Elementos del equipo interdisciplinario de búsqueda localizaron este miércoles un tercio proximal de fémur derecho en el predio de Pro Natura, ubicado en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali.

El hallazgo se registró a las 07:28 horas y se suma a la serie de hallazgos de restos humanos que se han documentado en esa zona desde el 8 de enero de 2026 -48 hasta ahora-, cuando se iniciaron las labores de búsqueda coordinadas entre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda, con el apoyo de colectivos de familiares.

El predio de Pro Natura se ha convertido en uno de los principales focos de inhumaciones clandestinas en el Valle de Mexicali.

Este mes se reportó la localización de la fosa número 24, que contenía los restos de la víctima 47, una osamenta completa aparentemente de larga data, hallada a unos 500 metros de la última inhumación.

Hasta entonces se habían contabilizado al menos 24 fosas, además de hallazgos superficiales esparcidos por la fauna local.

Las autoridades continúan con el peinado de la zona, que forma parte de un área de reforestación y reserva natural protegida.

El martes trascendió la entrevista que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, concedió al diario El País, en la que explicó el contexto de los audios filtrados y sostuvo que fue víctima de una operación política presuntamente orquestada por el exgobernador Jaime Bonilla.

La mandataria reiteró que fue un error haber aceptado reunirse con un supuesto intermediario recomendado por Bonilla para conocer el estado de la cancelación de su visa estadounidense.

Señaló que todo se trató de una “emboscada psicológica”, ya que durante el encuentro se le plantearon escenarios como una posible extradición o la existencia de cargos penales con el propósito de intimidarla.

De acuerdo a su declaración, se encontraba sola y sin abogado que pudiera explicarle la situación cuando ocurrió la reunión, y añadió que el enviado de Bonilla era una persona con experiencia en generar temor e inducir determinadas respuestas; además, dijo, mencionan una reunión en Panamá. “Yo ni de vacaciones he ido allá”.

Ávila insistió en que la cooperación con autoridades estadounidenses forma parte de la relación cotidiana entre los países; las mesas de seguridad están dentro del marco legal y es información crucial para ambos lados de la frontera.

Recordó que Jaime Bonilla es ciudadano estadounidense, que reside en San Diego, California, y milita en el Partido Republicano, e insistió que fue él quien le tendió una trampa para grabar la conversación y posteriormente difundir fragmentos de los audios.

Con respecto a la identidad del supuesto asesor, la gobernadora señaló que cuenta con su nombre y número telefónico, pero decidió no revelarlos debido a que presentó una denuncia para que la autoridad determine las responsabilidades correspondientes; sin embargo, durante la entrevista no precisó los delitos por los cuales fue presentada dicha denuncia.

Al finalizar, Marina del Pilar afirma que se encuentra tranquila y continuará trabajando, pese a que menciona que no se esconde; en las dos últimas conferencias en Baja California se ha limitado el tiempo de preguntas por parte de los medios de comunicación, así como el realizar eventos en diferentes puntos del estado sin invitación a la prensa.

Ante la detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel Mendívil García, y de elementos de la corporación, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Mexicali (CCSPM) propuso este martes fortalecer los mecanismos de control y evaluación de confianza en las corporaciones policiales.

En comunicado de prensa el organismo ciudadano reconoció la actuación coordinada de las autoridades estatales y federales en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad judicial.

Subrayó que la investigación y persecución de los delitos, sin importar el cargo de las personas involucradas, es una función esencial del Estado de derecho, siempre con respeto al debido proceso.

El Comité calificó los delitos investigados como de las violaciones más graves a los derechos humanos que puede cometer un servidor público.

En ese sentido, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, e insistió en que el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño debe ser el centro del proceso que inicia.

“Hechos de esta naturaleza confirman que la solidez institucional de las corporaciones de seguridad no puede depender de la voluntad individual de quienes las dirigen, sino de mecanismos estructurales de evaluación y control de confianza que hagan sistemáticamente difícil la infiltración delictiva, independientemente de qué persona ocupe el cargo”, señala el documento.

Por ello, el CCSPM propuso que todos los titulares de seguridad pública municipales y estatales sean evaluados en el Centro Nacional de Evaluación de Control y Confianza.

El Comité anunció que solicitará mayores medidas institucionales al Ayuntamiento y a la Dirección de Seguridad Pública para reforzar los controles internos de la corporación.

Reiteró, además, su compromiso de participar activamente en mecanismos de evaluación patrimonial y en canales de denuncia interna protegidos que permitan detectar irregularidades al interior de las propias corporaciones.