COLUMNA INVITADA/ Por Fernando Ruiz del Castillo

En política hay un principio que nunca falla: quien más presume transparencia suele ser quien más se incomoda cuando alguien le pide abrir un expediente.

La narrativa oficial insiste en que el nuevo “derecho de las audiencias” pretende proteger a los ciudadanos de la desinformación. Suena noble. Hasta democrático. El problema es que esa cruzada empieza por vigilar a quienes hacen preguntas y no a quienes tienen las respuestas.

Porque, seamos francos, el mayor generador de información inaccesible en México no son los medios de comunicación. Es el propio gobierno.

Resulta casi entrañable escuchar desde Palacio Nacional discursos sobre el derecho de los mexicanos a recibir información veraz, mientras cientos de expedientes permanecen clasificados, contratos aparecen parcialmente testados, auditorías llegan incompletas y los costos reales de las grandes obras públicas siguen siendo un acertijo digno de un concurso de televisión.

Es el mundo al revés.

El gobierno quiere convertirse en árbitro de la verdad… sin enseñar el marcador.

Si realmente existe un compromiso con las audiencias, el examen no debería empezar en una redacción periodística. Debería comenzar en el escritorio de cada secretario de Estado, director de organismo, general, almirante, delegado, gobernador, senador, diputado, alcalde y funcionario que vive del presupuesto.

Publiquen las declaraciones patrimoniales completas.

No las versiones descafeinadas donde desaparecen propiedades, montos, inversiones y cualquier dato que pudiera despertar curiosidad ciudadana.

Publiquen también las declaraciones fiscales.

Las declaraciones de intereses.

Los contratos.

Los anexos técnicos.

Las auditorías.

Las bitácoras de obra.

Los convenios.

Los informes financieros.

Las evaluaciones de desempeño.

Los padrones auditables de programas sociales.

Las compras de medicamentos.

Las adjudicaciones directas.

Los subsidios reales del AIFA.

Los costos definitivos del Tren Maya.

Las cuentas finales de Dos Bocas.

Los estados financieros de las empresas administradas por las Fuerzas Armadas.

Los convenios internacionales en materia migratoria.

Las cifras completas sobre desaparecidos.

Las investigaciones sobre fosas clandestinas.

Los informes de inteligencia que, curiosamente, casi siempre encuentran refugio bajo el paraguas de la “seguridad nacional”.

Si de verdad quieren defender el derecho de las audiencias, ahí tienen una magnífica oportunidad.

Porque las audiencias no necesitan un gobierno que les diga qué noticia creer.

Necesitan un gobierno que deje de esconder los documentos con los cuales pueden verificar por sí mismas quién dice la verdad.

La ironía alcanza niveles extraordinarios.

Hace apenas unos años, Morena repetía que la opacidad era el combustible de la corrupción. Que bastaba abrir las ventanas para que entrara el aire fresco de la democracia. Que nunca más habría gobiernos que escondieran información pública.

Hoy las ventanas siguen donde mismo.

Lo único que cambió fue el grosor de las cortinas.

Y mientras más se habla de transparencia, más reservas aparecen.

Más documentos desaparecen del escrutinio.

Más expedientes permanecen cerrados.

Más respuestas se convierten en “información clasificada”.

Más decisiones públicas terminan protegidas por el viejo recurso burocrático del “no se puede entregar”.

La pregunta entonces deja de ser jurídica.

Se vuelve política.

¿Por qué un gobierno que asegura tener la autoridad moral más alta de la historia necesita reservar tanta información?

¿Por qué si las grandes obras son tan exitosas cuesta tanto conocer cuánto costaron realmente?

¿Por qué si el combate a la corrupción es un emblema resulta tan complicado conocer con detalle quién contrata, cuánto cobra, quién supervisa y quién responde por los sobrecostos?

¿Por qué un ciudadano debe litigar durante meses para obtener información que fue pagada con sus propios impuestos?

Tal vez porque el verdadero problema nunca fueron las noticias falsas.

El verdadero problema siempre ha sido la información verdadera… cuando resulta incómoda para el poder.

En ese contexto, hablar del derecho de las audiencias sin garantizar primero el derecho de acceso pleno a la información pública es construir una casa empezando por el techo.

No existe audiencia libre sin ciudadanos informados.

