El diputado federal Armando Samaniego calificó este jueves el gasto público destinado a la renta y acondicionamiento del Cine Lux como “la vergüenza más grande que tiene Mexicali” y exigió total transparencia sobre los 16 millones de pesos invertidos en un inmueble de propiedad privada.

Durante su intervención, el legislador de Morena recordó los principios fundacionales del movimiento y demandó que los gobiernos emanados de ese partido rindan cuentas con claridad ante cualquier duda sobre el uso de recursos públicos.

“Prometimos ser diferentes. A mí me tocó estar en el plantón con López Obrador, marchar en el desafuero, y creo que los gobiernos emanados de Morena tienen que ser totalmente honestos y transparentes. Cuando haya la menor duda de alguna compra o licitación, tienen que abrirse a la gente, al pueblo, a los medios y a quien pregunte, para que quede totalmente claro”, afirmó.

Sobre el Cine Lux, Samaniego subrayó que “es la vergüenza más grande que tiene Mexicali últimamente” ya que tener un edificio privado e invertirle esa cantidad de dinero para prestar un servicio es reprobable.

El diputado exigió la publicación del catálogo de conceptos de los recursos ejercidos. “Una de las máximas de Morena es consultar a la gente. En cualquier obra pública se desarrolla un catálogo de conceptos donde se especifica cuánto costó cada tornillo y cada metro de cableado. Queremos ver ese catálogo de conceptos de los 16 millones que se gastaron en ese edificio privado: qué compraron, dónde lo compraron y cómo lo compraron”, manifestó.

Samaniego reiteró que la ciudadanía tiene derecho a solicitar información pública y que las autoridades están obligadas a entregarla para preservar la confianza de la población.

Con el fin de exigir un alto al acoso y a la retirada injustificada de sus documentos de trabajo, un grupo de choferes de carga pesada bloqueó las instalaciones de la aduana fronteriza comercial en Mexicali en manifestación contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El chofer Conrado Marrón Valencia, denunció que las autoridades estadounidenses los acusan falsamente de incurrir en cabotaje -transporte local no autorizado dentro de EE. UU.- debido a los tiempos que tardan en completar sus trayectos.

Según explicó, las demoras de hasta nueve días no se deben a faltas laborales o ilícitos, sino a trámites aduanales, liberación de pedimentos de importación o retrasos en las zonas de carga.

Marrón Valencia señaló que el problema ha escalado de manera drástica en los últimos días, ya que en la última semana reportaron la cancelación de al menos 17 visas, sumadas a retiros posteriores de entre 2 y 5 documentos diarios a compañeros del gremio.

El transportista aseveró que agentes de ICE han amenazado a operadores detenidos con retirarles también los visados a sus familiares si no aceptan las acusaciones de cabotaje.

Además, denunció un constante clima de persecución a la salida de las revisiones, lo que ha generado temor de cruzar la frontera para trabajar.

El manifestante aclaró que la protesta es impulsada directamente por los choferes y no por partidos políticos ni por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), organismo del cual se dijeron desatendidos.

Aunque reconocieron que algunos permisionarios se oponen a las movilizaciones por priorizar intereses monetarios, destacaron que parte de los patrones ha mostrado empatía permitiéndoles parar labores.

Los choferes advirtieron que, de no frenarse esta situación antes del inicio de la temporada alta de hortalizas, cientos de familias quedarán sin sustento económico.

Este miércoles, el diputado local de Morena, Juan Manuel Molina, minimizó la resolución emitida por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) en contra de la senadora con licencia Julieta Ramírez, por la colocación de lonas y pinta de bardas.

El legislador sostuvo que se trata de una medida preventiva y que, hasta el momento, no existe una resolución que determine que se violó la ley.

Explicó que a Ramírez únicamente se le indicó retirar tres lonas, por lo que pidió a la oposición no adelantarse ni “vanagloriarse”, pues, dijo, todavía habrá que esperar la resolución definitiva.

Sin embargo, el martes por la tarde, la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEBC resolvió que la propaganda física atribuida a Julieta Andrea Ramírez Padilla debía ser retirada en un plazo máximo de dos días hábiles.

Contrario a lo señalado por el diputado Molina, el Instituto ordenó el retiro de 22 elementos de propaganda en concreto una pinta de barda y 21 lonas.

El documento establece como propaganda similar aquella que reproduzca elementos relacionados directamente con Julieta Andrea Ramírez Padilla, entre ellos, su nombre, su imagen o silueta, el hashtag #EsJulietaRamirez y expresiones de apoyo o posicionamiento vinculadas directamente con ella.