendo una condición indispensable para construir una sociedad más incluyente, competitiva y con mayores oportunidades de desarrollo.

Finalmente, Núñez Tapia consideró que las nuevas generaciones enfrentan el desafío de transformar el acceso masivo a la información en pensamiento crítico. A su juicio, resulta indispensable fortalecer espacios de diálogo que permitan analizar distintas perspectivas y comprender los problemas públicos desde una visión más amplia.

“La educación no solo consiste en acceder al conocimiento, sino en aprender a dialogar, escuchar, reflexionar y construir soluciones de manera colectiva. Esa es una de las herramientas más poderosas para impulsar el desarrollo de cualquier sociedad”, concluyó.