Ayer se publicó una foto de una reunión con un segmento de los panistas, donde participa la líder estatal del blanquiazul, Lizbeth Mata Lozano, flanqueada por Margarita de Sánchez y por los diputados Alejandrina Corral, Mayola Gaona y Diego Echevarría.

Una imagen vale más que mil palabras, y esa reunión ya hasta se interpretó como el augurio de que la candidatura del PAN a la titularidad del Poder Ejecutivo será para una mujer.

Mientras el partido se llena la boca diciendo que “ciudadanizaba” sus candidaturas, aparece la dirigente en una foto junto a varios azules que por los últimos cinco años se la ha pasado administrando las derrotas y viendo que beneficio personal le saca a los guindas.

Héctor Osuna escribe hoy un largo análisis de cómo no hay bases firmes para decidir géneros en candidaturas a gobernador, y se elige en las cúpulas de Ciudad de México, a 3 mil kilómetros de la realidad bajacaliforniana.

La falta de cuadros y la desesperación del PAN se hizo evidente al hacer una encuesta telefónica exclusivamente para sondear una posible candidatura de Verónica Ruffo, quien acaba de salir a los medios por el asunto de su padre. Se nota que están faltos de candidatos honestos, carismáticos y conocidos, para considerar a una cara nuevísima que tiene asuntos más urgentes que atender.

Por eso quieren también a Gustavo Macalpin, para obtener Mexicali sin tener que invertir mucho en que la gente conozca al candidato, y muchos se pelean una parte del comunicador; todos buscan la migaja que les toque. Tal vez por eso el “ungido” esté muy callado, ya está viendo como juega el PAN y qué tipo de gente le quieran meter con calzador como pago por prestarle las siglas.

En otro asunto, me pasan un interesante análisis de la política tijuanense, que desglosa cómo han cambiado las dinámicas de poder en la coqueta ciudad desde que Morena asumió la presidencia municipal en 2019.

Lo que comenzó como una administración con ciertas reservas y dinámicas tradicionales, hoy se ha convertido en un evidente esquema de favores políticos y colocación de familiares en puestos clave de la estructura gubernamental. Aquí un resumen de las últimas tres administraciones:

“La era de Arturo González Cruz (2019): Las formas contenidas, Al ser el primer gobierno de Morena en la ciudad, existía una fuerte vigilancia pública. Aunque hubo tensiones y cuotas políticas, la estructura central se mantuvo relativamente al margen del nepotismo descarado. No se observaba un hambre voraz por colocar a hermanos, primos o parejas de regidores y secretarios en la nómina pública. Había un respeto mínimo por las formas políticas”.

“El periodo de Montserrat Caballero (2021): El inicio de la mala práctica. Con la llegada de la pasada administración, las reglas no escritas cambiaron. Se abrió la puerta a las redes de influencia familiar, aunque con cierta prudencia estratégica. Los familiares de la alcaldesa y de sus funcionarios de primer nivel comenzaron a poblar el ayuntamiento, pero su alcance estaba limitado. Salvo contadas excepciones que pudieron pasar desapercibidas bajo el radar, la mayoría operaba en mandos medios o jefaturas de departamento, evitando el escándalo de ocupar las altas direcciones”.

“La administración de Ismael Burgueño: El nepotismo sin filtros. En la gestión actual, la práctica no solo continuó, sino que empeoró de forma alarmante. Lo que antes se operaba con disimulo en mandos medios, hoy es una constante en las posiciones más altas del organigrama. Es evidente la enorme cantidad de familiares directos del alcalde, de secretarios y de regidores que ocupan Direcciones, Subdirecciones y Oficialías del Registro Civil. Ya no existe el pudor político; los puestos clave de toma de decisiones se reparten como si fueran un patrimonio familiar o un botín de campaña”.

Y siguiendo ese hilo, nos cuentan que el regidor tijuanense, Ranier Falcón, casi nunca sale a visitar primarias, pero cuando lo hace, qué casualidad que es justamente en donde la directora es Mónica Burgueño Ruiz, quien es hermana de Ismael Burgueño.