No existen ciudadanos informados cuando el gobierno administra el acceso a los documentos como si fueran propiedad privada.

Y no existe democracia sólida cuando el poder pretende convertirse simultáneamente en juez, parte y verificador de la verdad.

La credibilidad no nace de una reforma legal.

Mucho menos de un discurso mañanero.

La confianza se construye abriendo archivos, mostrando contratos, exhibiendo auditorías, transparentando patrimonios y aceptando preguntas incómodas sin esconder las respuestas en un cajón con sello de “reservado”.

Porque el día que el gobierno publique todo aquello que hoy mantiene bajo llave, ese día ya no tendrá que preocuparse por el derecho de las audiencias.

Las audiencias, simplemente, tendrán con qué juzgarlo.

Crónica de una traición anunciada

En la política de Baja California, los principios parecen cambiar tan rápido como el clima. La última sorpresa nos deja ver un ejercicio puro de supervivencia: la reunión entre la senadora con licencia Julieta Ramírez, el exgobernador Jaime Bonilla y el operador político Jesús Ruiz Uribe.

Aunque antes parecían estar en bandos contrarios, hoy posan juntos y sonríen para las cámaras. Pero lo más llamativo de este encuentro no es la alianza en sí, sino la clara distancia que la legisladora ha decidido poner respecto a su otrora mentora y amiga, la gobernadora Marina del Pilar.

La lealtad en la política a veces dura lo que duran las buenas rachas. ¿Para qué quedarse cargando con los problemas y el desgaste de una administración estatal complicada, cuando se puede buscar nuevas alianzas pensando en el futuro?

Las redes sociales no tardaron en reaccionar con críticas, señalando que la misma política que creció bajo la sombra del gobierno estatal hoy busca acomodo en otros espacios para asegurar su camino político.

Es el clásico drama donde los afectos caducan en cuanto dejan de ser convenientes. Mientras el barco oficial enfrenta momentos difíciles, Julieta prefiere voltear hacia otro lado.

Al final, nos queda esta escena muy humana: abrazos fríos y mucho cálculo político donde la amistad real parece ser lo de menos. Los ciudadanos observan una vez más cómo los actores cambian de bando con total facilidad, dejando claro que en la política los afectos duran muy poco.

(Everything Everywhere All at Once, 2022), dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, es una película cuyo tema central es la búsqueda de sentido en medio del caos y las posibilidades infinitas.

En dos meses hemos tenido audios filtrados de la Gober, la detención y liberación de Pedro Ariel Mendívil, el destape de Macalpin, el besamanos de los aspirantes morenistas con Bonilla, una declaración autoinculpatoria de Norma Bustamante sobre su exdirector de policía, agentes de fiscalía asesinados, agentes de policía detenidos por estar relacionados con la desapariciones, más los temas permanentes como el desabasto de medicamentos, la falta de maestros en las escuelas, la tardanza en el pago a interinos, los cortes de agua en la zona costa, los apagones y  los choques mortales.

En la última reunión de gabinete convocada por Marina del Pilar, además de quitarles los teléfonos (lo que ya es un procedimiento estándar para cualquier audiencia individual o colectiva con la mandataria) les dijo que tenían hasta el 14 de agosto -el viernes de la próxima semana- para que levantaran la mano quienes quieran participar como candidatos en las elecciones del 2027.

En la conferencia mañanera de hoy en Tijuana no hubo grandes explicaciones sobre el caso Pedro Ariel, y como no fue la fiscal argumentando cuestiones de salud, no se abundó mucho tampoco por el lado de la FGE. Solo dijo Juan Carlos Buenrostro, coordinador de gabinete de esa institución, que están revisando la resolución judicial.

Muy raro que la fiscal no haya aparecido hoy, seguro no quieren exponerla más al tema, como sucede con Norma Bustamante, quien nos tiene que explicar cómo estuvo ese intento de operativo del ejército, por qué sería la acusación que le pedían que hiciera, si lo informó a alguien y por qué no se hizo nada ante esa certeza del ejército sobre los señalamientos de deshonestidad sobre Pedro Ariel.

Recordemos que al exjefe de policía le quitaron la visa, y a Norma Bustamante por no remover a Mendívil.

