El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se mantiene a la espera de la confirmación de una reunión con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), prevista tentativamente para este jueves en la CDMX, donde buscará plantear la necesidad de un apoyo extraordinario para productores afectados por las condiciones climáticas; así lo dio a conocer este jueves el representante del Frente en Baja California.

Horacio Gómez informó que hasta el momento no se ha definido el horario ni se ha confirmado oficialmente el encuentro; sin embargo, expuso que este lunes por la noche los representantes estatales sostendrán una reunión virtual para conocer si la reunión con la autoridad federal se llevará a cabo.

El principal objetivo del encuentro será dar seguimiento a la solicitud presentada previamente ante la SADER, mediante la cual los productores de diversos estados solicitan un apoyo complementario para enfrentar las pérdidas ocasionadas por el bajo desarrollo de cultivos como el trigo y el maíz, derivado de las condiciones climáticas registradas.

Explicó que, de acuerdo con un análisis realizado, están requiriendo un apoyo de 10 mil 738 pesos por hectárea, monto calculado con base en los costos de producción, con el propósito de ayudar a los agricultores a cubrir parte de las pérdidas económicas.

Para finalizar, el vocero del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano reiteró que la producción de trigo y maíz son granos básicos y de suma importancia para la alimentación de toda la ciudadanía, por lo que insistirá en que la autoridad federal atienda la solicitud de los productores afectados.

El presidente del CCE en Baja California, Octavio Sandoval, expresó que lamentan mucho que el Gobierno del Estado esté distraído construyendo una respuesta a estas nuevas revelaciones, cuando debería estar enfocado en gestionar ante CFE una estrategia para contener los apagones o resolviendo los problemas de inseguridad de Tecate y Rosarito.

“Los bajacalifornianos necesitamos un gobierno enfocado en resolver los problemas”, manifestó.
Respecto a los nuevos audios, dijo que terminan por confirmar las contradicciones de las explicaciones anteriores.

Baja California no merece tener gobernantes enfrascados en una lucha de poder y con campañas electorales anticipadas, opinó Sandoval.

El diputado federal por Baja California, Gustavo de Hoyos Walther, solicitó una investigación pública e independiente para esclarecer las implicaciones del nuevo audio difundido por el periodista Héctor de Mauléon, en el que se hace referencia a la situación legal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ante autoridades de Estados Unidos.

A través de un posicionamiento, el legislador señaló que la nueva grabación representa un nuevo capítulo en la serie de graves revelaciones relacionadas con las acciones de la mandataria estatal respecto a su situación jurídica en el vecino país. Indicó que resulta preocupante que la titular del Poder Ejecutivo de Baja California haya sostenido contactos con personas extranjeras cuya identidad y representación, afirmó, “no han sido del todo claras”.

De Hoyos sostuvo que existe preocupación en la opinión pública por la posibilidad de que dichos contactos hayan derivado en la revelación de información sensible a la que la gobernadora tiene acceso por la naturaleza de su cargo, por lo que consideró indispensable esclarecer los hechos mediante una investigación imparcial.

El diputado pidió que se determine si, como consecuencia de las acciones atribuidas a la gobernadora, pudo haberse infringido alguna legislación federal o local, o incluso si se configuró la comisión de algún delito. En ese sentido, exhortó a las autoridades competentes a informar de manera puntual y transparente sobre las investigaciones que actualmente se encuentren en curso o las que lleguen a iniciarse en relación con este caso.

Asimismo, señaló que las indagatorias deben ser exhaustivas e incluir la posible participación de personas del entorno público de la mandataria, así como de otros personajes mencionados por la propia gobernadora como presuntamente involucrados en los hechos, entre ellos el exgobernador Jaime Bonilla Valdez.

En el ámbito político, Gustavo de Hoyos consideró que Marina del Pilar Ávila Olmeda debe realizar una evaluación profunda sobre las consecuencias que este caso ha tenido en la estabilidad política de Baja California, particularmente cuando la entidad se encuentra próxima a iniciar un nuevo proceso electoral.

Finalmente, el legislador afirmó que las revelaciones difundidas han provocado un deterioro en la imagen del estado, al generar una percepción de debilitamiento del Estado de Derecho, situación que, dijo, podría afectar la confianza pública y la reputación de Baja California.