Y de nueva cuenta, vuelven a obligar al personal del Congreso a chutarse otro curso de género, cuando recordemos que la diputada Michel Sánchez dijo que los cursos los deberían tomar los empleados de todos los poderes del estado. Le pasamos un tip: en el edificio de enfrente acaban de nombrar Coordinador de Gabinete a un tipo que tiene denuncias por acoso sexual y violación. ¿Por qué no va a promover el curso en el Poder Ejecutivo?

¿Y de qué sirven los cursos si cuando hay denuncias no hacen nada? Ahí está el caso del acosador protegido por Dagoberto Valdez, recién nombrado Secretario de Salud por organizarle porras a Marina del Pilar. El propio caso de la diputada, insultada vilmente por un escritor de columnas, a quien le siguen pagando publicidad como si nada hubiera sucedido.

En el Poder Judicial también hay acosadores, así que quisiéramos ver a funcionarios de primer nivel de esos poderes siendo obligados a asistir a esos cursos.

Y hablando del Poder Judicial, resulta que son de los pocos a quienes no les han concedido el aumento salarial que sí les han otorgado a otros burócratas. Ya han tenido varias reuniones y no llegan a nada, así que se preparan para sacar el hacha de guerra, pues dicen no tener dinero para el 7.2 por ciento de incremento. Si no se avientan un mega puente el lunes, ese podría ser el día que decidan protestar.

A ver si no los marean con el nuevo método de patear el bote que se inventó el gobierno, llamado “mesas de trabajo”. Que los productores agrícolas tomaron la SADER: mesas de trabajo. Que los abogados quieren ver avances en investigaciones de homicidios en el gremio y un protocolo de protección: mesas de trabajo. Que les revocaron las visas a transportistas y tomaron la garita comercial: mesas de trabajo. Que los agricultores no tienen apoyos ni les han pagado el descanso de tierras: mesas de trabajo. Los familiares de desaparecidos se quejan de la atención a ese tema: mesas de trabajo. Es buena salida porque no te niegas a resolver, pero no das soluciones rápidas. Los quejosos son escuchados y los funcionarios pueden decir que se llevan tarea para la próxima mesa de trabajo, y mientras le pueden echar la culpa a los precios internacionales de los cultivos, a los malandros, a los estadounidenses, a la CILA del otro lado, y así hasta que se acabe el sexenio.

Y hay que ir preparando el acarreo y las amenazas para los burócratas de confianza, porque parece que el 19 de este mes viene la presidenta a Baja California.

Finalmente, hacer notar que hoy se llevó a cabo la tercera reunión del Consejo Consultivo del CDEM donde se vieron los avances de proyectos clave para Mexicali como Ciudad del Futuro, Embellecimiento Urbano y Movilidad, en Cetys Universidad.

Participaron la alcaldesa Norma Bustamante, el presidente de Coparmex, el director de la policía y el tesorero municipal, entre otros. Ya solo la sacan a este tipo de eventos cerrados, porque está quedando a deber varias explicaciones. Ha ido pateando el bote con el asunto del Cine Lux, que dijo daría la cara y no ha sido así. Y recientemente con el tema de la adjudicación directa de uniformes de policía y la licitación de uniformes de bomberos a la empresa Probetex, por 20 y 57 millones respectivamente. También al parecer se adquirieron dos unidades blindadas recientemente, como si no hubiera necesidades más apremiantes en la ciudad.

Los tendederos de cables de las ciudades ahora afectan su paisaje, sin consulta a los bajacalifornianos

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

La Rumorosa, ese corredor natural que pertenece a todos los bajacalifornianos amaneció atravesado por torres metálicas y cables de alta tensión. Según fuentes periodísticas, se instaló una línea eléctrica de aproximadamente 135 kilómetros sin socialización del proyecto a nivel estatal y sin una explicación clara sobre por qué se eligió precisamente este paisaje —uno de los más emblemáticos de Baja California— para colocar infraestructura tan invasiva.

La contradicción es inevitable cuando se recuerda lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador declaró en este mismo lugar en marzo de 2020. Según notas periodísticas, AMLO afirmó que “nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual; hay que respetar la naturaleza”, y cuestionó: “¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores?”. Aquella crítica iba dirigida a los aerogeneradores eólicos. Seis años después, la infraestructura que se instaló en La Rumorosa es más agresiva visualmente que los propios abanicos que el expresidente cuestionó. Las torres de acero y el cableado aéreo rompen la continuidad del horizonte y convierten un paisaje monumental en un tendedero industrial.

