Dice Julieta Ramírez que “ya empezaron los lobos con piel de oveja a querer confundir y dar mal la información”, sobre la polémica del punto de partida de su “marcha en defensa de la transformación y la defensa nacional” que había planeado iniciar desde la explanada de vicerrectoría de la UABC. Por poco y dice que la marcha sale de la Facultad de Derecho, porque es conocido que una de sus impulsoras es la madre de la gobernadora, Marina Olmeda.

Bien por el rector, Luis Enrique Palafox, quien publicó un posicionamiento donde rechaza el uso político de las instalaciones, así sea como punto de partida, pues no se debe vincular a la universidad con actividades partidistas.

A propósito de la marcha, nos cuentan que Giovanni López, director del Bosque de la Ciudad, está obligando a ir a sus empleados a la marcha de Julieta, bajo la pena de quitarles las horas extras. Si a alguien lo están obligando a ir, favor de contarnos los detalles.

En otro tema, ya salió el peine: según el (único) contrato del Cine Lux dado a conocer por el Ayuntamiento de Mexicali, y que tenía fecha de enero de 2026, y donde asentaba que la vigencia era hasta el 31 de diciembre después de invertir 15 millones de pesos en obras y adecuaciones, resultó en un blindaje legal por 20 años para garantizar la operación de las oficinas del Registro Civil en el ese inmueble.

La prometida conferencia por Norma Bustamante donde explicarían los pormenores de la mudanza del Registro Civil al edificio propiedad de la esposa de Panchito Pérez Tejada aun no llega, pero la oficial mayor Claudia Beltrán ya dio un adelanto.

El contrato asienta que los propietarios del inmueble no podrán desalojar a la autoridad municipal durante dos décadas, para asegurar “la continuidad del servicio” en el Centro Histórico. Curiosa forma de decirlo. Debió ser, “los dueños del inmueble obligaron legalmente al Ayuntamiento a pagar renta por 240 meses”. Veremos -si es que efectivamente deciden dar la cara sobre ese tema- con qué cuentos salen para justificar una decisión que afectará las finanzas de Mexicali por 20 años.

En otro asunto, ayer comentábamos en Pro Natura que la Fiscalía General del Estado iba mandar un comunicado donde se pararía el cuello sobre el hallazgo del pick up de Justo Martín Rodríguez Heras, quien permanece en calidad de desaparecido.

Y dicho y hecho, dicen que “A través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, este viernes se realizó una búsqueda de campo generalizada en la zona de restauración del Miguel Alemán, con el objetivo de localizar indicios que pudieran contribuir al avance de la investigación”.

Agregan que “La diligencia inició a las 06:40 horas y concluyó a las 15:00 horas, con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Servicios Periciales, Comisión Estatal de Búsqueda, Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y Guardia Nacional”.

La verdad es que los trabajadores de Pro Natura le avisaron a la FGE el jueves sobre el hallazgo de un pick up Tacoma calcinado. Ese día mandaron a los agentes de Robo de Vehículo -no a los del área de desaparecidos- quienes se supone que hicieron el reporte, pero no confirmaron si la unidad pertenecía a Rodríguez Heras y no comunicaron nada a la familia.

 “Este viernes, se revisó la unidad calcinada, aparentemente una camioneta Toyota Tacoma. Debido a las condiciones en que se encontraba la unidad, no fue posible establecer mayores características ni observar una serie visible de identificación”, señala el comunicado.

El viernes que entró al predio la Unidad de Búsqueda de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, junto a agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Comisión Local de Búsqueda y la Guardia Nacional, descubrieron el pick up quemado, y al enviar a alguien a hablar con los trabajadores del predio, les informaron que el día anterior lo habían descubierto, dado parte a la FGE y que habrían entrado las autoridades a procesar la escena.

El equipo decidió investigar el vehículo, y al ser imposible encontrar el número de serie en la puerta y el tablero, intentaron localizar el número en el motor, por lo que lo pusieron de costado y fue así que lograron dar con la placa del vehículo y ellos sí confirmaron en ese momento que se trataba de la unidad del desaparecido, acción que la fiscalía se atribuye.

Y a propósito de la FGE, el jueves hubo una reunión sobre el tema de desaparecidos, a donde asistió la gobernadora, la fiscal María Elena Andrade, el titular del Poder Judicial, Isaac Fragoso y la fundadora de Madres Unidas y Fuertes, Irma Leyva, entre otros.

