Elementos del equipo interdisciplinario de búsqueda localizaron este miércoles un tercio proximal de fémur derecho en el predio de Pro Natura, ubicado en el poblado Miguel Alemán del Valle de Mexicali.

El hallazgo se registró a las 07:28 horas y se suma a la serie de hallazgos de restos humanos que se han documentado en esa zona desde el 8 de enero de 2026 -48 hasta ahora-, cuando se iniciaron las labores de búsqueda coordinadas entre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda, con el apoyo de colectivos de familiares.

El predio de Pro Natura se ha convertido en uno de los principales focos de inhumaciones clandestinas en el Valle de Mexicali.

Este mes se reportó la localización de la fosa número 24, que contenía los restos de la víctima 47, una osamenta completa aparentemente de larga data, hallada a unos 500 metros de la última inhumación.

Hasta entonces se habían contabilizado al menos 24 fosas, además de hallazgos superficiales esparcidos por la fauna local.

Las autoridades continúan con el peinado de la zona, que forma parte de un área de reforestación y reserva natural protegida.

Ante la detención del exdirector de Seguridad Pública Municipal, Pedro Ariel Mendívil García, y de elementos de la corporación, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de Mexicali (CCSPM) propuso este martes fortalecer los mecanismos de control y evaluación de confianza en las corporaciones policiales.

En comunicado de prensa el organismo ciudadano reconoció la actuación coordinada de las autoridades estatales y federales en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad judicial.

Subrayó que la investigación y persecución de los delitos, sin importar el cargo de las personas involucradas, es una función esencial del Estado de derecho, siempre con respeto al debido proceso.

El Comité calificó los delitos investigados como de las violaciones más graves a los derechos humanos que puede cometer un servidor público.

En ese sentido, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, e insistió en que el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño debe ser el centro del proceso que inicia.

“Hechos de esta naturaleza confirman que la solidez institucional de las corporaciones de seguridad no puede depender de la voluntad individual de quienes las dirigen, sino de mecanismos estructurales de evaluación y control de confianza que hagan sistemáticamente difícil la infiltración delictiva, independientemente de qué persona ocupe el cargo”, señala el documento.

Por ello, el CCSPM propuso que todos los titulares de seguridad pública municipales y estatales sean evaluados en el Centro Nacional de Evaluación de Control y Confianza.

El Comité anunció que solicitará mayores medidas institucionales al Ayuntamiento y a la Dirección de Seguridad Pública para reforzar los controles internos de la corporación.

Reiteró, además, su compromiso de participar activamente en mecanismos de evaluación patrimonial y en canales de denuncia interna protegidos que permitan detectar irregularidades al interior de las propias corporaciones.

El consejero jurídico del PRI en Baja California presentó este martes una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la consejera electoral Paola Ximena Beltrán Prado, por presuntas irregularidades que, a juicio del partido, podrían derivar en sanciones.

Joel Blas, informó que la denuncia integra diversos elementos, entre ellos el presunto incumplimiento de informar sobre una beca académica remunerada al momento de asumir el cargo, además de un viaje a España sin solicitar licencia ni notificar oficialmente su ausencia.

De acuerdo con Blas, la queja también incorpora como antecedente el Acuerdo INE/CG1162/2025, mediante el cual fueron designadas las consejerías electorales en Baja California, al considerar que la funcionaria estaba obligada a declarar cualquier posible conflicto de interés o percepción económica adicional dentro del plazo establecido tras rendir protesta.

Señaló que la denuncia será turnada por la junta local del INE a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instancia que dará trámite al procedimiento y, en su momento, presentará el expediente para la determinación que corresponda al Consejo General del instituto.

Como parte de las pruebas, se solicitará información a los consejeros del IEEBC para establecer si tenían conocimiento de la ausencia de la consejera y de la beca que presuntamente recibía, con el propósito de fortalecer el expediente.

Para finalizar, Joel Blas consideró que el caso también evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de revisión del INE durante los procesos de selección y nombramiento de consejeros electorales.