Que Ramón Vázquez Valadez, diputado con licencia y cuatísimo del alcalde tijuanense Ismael Burgueño sea el nuevo secretario del Ayuntamiento en la coqueta ciudad, no fue gratis. Nos contaron detalles del reparto de delegaciones a cambio del voto de apoyo (y unánime). Las mochilas con personajes caricaturizados del entonces legislador y del alcalde tijuanense, levantaron polvo en su momento; “que todo mundo se entere que soy totalmente leal” parecía decir el mensaje.

Aquí una lista de las delegaciones repartidas, para qué regidor y qué ganancia política tiene:

San Antonio de los Buenos | Miguel Loza Ginuez (Ex-PAN / Tránsito a MC) | Ajuste Estratégico: Se entrega esta delegación en pleno crecimiento urbano para consolidar su voto “bisagra”. Al romper con el bloque azul, debilita la contención opositora y asegura un voto clave hacia el centro-izquierda.

Playas de Tijuana | Pablo Yáñez Plascencia (Morena) | Control oficialista en zona de perfil alto, residencial y turístico, desplazando la influencia externa.

Centro | Ranier Alejandro Falcón Martínez (PES BC) | Voto de legitimidad y consenso externo (comercio establecido y turismo).

Otay Centenario | José de Jesús Franco / Melissa Pacheco (PVEM) | Voto aliado corporativo; control del sector industrial maquilador y aduanas.

La Mesa | Joel Fabián Guardado Reynaga (PT) | Voto aliado de izquierda tradicional; control de zona comercial de alta plusvalía.

La Presa Este | Rogelia Arzola Santillán / Estructura de Base (Morena) | Operación directa en el sector con mayor rezago habitacional de la periferia.

La Presa A.L.R. | Arturo Aguirre González / Michel García Arceo (Morena) | Control del padrón social y comercial popular más dinámico del este.

Sánchez Taboada | Magaly Ronquillo Palacios / Mónica Padilla (Morena) | Gestión y contención comunitaria basada en comités de bienestar social.

Cerro Colorado | Heriberto Lemuel Ramírez Jiménez (Fuerza por México) | Voto aliado sectorial; zona residencial de nivel medio.

Por cierto vean esta ridiculez; le hicieron un corrido al nuevo funcionario. ¿Así o más arrastrados?

El nuevo secretario dejó su curul en el Congreso del Estado nada menos que a su hijastro, Jesús Daniel Razo Córdova, pero “no es nepotismo”. El nuevo legislador tiene 23 años y ya veremos si sale improductivo como Eligio Valencia o se pone a trabajar, como Michel Sánchez, por tomar ejemplos de su mismo partido.

El diputado Armando Samaniego anda llorando por la compra de votos del PRI en Coahuila -lo cual está mal si se comprueba-, y hasta se llevó a José Ramón a hacer bola a aquella entidad, como si tuviera la calidad moral de andar persiguiendo mapaches electorales.

A ver si está así de atento en su propia entidad cuando Morena ande acarreando gente a votar, pidiéndole que tome foto a su boleta y amenazándolos con no darles apoyos sociales, como pasó en la elección del 2024.

Hasta las 20:20 horas de este domingo 7 de junio, con 60 por ciento de las actas capturadas, el PRI va ganando todo en Coahuila.

Las condiciones para ejercer el periodismo en México es una de las más graves del mundo debido a la corrupción, al abuso de poder, al crimen organizado, a la impunidad generalizada y al contubernio entre poder y narcotráfico.

Cada 16 horas en promedio hay una agresión a un periodista en forma de amenazas, acoso judicial, vigilancia, espionaje, ataques físicos y digitales, lo que representa la vulneración del libre ejercicio de la libertad de expresión para más de 10 periodistas a la semana, lo que da 546 incidentes al año.

Artículo 19 ha documentado 176 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000, correspondiendo a los últimos sexenios 48 a Felipe Calderón, 47 a Enrique Peña Nieto, 47 a Andrés Manuel López Obrador y 9 a Claudia Sheinbaum.

Veracruz es el estado más letal históricamente, con alrededor de 31 casos, seguido de otros como Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Sonora. De Veracruz en la periodista secuestrada el 2 de junio pasado, es Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio local Pulso Informativo del Sureste, quien no ha sido localizada.

