Derivado de la detención de Francisco “N”, jefe del Departamento de Asuntos Internos de Sindicatura Municipal, ocurrida en el marco de la Operación Carback II, el Gobierno de Ensenada reitera su respeto a las investigaciones que realizan las autoridades competentes.

De acuerdo con la información difundida sobre el operativo, el funcionario conducía una camioneta Toyota Tacoma que presuntamente contaba con reporte de robo en San Diego, California, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos.

En ficha informativa, señalaron que corresponde a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos y determinar cualquier responsabilidad, mientras que a Sindicatura Municipal corresponde informar sobre las medidas administrativas que, dentro de sus atribuciones, resulten procedentes.

El Gobierno de Ensenada sostiene que no existen excepciones en el cumplimiento de la ley y que toda persona servidora pública debe sujetarse a los mismos principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas, con pleno respeto a la presunción de inocencia.

Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, encabezados por su presidenta estatal Lizbeth Mata Lozano, sostuvieron un encuentro en este municipio con el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien actualmente cumple la medida cautelar de prisión domiciliaria mientras se desarrolla su proceso penal.

Durante la reunión en el domicilio del exmandatario, los militantes dialogaron sobre la historia democrática y la libertad en la entidad. Ruffo Appel es una figura histórica para el panismo nacional al convertirse en el primer gobernador de oposición en la historia de México en 1989.

A través de sus redes sociales oficial, el PAN de Baja California manifestó: “Hoy compartimos un espacio con Ernesto Ruffo, hablando de democracia, libertad y de la historia que ha construido Baja California. Desde el Sistema PAN seguimos creyendo en el diálogo, en la participación y en la importancia de mantenernos cerca de quienes han sido parte de nuestra historia democrática”.

Por su parte, la dirigencia estatal del partido hizo un llamado público para que el caso legal del exgobernador se conduzca con estricto apego a la legalidad. Asimismo, cuestionaron el uso político de las instituciones y exigieron que se garantice el respeto a sus derechos humanos y el principio de debido proceso.

Al encuentro también asistieron figuras del legislativo federal como el senador José Máximo García y el diputado federal César Damián Retes, además de miembros de la estructura estatal y dirigentes de los Comités Directivos Municipales del PAN en el estado.

En las primeras horas de este lunes 28 de septiembre de 2026, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, arribó a su domicilio ubicado en la Zona Centro de Ensenada, concluyendo un traslado terrestre de aproximadamente 2 mil 800 kilómetros y cerca de 39 horas bajo custodia de la Guardia Nacional, tras haber permaneció 72 días recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano.

El primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México ingresó a su residencia alrededor de las 06:45 horas para iniciar el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria. La determinación judicial, otorgada por una jueza federal considerando sus 74 años y su estado de salud, desestimó la colocación de un brazalete electrónico debido a eventuales requerimientos de atención médica hospitalaria.

Tras su arribo, Ruffo Appel saludó a quienes acudieron a recibirlo en su domicilio y bromeó cantando “este es el corrido del cabello blanco”, en alusión al corrido de José Alfredo Jiménez.

El exmandatario brindó breves declaraciones a los medios de comunicación reunidos a las afueras de su inmueble: “Llegué perfecto; me trataron muy bien… Yo dije: esta es mi opinión, que estaban cometiendo un error, porque esto tiene dimensiones políticas”.

Al referirse a la investigación penal iniciada en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, el exsenador deslindó su responsabilidad operativa en la empresa INGEMAR S.A. de C.V.:

“Yo solo soy el accionista, no participé nada más”, enfatizó, cuestionando además que la autoridad federal optara por ejecutar la orden de aprehensión en su contra en lugar de recibir la documentación contable y legal que la defensa ofreció entregar previamente.

Asimismo, el político panista hizo un llamado a “reinstitucionalizar” el país y mantener el respeto al marco de derecho.

Durante la Conferencia Matutina de este lunes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las críticas de figuras de oposición respecto a las condiciones del traslado por carretera desde el Estado de México hasta Baja California.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que el traslado terrestre se realizó en estricto acatamiento a los mandatos emitidos por el juzgador y con la anuencia de la propia representación legal del imputado:

“La Fiscalía pudiera informar, pero la información que yo tengo es que fue una determinación del juez y estuvo de acuerdo su defensa. Es lo que me dijeron, la información que se me proporcionó hoy en la mañana”, declaró la mandataria.

Sheinbaum Pardo reconoció la extensión considerable del trayecto por carretera e indicó que corresponderá a la Fiscalía General de la República dar mayores detalles sobre la logística y los protocolos de custodia aplicados durante el recorrido.

El abogado de Ruffo Appel, Juan Marcos Gutiérrez, subrayó esta mañana que están pidiendo explicaciones sobre el traslado terrestre, lo que echaría por tierra la versión de que se hizo con el acuerdo de la defensa.

Por su parte, la FGR aclaró que la modificación concedida por el órgano jurisdiccional responde estrictamente al cambio del lugar de internamiento preventivo por razones de salud y edad, sin que esto signifique la exoneración del imputado ni el sobreseimiento de la causa penal.

El proceso continuará su curso bajo estrictas condiciones fijadas por la autoridad judicial, que incluyen la prohibición de abandonar el domicilio, una videollamada de verificación diaria, la entrega de su pasaporte y la obligación de notificar anticipadamente cualquier traslado por emergencia médica.