Fragoso hablaba de lo bien que iba la declaración oficial de ausencia, un procedimiento para obtener el certificado de defunción de desaparecidos de larga data, cuando Irma Leyva dijo que ella había iniciado ese trámite hacía seis meses para su hijo Diego, y que aun no tenía respuesta. Fragoso se puso de mil colores y empezó a verificar en qué etapa iba ese requerimiento, y la gober molesta le pidió que tuviera una respuesta antes de que terminara la reunión. El titular del Poder Judicial tuvo que aceptar que efectivamente el trámite no estaba concluido a pesar de los meses que tenía pendiente.

Marina del Pilar muy molesta, indicó que sentía vergüenza porque le dijeran en las reuniones que todo iba bien cuando en la práctica no era así.

Por su lado, la fiscal fue evidenciada por la vocera de Madres Unidas y Fuertes sobre las carencias del equipo interdisciplinario de búsqueda, y que son responsabilidad de la FGE. También se molestó por el reconocimiento del apoyo a la Unidad de Búsqueda por parte de Pedro Ariel Mendívil. Cada vez son más las voces que piden un cambio en fiscalía, pero como la gober toma siempre la peor decisión sobre su gabinete, seguro todo seguirá igual.

Pregunta final. ¿Por qué nadie puede contestar si hubo sanciones administrativas derivadas de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado al Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (Inife), que Mayola Gaona hizo públicas con el sobreprecio en aires acondicionados de la empresa Península Doce?

Esto a propósito de la intervención de la secretaria Anticorrupción, Gabriela Monge, en la conferencia mañanera de esta semana, sobre la falta de respuestas coherentes a las deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Última hora: Me pasan el dato de que Norma Bustamante estaría solicitando junto a sus hijos, la ciudadania española. También ha trescendido que la hija de la gobernadora ha comentado que su mamá le ha dicho que se van a ir a vivir a España. Qué amor le ha agarrado a los funcionarios de la 4T por la madre patria, y eso que no se ha disculpado por la conquista.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) fijó una postura en defensa de su autonomía y advirtió que sus instalaciones no deben utilizarse como espacios de reunión, organización o promoción de movilizaciones de carácter político-partidista.

A través de un comunicado firmado por el rector Luis Enrique Palafox Maestre, la institución señaló que la autonomía universitaria, reconocida en el artículo tercero constitucional, constituye un principio fundamental para el desarrollo de sus funciones de docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios.

La UABC enfatizó que sus recintos deben mantenerse como espacios comunes, abiertos a la diversidad ideológica y política, pero independientes de cualquier partido, candidatura, gobierno o movimiento político-partidista.

“Manifiesto mi rechazo a cualquier intento de involucrar los espacios de la UABC —de forma deliberada o no— en actividades de esta naturaleza”, expresó Palafox Maestre, quien también exhortó a evitar que los símbolos, infraestructura e instalaciones universitarias sean vinculados con actividades de carácter político-partidista.

El rector sostuvo que la universidad reconoce el derecho de todas las personas a manifestarse, participar en la vida pública y ejercer sus derechos políticos, pero consideró que estos deben ejercerse respetando la autonomía universitaria y la normatividad institucional.

Asimismo, defendió que los espacios universitarios deben continuar siendo lugares destinados a la formación, el conocimiento, el análisis crítico, el diálogo y la libre expresión de las ideas, “sin favorecer ni respaldar posición político-partidista alguna”.

Palafox Maestre afirmó que, como rector y representante de la comunidad universitaria, hará respetar la autonomía de la institución y la diversidad de quienes la integran.

“La UABC no pertenece a una corriente política, a un partido ni a un gobierno. Pertenece a su comunidad y a la sociedad a la que sirve”, concluyó.

El presidente del PRI en Baja California, Álvaro Aldrete, expresó su indignación ante la situación política en Sinaloa y calificó de vergonzoso, ridículo y lastimoso que una persona con orden de aprehensión se encuentre al frente del gobierno de esa entidad.

Señaló que se trata de “una vergüenza” para los sinaloenses y para el país en general. Es un ridículo y es de verdad de pensarse el sí mismo con el que están operando. […] Para mí es vergonzoso, es ridículo, es lastimoso, es finalmente un crimen. O sea, realmente que un criminal esté al frente del gobierno de Sinaloa”.

El dirigente priista destacó que tanto Morena como el Partido Verde se han deslindado del asunto, lo que, a su juicio, deja en evidencia la forma en que operan. Consideró que lo ocurrido “no estuvo bien hecho”.

Aldrete advirtió que este escenario no beneficiará en nada la relación bilateral con Estados Unidos. Para ese país, que regrese Rocha Moya a su puesto, teniendo orden de aprehensión no va a beneficiar al país.

Subrayó el cinismo con el que, según él, operan los responsables de esta situación y cuestionó que lo que realmente les importa no es la ciudadanía ni, en este caso, el pueblo sinaloense.