El ejercicio de las conferencias mañaneras, iniciado por López Obrador, pretendía ser un acto de rendición de cuentas y transparencia, y terminó siendo un circo mediático. La introducción de personajes ajenos al periodismo, pero cercanos al obradorismo, enturbiaron la calidad de las preguntas. Además, esa plataforma la utilizó el expresidente para denostar a la prensa, el que no estaba a su favor, estaba contra él.

Las mañaneras se instituyeron entonces en estados y municipios. Hablemos de Baja California. Poco duró ese ejercicio en Mexicali con Norma Bustamante. En vez de resolver dudas para evitar problemas, sus declaraciones causaban problemas y dejaban dudas. El poco oficio político de Norma y su falta de filtro a la hora de dar declaraciones, eran un dolor de cabeza para Comunicación Social, que no sabía cómo luego componer las cosas. Decidieron con el pretexto de que los funcionarios municipales “se perdían” todo el día cuando eran llamados a la mañanera, dejaron de hacerla.

Antes de semana santa, le pregunté a Norma en lo que creo ha sido su última conferencia formal, en el Parque Laguna México, sobre esa factura por más de medio millón de pesos correspondiente al pago de renta por el Teatro Lux de febrero de 2024, cuestión que se nos había ocultado a los mexicalenses, pues oficialmente dijeron que la renta de 519 mil pesos fue a partir de marzo de 2025 y que enero y febrero “se habían condonado”.

En dicha conferencia la alcaldesa prometió una “entrevista exclusiva” donde no solo explicarían por qué se pagó desde 2024 -cuestión que reconoció-, sino que además demostrarían que “habían regresado dinero” por concepto de renta; una ocurrencia de Norma que pensó para salir del apuro y que nunca enfrentó. Y no me quedé con las ganas de decirle que no tiene palabra.

Abro paréntesis para recordar que son 6 millones 228 mil pesos los que se pagaron en 2024 mientras nada pasada con ese inmueble, más lo invertido en 2025, más de 15 millones en adecuaciones a cargo del recomendado Skath Benjamín García Núñez, con quien por supuesto se negoció moche, como todo lo que hace el ayuntamiento, cuestiones que se encargan de negociar los hijos de la alcaldesa.

Por cierto que dichas adecuaciones hubieran tenido que correr por parte de los propietarios, entre ellos la esposa de Francisco Pérez Tejada Padilla, Emma Pedrero, a quien la esposa de Raúl Villareal, Ana Gissel Colín Sánchez, le donó sus acciones en 2022, sin duda preparándose para lo que planeaban. Cierro paréntesis.

Pasemos a la mañanera estatal. Si en la mañanera de la alcaldesa quienes queríamos preguntar levantábamos la mano, en la estatal, la lista del orden es un misterio. En el formato de registro preguntan si quieres preguntar, pero esto no determina nada.

Primero dijeron que la lista se armaba conforme al orden de registro, lo cual no era cierto y ahora dicen que depende de quien hace mucho que no pregunta, pero tampoco es verdad porque hay periodistas que han tenido 2 participaciones en conferencias seguidas.

De acuerdo a una compilación que hice sobre los turnos oficiales con micrófono de las mañaneras del 2026, correspondientes a Mexicali, Antonio Arvizu tiene 4 participaciones; tenemos 3 turnos en casi seis meses Enrique Luengas, Alfredo Azcárate, Yerson Martínez, Javier Barba y yo. Tienen 2 participaciones Cristian Torres, Gerardo Franco, Rafael Torres, Andrea Jiménez, Rosa María Méndez, Saíd Morales, Humberto Melgoza y Jorge Heras. Algunos más tienen una intervención al micrófono.

Hay que destacar que no siempre van a las mañaneras todos los periodistas, y que muchos se van -nos vamos- con respuestas de preguntas que son temas del momento porque gritamos los cuestionamientos.

Otro aspecto sobre la libertad de expresión, es que en transparencia el retroceso ha sido brutal. Lo que antes se encontraba en la página de la plataforma, ya no se sube. Como los contratos de publicidad del Ayuntamiento de Mexicali. O estaba y y se ha bajado, como los contratos de publicidad de la Fiscalía General del Estado. O nunca se ha subido, como los contratos de publicidad de Gobierno del Estado, cuyos datos durante la administarción de Marina del Pilar se han mantenido en cero. Y eso que la transparencia era uno de los pilares de su campaña, que tal si no.

