La mañana de este viernes, un miembro de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California fue asesinado a balazos al salir de su domicilio en Rincón del Castillo, colonia El Escorial, en el municipio de Tecate.

De acuerdo con los reportes preliminares, el ataque ocurrió a las 7:53 horas. Al llegar los servicios de emergencia, la víctima, ya no presentaba signos vitales. En el lugar se encontraron cartuchos percutidos de arma larga y una narcomanta junto al cuerpo, cuyo contenido no ha sido revelado oficialmente por las autoridades.

Fuentes oficiales identifican al agente como Cristian Alfredo Sandoval Aguilar, quien se desempeñaba como jefe de la unidad especializada en robo de vehículos de la AEI en Tecate.

El secretario general del Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA), Edgar Cruzaley, denunció que el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda viola reiteradamente los derechos laborales adquiridos de los trabajadores sindicalizados del sistema de salud en la entidad, al negar sistemática y reiteradamente prestaciones contenidas en las Condiciones Generales de Trabajo que por disposición judicial deben ser extensivas para todos los trabajadores sin importar su condición o afiliación sindical y sin importar que se encuentren afiliados o no a alguna organización sindical.

Reiteró que la reforma laboral dispone que las prestaciones no pueden ni deben condicionarse a los sindicatos minoritarios, “pues el espíritu de la misma fue garantizar una verdadera democracia sindical y libertad de asociación, derechos que el gobierno de Baja California que encabeza Marina del Pilar se ha negado a hacerlo, siendo único estado que transgrede los derechos adquiridos de los empleados de la salud”.

Hoy se pagaban los uniformes al personal de salud, no trabajadores transferidos, pero solo les llegó el depósito a los trabajadores del sindicato que dirige Virginia Noriega, el SNTSA, al parecer por instrucciones de la Secretaría General de Gobierno, comentó.

Integrantes de SIMESA hacen un llamado a la gobernadora, al secretario general de Gobierno, Juan José Pon, y al secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas para que entreguen esa prestación sin distingos, a la brevedad.

Un grupo de 20 personas en contexto de movilidad, que se hallaban retenidas en un domicilio en contra de su voluntad, fue rescatado por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) tras atender una denuncia anónima en el número 089.

Al momento de la intervención, la autoridad estatal realizaba patrullajes de prevención en la zona limítrofe con Estados Unidos, bajo el operativo “ESPEJO”, coordinado en paralelo con la patrulla fronteriza (U.S. Border Patrol).

De acuerdo con la alerta ciudadana, durante varios días fue notoria la llegada de personas a una vivienda ubicada sobre la calle Sebastián Arteaga, entre Paseo Picasso y la calle José Clemente Orozco, en la colonia Nueva Tijuana; el reportante, añadió que la situación se agravó cuando se empezaron a escuchar gritos de mujeres solicitando auxilio y manifestando que tenían hambre.

Al arribar a la dirección referida, los uniformados se percataron desde la vía pública de las voces que confirmaban la emergencia, por lo que de inmediato se aproximaron al inmueble para brindar el apoyo requerido.

Una vez en el interior, los agentes de la FESC localizaron a 20 personas, 18 de ellas de nacionalidad mexicana y dos más originarias de la República del Ecuador, tratándose en total de 16 hombres y 4 mujeres.

Al entrevistarse con los ciudadanos, estos manifestaron que su intención era cruzar hacia los Estados Unidos y que llevaban varios días retenidos en el lugar sin que les dieran alguna razón de su situación. Asimismo, señalaron que las personas encargadas de vigilarlos eran dos jóvenes.

Tras preguntarles si requerían atención médica, manifestaron no necesitarla, pero expresaron tener mucha hambre, por lo que se les proporcionó alimentos y bebidas mientras los agentes recababan las entrevistas correspondientes.

Finalmente, el grupo de 20 personas fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para su puesta a disposición en calidad de víctimas del delito de tráfico de personas.