Me comentaron fuentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali que está raro que la agente de policía que dio su testimonio contra Pedro Ariel, y que incluso pidió medidas de protección por supuesta intimidación por parte de los abogados del exdirector, tenía una orden de aprehensión por el asunto del fraude dentro de la Fraternidad Policiaca cuando la denunció el presidente de la misma, Luis Antonio Navarrete Castillo, por apoderarse del dinero de la agrupación al hacer una asamblea apócrifa y otras linduras para quedarse con el control. Pensando mal, pues podría tratarse de un acuerdo con fiscalía para limpiar su expediente a cambio de clavar a su exdirector.

Y hablando de fiscalía, este viernes confirmó la detención de cuatro personas, entre ellas tres exfuncionarios y funcionarios del Registro Público de la Propiedad, así como una persona civil, investigadas por presunto fraude procesal, uso de documentos falsos y cambios irregulares de propietario.

El coordinador de la Fiscalía informó que durante el fin de semana se realizó un operativo derivado de diversas denuncias relacionadas con modificaciones de propietarios presuntamente realizadas mediante documentación apócrifa; concretamente un predio ubicado en el fraccionamiento Urbi quinta del Cedro, Tijuana.

Al parecer las travesuras de los funcionarios incluyen la presunta simulación de un contrato de compraventa; la inscripción registral de una operación cuya fecha de ratificación sería posterior a su registro; la presunta utilización de documentación irregular para modificar la situación jurídica del inmueble; la posterior presentación de una escritura presuntamente apócrifa para cancelar un gravamen, y como cereza del pastel, el involucramiento de una notaría de Campeche de cuya existencia hay duda.

Se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con el Registro Público de la Propiedad, entre ellas un analista, un exregistrador, un exsubregistrador y el actual subregistrador, además de una persona civil. Se trataría de Otilia, Humberto, José Antonio y Diego Isaac.

El coordinador de gabinete de la FGE, Juan Carlos Buenrostro dijo hoy que una de las personas se encuentra en prisión preventiva, mientras que otras están sujetas a distintas medidas cautelares.

El coordinador de la institución señaló que existen “varios grupos y diversos tentáculos” relacionados con lo que calificó como un “cártel inmobiliario”, y confirmó que ya hay civiles detenidos por estos hechos.

Ya hemos publicado varios ejemplos de fraudes en el tema inmobiliario, donde es indudable la participación de funcionarios del Registro Público de la Propiedad, y ni a ellos ni a los estafadores les ha pasado nada.

El caso de Miguel Cristalinas es especialmente triste: Rafael Camarillo Flores, un estafador que tiene una empresa llamada Inmobiliaria 33, esta vez bajo el nombre de Rogelio Márquez Lamarque, pondría a la venta la casa de Miguel.

El contrato de servicios por seis meses lo firmaron en julio de 2025, y un mes después su casa aparecía en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) a nombre de Geometar Asesores Inmobiliarios, representada por Refugio Ramírez Rubio, en operación pasada por la fe del notario número 15.

Miguel vive ya fuera de la entidad, en la casa de su hijo y su familia, deprimido y desesperanzado porque ve que la justicia no funciona en Baja California. Rentaba la casa para poder seguir pagando el crédito adquirido para hacerse de esa propiedad, el cual sigue pagando porque la deuda no desaparece con la estafa.

En otro tema, trascendió que el exdirector de Comunicación Social del Congreso del Estado, Hugo Ruvalcaba, le tiró a la toalla a Julieta Ramírez como su estratega de comunicación. Al parecer ya no aguantó la soberbia de la senadora con licencia. Solo le queda Edgar Covarrubias, quien parece tener más estómago para aguantarla.

Finalmente, esta joya de TikTok, producto de un criterio alterado por la edad y el amor.

COLUMNA INVITADA/Por Fernando Ruiz del Castillo

La detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, llegó en uno de los momentos políticos más delicados para el gobierno de Baja California. En cualquier otra circunstancia habría sido presentada como un golpe contundente contra la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Hoy, en cambio, despierta más preguntas que aplausos.

Porque cuando una administración atraviesa una tormenta de credibilidad, cada movimiento deja de leerse por lo que es y comienza a interpretarse por lo que parece.

Y lo que parecía una operación destinada a cambiar la conversación pública podría terminar convirtiéndose en exactamente lo contrario: una auténtica caja de Pandora.