En esta administración tenemos los asesinatos de dos periodistas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Agresiones físicas, acoso judicial, ataques digitales, amenazas, otorgamiento de contratos como castigo o recompensa, y actitudes hostiles de autoridades hacia la prensa.

La libertad de prensa se vive y se ejerce, no se agradece por ella a los gobernantes como si fuera una concesión de su parte. En la era de la información y las redes sociales, los periodistas sufrimos el uso de nuestras notas en páginas de influencers, quienes no tienen los valores deontológicos del periodismo; me refiero a cosas como estas: si se retoma una información de un medio, se tendría que compartir la publicación original; no descargar el video o copiar y pegar el texto, porque los créditos quedan intactos y las vistas son para la publicación original.

Tampoco está bien agregar texto “de la propia cosecha” antes del texto pirateado, porque parece que lo dijo el periodista y no quien retoma la información ajena.

Mucho menos se debe tomar la información de un medio cambiándole la redacción para evitar poner la fuente, o incluso si la incluyen, al haber reescrito la nota puede perderse o alterarse el sentido original de la publicación, por eso es mejor simplemente compartir la nota original, así nos ayudan a difundir el trabajo que hacemos los periodistas. A quien así lo hace, muchas gracias.

En otros temas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali perdió la acreditación de CALEA. Extraoficialmente las razones tienen que ver cuestiones de la administración de Pedro Ariel Mendívil, como los policías involucrados en desapariciones, el video de unidades de la policía escoltando al “Pitufo” a una fiesta a un fraccionamiento; que le hayan quitado la visa a quien dirigió la policía, etc.

Pero también hay situaciones de la administración de Luis Felipe Chan, como el video que trascendió donde policías extorsionan a una ciudadana extranjera. Sin duda un duro golpe para la reputación de la Policía Municipal de Mexicali.

Y ya van al menos tres derechohabientes de Issstecali a quienes les recetaron el medicamento Osaten, en alerta sanitaria por COFEPRIS.

Quisiéramos saber si le tocó comprarlo a Dagoberto Valdés, comisionado de COEPRIS que hace un año dirigía el Issstecali.

Quién compró ese lote de medicamentos; cuánto costó, cuánto hay en existencia, y qué consecuencias habrá para los responsables, son preguntas que un gobierno transparente respondería. Ojalá la secretaria Anticorrupción, Gabriela Monge esté tomando nota y muy pronto nos pueda contestar estas preguntas, que no es complicado de saber si se lo propone.

Nos pasan esta información sobre la asignación de recursos del Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo (PIMMEE), donde solo alcanzará para el pago de arrendamiento anual de impresora, material de papelería y de limpieza para el resto del año fiscal. Pero los docentes sienten que es injusto que se les den estas cantidades mínimas mientras el gobierno se compra un avión, los derechos del mundial, el cocinero chino y otras cosas que no son prioridad.

Por cierto, hablando de educación, desde que el Gobierno del Estado les quitó a los sindicatos la atribución de enviar maestros a donde se necesitaban, es que surgió el problema de la falta de maestros.

Antes el sindicato proponía maestros para cubrir espacios que quedaban vacantes o de nueva creación. Ahora que el gobierno es el encargado de eso, no envía maestros que hacen falta porque no les quiere pagar. Como no se trata de sindicalizados, a los interinos nadie los defiende, así que por un lado, el gobierno los quiere trabajando gratis y el sindicato como no son agremiados se lava las manos. Una más de las grandes ideas de la cuarta transformación que ha terminado en desastre.

 

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

Hay imágenes que incomodan porque exhiben una realidad que el discurso oficial intenta maquillar.

El video difundido este fin de semana sobre la irrupción de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California en el domicilio de una joven mujer identificada como Karen no sólo generó indignación. Generó miedo. Y debería preocuparnos a todos.

Porque más allá de si la mujer es inocente o culpable. Más allá de si existía o no una investigación previa. Más allá incluso de los supuestos delitos que hoy se le quieran imputar, lo que quedó grabado es algo mucho más delicado: el aparente atropello de derechos fundamentales por parte de quienes están obligados a protegerlos.

