Integrantes del movimiento Unidos por la Defensa de ISSSTECALI (UDIS), sostuvieron esta tarde una reunión con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para asegurar la no afectación de los ingresos de jubilados y pensionados.

Analizan técnicamente cómo adaptar las leyes locales para que el magisterio y la burocracia queden totalmente excluidos del tope federal del artículo 127, por eso hoy participaron en una primera mesa de trabajo para definir la estrategia parlamentaria con los pasos a seguir.

Los jubilados y pensionados exigen claridad absoluta por parte de ISSSTECALI. “No permitiremos vacíos legales; el futuro de los trabajadores y pensionados se debe garantizar con seguridad jurídica. Este es un movimiento legítimo hecho por y para los trabajadores y pensionados”, señalaron.

Los integrantes del grupo UDIS quieren asegurar la continuidad de la pensión dinámica y que no se les aplique retroactividad que pudiera afectar sus ingresos, como sucedió con los jubilados y pensionados de diversas instancias federales.

Los recientes hechos ocurridos en el municipio de Tecate, en los que menores han sido víctimas de actos de extrema violencia, han generado indignación, dolor y preocupación en la sociedad por lo que la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco a través de su presidenta, Lic. Estefanía Campos García consideró que toda víctima de la violencia merece justicia.

Cuando quienes resultan afectados son niñas, niños y adolescentes, el impacto social y humano es aún más profundo, pues se trata de personas que, por su condición de vulnerabilidad, deben encontrarse bajo la máxima protección de la familia, la sociedad y el Estado, indicó al recordar el caso del cuerpo atado de un menor contrado en dentro de una maleta.

“Lo ocurrido en Tecate es una línea que jamás debió cruzarse. Estos hechos obligan a una reflexión seria sobre la realidad que enfrenta Baja California en materia de seguridad y sobre la eficacia de los mecanismos de prevención y protección de la infancia. La violencia contra niñas y niños no puede verse como una estadística más; representa una señal de alarma que exige respuestas inmediatas y acciones concretas”, apuntó.

Por ello, desde la Barra de Abogadas hicieron un llamado a las autoridades competentes para que las investigaciones se conduzcan con absoluto profesionalismo, objetividad y transparencia, se esclarezcan plenamente los hechos, se capture a todas las personas responsables y se aplique todo el peso de la ley, toda vez que la sociedad tiene derecho a conocer la verdad y las familias de las víctimas tienen derecho a la justicia.

Asimismo, manifestó que es indispensable fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia y a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, ya que el interés superior de la niñez no puede limitarse a un principio jurídico; debe traducirse en acciones efectivas que garanticen entornos seguros para nuestras infancias.

Un problema entre la familia heredera del popular hotel El Cortez en San Felipe, inició un caso legal que advierten los afectados, es beneficiado por el Ministerio Público, la Secretaría e Trabajo y Previsión Social y la Fiscalía General del Estado.

Juan Pablo Leyva Rodríguez, presidente del Consejo de Administración de la empresa Impulsora Turística Rodríguez, administradora del hotel, dijo que los delitos involucrados en el caso son despojo, fraude procesal, administración fraudulenta y robo con violencia, y a uno de los acusados, Javier Alejandro Rodríguez Romero, por el delito de falsedad de declaraciones.

Recordó que el día 23 de septiembre del año 2005, tres de los hijos de la señora María Estela Romero Rodríguez tomaron violentamente el hotel, fundado por Juan Nepomuceno Rodríguez Mérida, quien al fallecer estipuló que los cinco hijos y su viuda cobraran 5 mil dólares cada mes.

En enero del año 2005 dejaron de gozar del recurso estipulado la señora Romero Rodríguez y dos de sus hijos, por lo que presentaron una denuncia en 2008.

Tres de los hijos tomaron por asalto el hotel, pusieron guardias y no dejaron entrar a su mamá ni a sus otros dos hermanos. De la denuncia del 2008, se determinó en 2014 como como responsable de los delitos a Alejandro, Jorge y Juan Jesús Rodríguez Romero, por despojo, fraude procesal, administración fraudulenta y robo con violencia, y a Javier Alejandro por el delito de falsedad en las declaraciones, informó.

Incluso el Ministerio Público turnó al Poder Judicial la solicitud de órdenes de aprehensión contra los tres hijos, las cuales no se pudieron librar porque a partir de que perdieron el juicio mercantil, realizaron otra asamblea donde le revocan el nombramiento como presidente del Consejo de Administración, situación que se resolvió años después por el segundo tribunal colegiado de circuito.

Impulsora turística Rodríguez, en el año en que la última declaración anual que se hizo, que fue del 2004, facturaba más de un millón de dólares al año por ocupación hotelera, apuntó el presidente del Consejo de Administración.

El 2015 los hijos obligaron a su madre a llegar a un acuerdo, dividieron el hotel y le dejaron exclusivamente el restaurante, resaltó. “Cabe señalar que todos estos artificios legales han sido diseñados básicamente por tres abogados muy connotados de aquí de Mexicali, Heberto Garrido Limón, Luis Antonio Garrido Limón y José Luis Díaz Rodríguez. Son los artífices de todas estas maquinaciones para estar sustrayendo el dinero que produce el hotel El Cortez en San Felipe, opinó.

Por eso, Leyva Rodríguez presentó una denuncia contra los tres abogados y contra tres de los hijos, que se radicó aquí en la Fiscalía del Estado, pero los agentes del Ministerio Público David Ricardo García Hernández y la licenciada Jessica Yesenia Mesa Ochoa se han obstinado, consideró, en no valorar bien las pruebas que se han aportado y han determinado concentrarse exclusivamente en el delito de administración fraudulenta.

“Pasan por alto una serie de pruebas que están en la carpeta de investigación, entre ellas para poder sustraer todavía más los recursos del hotel declararon una huelga insubsistente donde contaron con la complicidad de las autoridades, en este caso de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de tal suerte que eso lo ofrecí yo como prueba dentro de esta nueva denuncia. Esta es la información que manda la licenciada Zulma Nidia Martínez Beltrán, presidente de la local conciliación y arbitraje de Mexicali”, declaró.

Los hijos que se quedaron con el hotel declararon una huelga que no existe, donde se prestó el Sindicato de la CROC para simular esa huelga y el presidente de la Junta de Conciliación (8:57) y Arbitraje, con documentos que obran en la carpeta de investigación, hizo oficios para el SAT federal, el Seguro Social, Recaudación de Rentas del Estado e Infonavit diciéndole que la empresa está en huelga,

Por todos estos hechos hay un delito contra la Administración Tributaria, simulación y hay fraude procesal, sin embargo, los agentes del Ministerio Público pasan por alto el análisis de todas las pruebas para proteger aquí a los denunciados, expresó el denunciante.

El caso se definirá en la próxima audiencia, este 11 de junio a las 10 de la mañana en la Sala 5, donde se va a determinar si el litigio sigue o van a proteger a los denunciados, tanto a los jóvenes Rodríguez como los abogados, subrayó.

“Aunque es un asunto privado de una empresa, de una familia y aparentemente no tiene repercusiones de interés para la sociedad, yo creo que sí, porque si vemos la injusticia, la criminalidad y todo lo que hay, sobre todo en la incompetencia de los órganos de procuración y administración de justicia, pues es un tema que compete a toda la sociedad”, dijo

Leyva Rodríguez comentó que pidió una audiencia con la gobernadora, la cual le fue negada, siendo dirigido con el Secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, quien no quiso intervenir, lo que protege los intereses de los denunciados.