La relevancia cultural de La Rumorosa no es nueva. En 2019, en el Congreso de Baja California se presentó una proposición para solicitar al Ejecutivo estatal iniciar ante la UNESCO el procedimiento oficial para que La Rumorosa fuera declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. En el 2020, la Secretaría de Cultura estatal anunció que había iniciado el procedimiento para declararla Patrimonio Cultural del Estado, como Zona de Belleza Natural y Cultural. Y en 2021, el Gobierno estatal informó que el proceso seguía en curso, con participación del Consejo de Patrimonio Cultural del Estado, del Instituto de Cultura, de dependencias técnicas y de colegios profesionales. Es decir, desde hace años existen esfuerzos formales —estatales e incluso con aspiración internacional— para reconocer el valor excepcional de este paisaje.

Hoy desconocemos el estatus de esos procedimientos: si avanzaron, si se detuvieron o si esta obra fue considerada en los expedientes. Tampoco sabemos si la afectación visual que ahora vemos tendrá impacto en esa valoración cultural. Lo que sí sabemos es que este hecho superviniente —la instalación de torres y cables— no fue presentado públicamente como parte del proceso de todos los que debimos ser involucrados. 

Sobre la consulta, según fuentes periodísticas se instaló una línea eléctrica de aproximadamente 135 kilómetros. Desconocemos si se consultó específicamente a los residentes de las zonas donde pasan los postes, o si hubo algún diálogo focalizado con ejidos o propietarios del polígono. Pero tratándose de La Rumorosa —un paisaje que pertenece a todos los bajacalifornianos, transitado diariamente y con procedimientos de valoración cultural e incluso internacional — una eventual consulta local no sustituye la obligación de socializar un proyecto de impacto visual a nivel estatal. No se convocó a la ciudadanía en general, no se abrió un periodo público de comentarios, no se socializó el proyecto con especialistas en paisaje, colegios profesionales ni organizaciones ambientales y culturales. La Rumorosa no es solo de Tecate: es de Mexicali, de Tijuana, de Ensenada, de Rosarito y de San Quintín. Si el paisaje es de todos, la consulta también debió serlo.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece mecanismos de participación pública en proyectos que alteran el entorno. El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de la ciudadanía a acceder a información ambiental y a participar en decisiones que afecten su territorio. En este caso, ese derecho no se ejerció de manera amplia ni estatal.

Además, existe una pregunta que nadie ha respondido: ¿por qué se eligió esta ruta y no otra con menor afectación visual? Es evidente que había alternativas. Podían pasar los cables por zonas menos sensibles, menos escénicas, menos emblemáticas. Pero probablemente eran rutas más costosas o tardadas. Y la decisión terminó afectando a uno de los paisajes más representativos del estado.

El tendedero urbano, ese desorden visual que por años hemos normalizado en nuestras ciudades, hoy se extendió hasta uno de nuestros paisajes naturales más emblemáticos. Y sería pertinente conocer la opinión de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, cuya trayectoria ha estado vinculada al ambientalismo, sobre esta afectación visual en un sitio que millones consideran parte de su identidad.

La obra ya está instalada. Pero el daño visual permanece. La Rumorosa merece respeto. El paisaje también es patrimonio de los bajacalifornianos.

*El autor es Director general del despacho De la Peña y Rivera S.C. y Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

Apenas lleva unos días al frente de la Coordinación de Gabinete y Ariel Lizárraga ya está causando estragos.

Gran parte del gabinete lo trae atravesado por las ínfulas con las que llegó. Lo primero que hizo fue gratificar a sus voceros en los medios para que publicaran que llegó con mano dura a “poner orden” y otras diversas loas para satisfacer su ego.

Luego, en la primera reunión que organizó el solito con el gabinete, como dicen ahora “los peluseó” y fue evidente el enorme poder que le está dando Marina, Carlos Torres o ambos, para especial irritación del secretario General de Gobierno, Juan José Pon. Ambos cargos tienen la misma jerarquía, y dependen directamente de la gobernadora.

