La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta una investigación por el homicidio calificado de un joven al interior de un centro de rehabilitación en Tijuana de la Patrulla Espiritual, así como por las presuntas irregularidades administrativas y penales en el manejo de la escena, confirmó la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez.

De acuerdo con la titular de la FGE, la víctima había sido ingresada por su madre tres días antes del suceso para recibir tratamiento por consumo de sustancias. Sin embargo, fue privado de la vida dentro de las instalaciones.

Por este hecho, las autoridades ya han aprehendido a dos personas y tramitado órdenes de aprehensión adicionales contra otros involucrados.

Andrade Ramírez detalló que los detenidos son ex-internos que laboraban en el establecimiento como colaboradores.

Ante señalamientos de que el lugar fue limpiado antes del arribo de los peritos y que se permitió la salida de internos para evitar sus testimonios, la fiscal señaló que dichos aspectos forman parte de la carpeta de investigación y que se citará a declarar a todos los testigos necesarios.

La FGE trabaja en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Secretaría de Salud para determinar la situación legal de la clínica, la capacitación del personal y la responsabilidad de los administradores o encargados.

“Al momento en que ingresa una persona que consume drogas pasa por un proceso de desintoxicación y tiene que estar atendida por profesionales en la materia. Coepris ya intervino en la inspección para verificar permisos y contratación laboral”, precisó la fiscal.

En otro tema, la fiscal general se refirió al incidente ocurrido en Playas de Rosarito que involucra a encargados del centro “Patria Espiritual”, conocidos como “El Padrino” y “La Madrina”, quienes viajaban con un menor de edad.

El hecho, que derivó en un altercado vial y posterior choque, generó denuncias cruzadas. Por un lado, comunicadores locales denunciaron lesiones y hostigamiento; por otro, los señalamientos de la parte contraria argumentan daños a propiedad vehicular y presunta violación a la privacidad.

La FGE ratificó que las investigaciones se conducen de manera objetiva para deslindar responsabilidades.

Tras la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California emitió un llamado a la administración federal para pasar de los anuncios a las acciones concretas.

El organismo empresarial enfatizó que el desarrollo del país debe reflejarse en la inversión productiva, el fortalecimiento de las PyMEs, la seguridad de las familias y la generación de empleo formal.

A través de un comunicado firmado por Octavio Sandoval López, presidente coordinador de los CCE del estado, el sector productivo reconoció los logros en materia salarial, la apertura al diálogo y la estabilidad en indicadores macreconómicos.

Entre estos destaca la Inversión Extranjera Directa (IED), que alcanzó los 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, así como el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 1.9 por ciento en el segundo trimestre.

Sin embargo, el organismo advirtió sobre rezagos en la economía real, como la baja inversión productiva pues la inversión fija bruta lleva más de 18 meses estancada.

Además, solo el 7.8 por ciento de la IED corresponde a nuevos proyectos, mientras que la inversión privada cayó al 17.9 por ciento del PIB -su nivel más bajo desde 2020- y la pública se situó en un 3.3 pir ciento.

También, el CCE alertó que la deuda pública se aproxima a los 21 billones de pesos. De no lograr un crecimiento económico sostenido superior al 3 por ciento anual, el país enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión, encareciendo el pago de intereses.

Entre enero y julio de 2026 se registraron 243,078 nuevos puestos ante el IMSS, cifra equivalente a menos de la mitad de los 700 mil empleos que requería el mercado laboral en dicho periodo, precisa el comunicado.

En el rubro de seguridad, el sector empresarial puntualizó que una de cada dos empresas fue víctima de algún delito entre octubre de 2025 y marzo de 2026, siendo la extorsión el delito con mayor incidencia.

Además, expresaron preocupación por el registro nacional de más de 132 mil 800 personas desaparecidas, indicando que la baja en la percepción de violencia no refleja del todo la realidad que viven los ciudadanos y las unidades económicas.

Respecto a los proyectos de infraestructura para Baja California y el noroeste del país, el comunicado señala retrasos en obras clave, como las plantas de generación eléctrica en Mexicali y Sonora que corresponden a la administración anterior.

La planta desalinizadora en Playas de Rosarito no ha iniciado obras y los 5,000 paneles solares contemplados para Mexicali no han concluido su instalación, destaca el CCE estatal.

De cara a la próxima revisión del T-MEC, el CCE bajacaliforniano instó a fortalecer la certidumbre jurídica, mejorar el abasto de energía, agua y gas, así como modernizar las carreteras y cruces fronterizos.

“El diagnóstico debe partir de cómo se siente la gente, no de cómo se siente el Gobierno”, concluyó el pronunciamiento respaldado por los consejos coordinadores empresariales de Tecate, Ensenada, Mexicali, Tijuana y Rosarito.

Con el fin de exigir un alto al acoso y a la retirada injustificada de sus documentos de trabajo, un grupo de choferes de carga pesada bloqueó las instalaciones de la aduana fronteriza comercial en Mexicali en manifestación contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

El chofer Conrado Marrón Valencia, denunció que las autoridades estadounidenses los acusan falsamente de incurrir en cabotaje -transporte local no autorizado dentro de EE. UU.- debido a los tiempos que tardan en completar sus trayectos.

Según explicó, las demoras de hasta nueve días no se deben a faltas laborales o ilícitos, sino a trámites aduanales, liberación de pedimentos de importación o retrasos en las zonas de carga.

Marrón Valencia señaló que el problema ha escalado de manera drástica en los últimos días, ya que en la última semana reportaron la cancelación de al menos 17 visas, sumadas a retiros posteriores de entre 2 y 5 documentos diarios a compañeros del gremio.

El transportista aseveró que agentes de ICE han amenazado a operadores detenidos con retirarles también los visados a sus familiares si no aceptan las acusaciones de cabotaje.

Además, denunció un constante clima de persecución a la salida de las revisiones, lo que ha generado temor de cruzar la frontera para trabajar.

El manifestante aclaró que la protesta es impulsada directamente por los choferes y no por partidos políticos ni por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), organismo del cual se dijeron desatendidos.

Aunque reconocieron que algunos permisionarios se oponen a las movilizaciones por priorizar intereses monetarios, destacaron que parte de los patrones ha mostrado empatía permitiéndoles parar labores.

Los choferes advirtieron que, de no frenarse esta situación antes del inicio de la temporada alta de hortalizas, cientos de familias quedarán sin sustento económico.