Ante la detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel Mendívil García, y de elementos de la corporación, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Mexicali (CCSPM) propuso este martes fortalecer los mecanismos de control y evaluación de confianza en las corporaciones policiales.

En comunicado de prensa el organismo ciudadano reconoció la actuación coordinada de las autoridades estatales y federales en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad judicial.

Subrayó que la investigación y persecución de los delitos, sin importar el cargo de las personas involucradas, es una función esencial del Estado de derecho, siempre con respeto al debido proceso.

El Comité calificó los delitos investigados como de las violaciones más graves a los derechos humanos que puede cometer un servidor público.

En ese sentido, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, e insistió en que el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño debe ser el centro del proceso que inicia.

“Hechos de esta naturaleza confirman que la solidez institucional de las corporaciones de seguridad no puede depender de la voluntad individual de quienes las dirigen, sino de mecanismos estructurales de evaluación y control de confianza que hagan sistemáticamente difícil la infiltración delictiva, independientemente de qué persona ocupe el cargo”, señala el documento.

Por ello, el CCSPM propuso que todos los titulares de seguridad pública municipales y estatales sean evaluados en el Centro Nacional de Evaluación de Control y Confianza.

El Comité anunció que solicitará mayores medidas institucionales al Ayuntamiento y a la Dirección de Seguridad Pública para reforzar los controles internos de la corporación.

Reiteró, además, su compromiso de participar activamente en mecanismos de evaluación patrimonial y en canales de denuncia interna protegidos que permitan detectar irregularidades al interior de las propias corporaciones.

El consejero jurídico del PRI en Baja California presentó este martes una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la consejera electoral Paola Ximena Beltrán Prado, por presuntas irregularidades que, a juicio del partido, podrían derivar en sanciones.

Joel Blas, informó que la denuncia integra diversos elementos, entre ellos el presunto incumplimiento de informar sobre una beca académica remunerada al momento de asumir el cargo, además de un viaje a España sin solicitar licencia ni notificar oficialmente su ausencia.

De acuerdo con Blas, la queja también incorpora como antecedente el Acuerdo INE/CG1162/2025, mediante el cual fueron designadas las consejerías electorales en Baja California, al considerar que la funcionaria estaba obligada a declarar cualquier posible conflicto de interés o percepción económica adicional dentro del plazo establecido tras rendir protesta.

Señaló que la denuncia será turnada por la junta local del INE a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instancia que dará trámite al procedimiento y, en su momento, presentará el expediente para la determinación que corresponda al Consejo General del instituto.

Como parte de las pruebas, se solicitará información a los consejeros del IEEBC para establecer si tenían conocimiento de la ausencia de la consejera y de la beca que presuntamente recibía, con el propósito de fortalecer el expediente.

Para finalizar, Joel Blas consideró que el caso también evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de revisión del INE durante los procesos de selección y nombramiento de consejeros electorales.

La detención de Pedro Ariel Mendivil, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, por parte de autoridades federales confirma la decadencia a la que fueron llevadas las corporaciones policiacas durante la política de “abrazos y no balazos” y es prueba de lo que señaló la oposición durante meses: la estrategia del gobierno en materia de seguridad sufre daños profundos y no tiene rumbo, opinó el diputado panista Diego Echevarría.

La detención ocurrida esta mañana no surge de la nada ni se trata de un hecho aislado, dijo. “Es el resultado de la complacencia institucional que ha dejado a las familias mexicalenses desprotegidas y a merced de la delincuencia. Durante meses existieron señalamientos públicos, investigaciones periodísticas e información que apuntaba a presuntos vínculos del también exfiscal regional de Mexicali, con la delincuencia organizada, incluso con referencias a indagatorias y acciones de autoridades de Estados Unidos”, agregó.

Más allá de la detención de una persona, queda de manifiesto que la infiltración del crimen organizado en las instituciones sigue siendo una amenaza real y que la impunidad ha permitido que quienes debían proteger a la ciudadanía, como responsables y cabezas de la seguridad pública, terminen bajo sospecha y tras las rejas, manifestó el legislador.

Las autoridades competentes deberán realizar una investigación impecable, seria, transparente y profunda sobre este caso, expresó. “Mexicali merece una explicación clara, sin simulaciones, que deslinde responsabilidades y permita conocer si existieron redes de protección, complicidades o encubrimientos, caiga quien caiga. Solo así podrá empezar a reconstruirse la confianza de la ciudadanía”, precisó.