Este miércoles, la fiscal María Elena Andrade aseguró que los agentes sí contaban con una orden de cateo derivada de una denuncia anónima relacionada con presunto narcomenudeo.

Es una explicación institucional que merece ser escuchada. Pero también merece ser contrastada con lo que observa cualquier ciudadano al ver el video.
Y el video muestra otra cosa.

Muestra agentes entrando de forma violenta. Muestra a una mujer exigiendo que le exhiban la orden judicial. Muestra confusión, amenazas, daños materiales y una autoridad que en ningún momento parece interesada en explicar qué está ocurriendo.

Si la orden existía, ¿por qué no fue mostrada de inmediato?
Si el procedimiento fue legal, ¿por qué la percepción ciudadana es exactamente la contraria?
Si todo se hizo conforme a derecho, ¿por qué la Fiscalía no ha difundido de manera transparente los elementos que justifiquen una actuación tan agresiva?

La defensa institucional de los agentes resulta comprensible. Ningún titular de una corporación sale a desautorizar públicamente a sus subordinados antes de una investigación interna. Pero una cosa es respaldar a la institución y otra muy distinta meter las manos al fuego por todos los que portan una placa.

La historia reciente de México debería haber vacunado a cualquier autoridad contra esa tentación.

Porque cuando los funcionarios creen ciegamente en la infalibilidad de sus policías terminamos escuchando historias que después se derrumban en los tribunales: detenciones ilegales, pruebas sembradas, confesiones fabricadas, allanamientos indebidos y expedientes construidos con más imaginación que evidencia.

Lo verdaderamente alarmante es la normalización de las llamadas denuncias anónimas como justificación de actuaciones invasivas.

Las denuncias anónimas pueden servir para iniciar investigaciones. Pueden generar líneas de trabajo. Pueden incluso alertar sobre actividades ilícitas.

Lo que no pueden convertirse es en una patente de corso para derribar puertas, intimidar ciudadanos y vulnerar garantías constitucionales.
Porque entonces cualquier persona estaría a merced de la mala fe, de una venganza personal o de una simple equivocación.
Bastaría una llamada.
Una denuncia.
Un señalamiento sin rostro.
Y de pronto un grupo de agentes podría aparecer frente a tu casa.
La pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano no es si Karen es inocente o culpable.

La pregunta es mucho más sencilla:
¿Aceptaríamos el mismo procedimiento si hubiera ocurrido en nuestra casa?
Porque el Estado de derecho no se construye defendiendo solamente a las personas simpáticas o populares. Se construye protegiendo también a quienes nos generan dudas, precisamente para evitar que el poder se convierta en arbitrariedad.

Resulta particularmente preocupante que, según la propia versión de la afectada, durante el operativo desaparecieran dinero y pertenencias. Eso deberá investigarse con absoluta seriedad. No porque la denuncia sea necesariamente cierta, sino porque cuando la autoridad entra a un domicilio adquiere una responsabilidad enorme sobre todo lo que ocurre dentro de él.

Y más inquietante aún resulta que la respuesta pública haya derivado en advertencias sobre vigilancia y seguimiento.

Los ciudadanos no deben temerle a la autoridad.
Los delincuentes sí.
Hay una diferencia enorme.

La fiscal María Elena Andrade tiene una oportunidad para demostrar que la Fiscalía no está por encima de la ley, sino sometida a ella.
No defendiendo automáticamente a sus agentes.
No desacreditando a quien denuncia.
No apostando a que el escándalo mediático se olvide.
Sino ordenando una revisión exhaustiva del procedimiento y transparentando cada una de las actuaciones realizadas.
Porque si el cateo fue legal, la ciudadanía merece verlo.
Y si hubo abusos, la ciudadanía merece saberlo.

Lo que está en juego no es solamente la credibilidad de una institución.
Es algo mucho más importante.

La confianza de los ciudadanos en que cuando toquen a su puerta no será la arbitrariedad disfrazada de justicia.

Porque la puerta que aparentemente derribaron en esa vivienda de Mexicali no era únicamente la de Karen.

Era la puerta que separa al Estado de derecho del abuso de poder.
Y esa, una vez abierta, suele ser muy difícil volver a cerrarla.