No la que anunció con entusiasmo la fiscal María Elena Andrade, sino una mucho más incómoda para el propio gobierno.

Porque un hombre como Pedro Ariel Mendívil no es un improvisado. Es un policía formado, conocedor de las leyes, de los procedimientos, de las cadenas de mando y, sobre todo, de los secretos que rara vez quedan asentados en un expediente. Sabe quién ordenó, quién autorizó, quién calló y quién prefirió no preguntar.

Si decide hablar, difícilmente lo hará únicamente ante la Fiscalía estatal.

Tendrá mucho de qué conversar con Omar García Harfuch. Con Ernestina Godoy. Y, si las circunstancias lo empujan, también con las agencias estadounidenses que desde hace tiempo mantienen la lupa sobre Baja California.

Ahí es donde la historia deja de ser una nota policiaca para convertirse en un problema político de enormes dimensiones.

Porque la verdadera interrogante no es por qué detuvieron a Mendívil.

La pregunta es por qué tardaron tanto.

La propia fiscal aseguró que la investigación comenzó en enero de 2023. Si eso es cierto, entonces el dato resulta devastador.

Significa que durante veinte meses un funcionario bajo sospecha e investigación de una autoridad judicial estatal, continuó dirigiendo la Policía Municipal de Mexicali.

Veinte meses. Veinte meses asistiendo a las mesas de seguridad. Veinte meses compartiendo información sensible. Veinte meses coordinándose con corporaciones estatales, federales e incluso con autoridades internacionales. Veinte meses representando institucionalmente a la capital del estado. Veinte meses “protegiendo y sirviendo”.

Y nadie consideró prudente separarlo del cargo.

Resulta difícil encontrar una explicación lógica. Si las pruebas eran insuficientes para removerlo, entonces ¿por qué detenerlo ahora?

Pero si desde entonces existían elementos sólidos para investigarlo, la pregunta es todavía más incómoda. ¿Quién autorizó que permaneciera al frente de la corporación?

Porque las investigaciones penales podrán ser muy complejas, pero las responsabilidades administrativas no necesitan esperar veinte meses.

Más aún cuando, desde su paso por la Fiscalía Especializada en Mexicali, circulaban versiones persistentes sobre su presunta cercanía con un grupo criminal que opera en la región. Eran rumores, sí. Pero justamente por eso una investigación debía extremar las precauciones, no relajarlas.

Lo verdaderamente preocupante es que el gobierno parece celebrar hoy una captura que, en realidad, exhibe una omisión monumental.

Es como si el capitán de un barco presumiera haber encontrado una vía de agua… después de navegar casi dos años con ella abierta.

La Fiscalía pretende vender la imagen de una institución que actúa.

Lo que termina proyectando es la de una institución que observó, documentó… y esperó. Esperó mientras un jefe policiaco seguía tomando decisiones. Esperó mientras seguía administrando información estratégica. Esperó mientras seguía teniendo acceso a todo aquello que hoy, supuestamente, constituye parte del problema. Esperó mientras seguían desapareciendo jóvenes y apareciendo fosas.

Y en un estado golpeado por desapariciones, homicidios y una creciente desconfianza ciudadana, ese detalle no es menor.

Porque los bajacalifornianos ya no exigen únicamente detenciones espectaculares.
Exigen respuestas.

Exigen saber quién permitió que un funcionario investigado permaneciera casi dos años al frente de la corporación policial más importante del municipio.

Exigen conocer si hubo negligencia, protección o simple incompetencia.

Y exigen que las responsabilidades no terminen, como tantas veces ocurre, únicamente en el último eslabón de la cadena.

Capturar “charalitos” difícilmente impresionará a Washington que exige tiburones.

Mucho menos devolverá la confianza de los mexicalenses, que siguen buscando a sus desaparecidos y siguen esperando una explicación convincente sobre el deterioro de la seguridad.

Porque la verdadera caja de Pandora no se abrió con la orden de aprehensión contra Pedro Ariel Mendívil.

Se abrió en el instante mismo en que la Fiscalía reconoció que llevaba veinte meses investigándolo… y, aun así, decidió dejarlo al mando de la policía.

Y esa, por mucho que intenten cerrarla, será una explicación mucho más difícil de contener que cualquier conferencia de prensa.