Mientras que la Secretaría General de Gobierno se encarga de la política interna del estado, protección civil, derechos humanos y la relación con los municipios y otros poderes públicos, la Coordinación de Gabinete es la oficina que planea, evalúa y facilita la comunicación interna entre la Gobernadora y todas las dependencias y entidades estatales. Funciona como un enlace estratégico, no como una jefatura sobre las demás secretarías, cosa que parece no haberle quedado clara a Ariel.

De seguir el divo en ese plan, el gabinete tronará este mismo mes. De acuerdo a comentarios de uno de los asistentes a cierta convocatoria, hasta la gober se sorprendió de la puesta en marcha de una reunión de la que no tenía conocimiento, y de la que Ariel se dio el lujo que decirle que “luego le informaba”. Cuántos gobernadores plurinominales ha tenido el estado, qué bárbaro.

Y hablando de cambios, hace ya varios meses que le tocaron las golondrinas a Gregorio Saúl Osnaya López, quien desde el principio de la administración había sido titular del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de Vivienda (INDIVI), pero se fue dejando un asunto pendiente que no se nos olvida.

El exdirector del INDIVI y su esposa adquirieron en 2023 un terreno de 318 metros cuadrados en el fraccionamiento Cumbres de Juárez en Tijuana por un monto registrado de 1 millón 900 mil pesos, cifra inferior al valor comercial estimado en unos 14 millones de pesos. Derivado de esta diferencia de valor, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado mantiene la transacción bajo revisión de auditoría. Puedes leer la nota completa en Brújula News.

¿Verán nuestros ojos una pronta resolución a ese caso o patearán el bote hasta el final del sexenio dejándolo pendiente? Dijo la secretaria Anticorrupción, Gabriela Monge que estaban investigando a varios funcionarios, que ya casi cumplían con lo de las declaraciones patrimoniales, que verían lo de la falta de datos sobre contratos de difusión institucional, y que la luna era de queso. Qué pena jugar un papel puramente teatral, como si el sexenio durara para siempre. Esperamos resultados a esos asuntos en este año, secretaria Monge, que su trabajo sea de verdad.

Y otro que al que le cantaron las golondrinas fue a Salvador Cervantes Hernández, quien fue sustituido por Ignacio Lozoya. De Guatemala a guatepeor. Cervantes Hernández estaba metido ya en muchos problemas por andar feriando gente. Al inicio de la administración le quitaron atribuciones a los Ayuntamientos para dárselas al estado, pero qué casualidad, solo fueron las que significaban dinero, como eventos masivos y ciertas inspecciones de seguridad. ¿Será Cervantes uno de los funcionarios investigados por la Secretaría Anticorrupción o su salida fue la tierrita echada al asunto?

Y sobre Protección Civil, el exsecretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez andaba peleado con Cervantes, ambos querían quedarse con la gallina de los huevos de oro llamada Atlas de Riesgo, que en vez de confiar en una institución reconocida y con datos fidedignos como la UABC, el CICESE, etc, lo adquirieron a precio de oro.

Casi el doble aumentó el costo de los uniformes; de 28 millones en 2021 a casi 58 en 2026.

Finalmente, la alcaldesa Norma Bustamante, la oficial mayor Claudia Beltrán, y Fernando García Montaño, jefe de Recursos Materiales del Ayuntamiento de Mexicali, tendrán que dar explicaciones del millonario contrato con Probetex para surtir los uniformes de los bomberos, el de combate, que es muy caro, y otro ligero, que solo representa cerca de 6 millones de pesos y que de ninguna manera justifica que el presupuesto se haya inflado tanto.

Dado el antecedente del Cine Lux, donde prometieron una explicación que no llega, seguramente con este asunto también patearán el bote. ¿Cómo pretende Claudia Beltrán ser candidata a alcalde cuando no sale a dar la cara a los mexicalenses y explica estos curiosos acuerdos que perjudican las finanzas de la ciudad? Metida en una administración con señales claras de corrupción, donde además es ella quien se encarga del dinero, no le beneficia en nada. No se puede promocionar como honesta cuando está metida en el lodo.