El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ensenada, Federico Corona, condenó que la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso del Estado haya desechado el dictamen que reprobaba la cuenta pública 2023 del Ayuntamiento de Ensenada, correspondiente a la administración del entonces alcalde morenista Armando Ayala Robles.

“Lo que hicieron fue darle la espalda a los ciudadanos. En lugar de defender el dinero de las familias de Ensenada, decidieron defender a un compañero de partido. Ese es el verdadero mensaje de esta votación”, afirmó.

Corona recordó que la Auditoría Superior del Estado formuló observaciones por 27.39 millones de pesos en compensaciones irregulares y cuotas retenidas al ISSSTECALI, además de señalar una concesión irregular del alumbrado público por 15 años y adjudicaciones directas de obra pública.

“Los ensenadenses deben saber la verdad: esas observaciones nunca fueron desvirtuadas con argumentos técnicos. No hubo un documento que dijera que todo estaba bien. Lo único que hubo fue una mayoría de Morena que votó para dejar sin efectos el dictamen que las señalaba.”

El dirigente priista sostuvo que esta decisión lastima la confianza ciudadana y envía un mensaje equivocado.

“Cada peso observado pudo haberse traducido en calles mejor pavimentadas, más seguridad, mejores servicios públicos o apoyos para quienes más lo necesitan. Por eso indigna que, en vez de exigir cuentas claras, hayan preferido cerrar filas para proteger políticamente a un exalcalde”, externó.

Federico Corona aseguró: “No estamos aquí para encubrir a nadie ni para quedarnos callados. Estamos para defender el patrimonio de los ensenadenses y exigir que quien administra recursos públicos responda con transparencia, sin importar el partido al que pertenezca.”

El juez de control Fernando Serrano Jiménez impuso la medida cautelar de prisión preventiva al exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, así como a los exmandos y exagentes Juan Carlos “N”, Luis Alonso “N”, Eduardo “N” y Kevin “N”, quienes enfrentan cargos por los delitos de desaparición forzada de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa.

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial de imputación que concluyó en los primeros minutos de este viernes 31 de julio, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Unidades Especiales, formuló la imputación en contra de los cinco acusados por su presunta participación en la desaparición de dos jóvenes ocurrida en enero de 2023.

De acuerdo con la investigación ministerial, las víctimas desaparecieron en las inmediaciones de la zona de bares ubicada sobre la calzada Francisco L. Montejano, un caso que derivó en una investigación que involucra a exintegrantes de la corporación policiaca municipal.

Aunque la Fiscalía solicitó la vinculación inmediata a proceso, los cinco imputados hicieron uso de su derecho constitucional para solicitar la ampliación del plazo a 144 horas, con el propósito de reunir elementos para su defensa. Argumentaron que la duración de la audiencia redujo considerablemente el tiempo disponible para preparar su estrategia jurídica.

Por ello, el juez fijó para el próximo domingo 2 de agosto a las 11:00 horas, en el Centro de Justicia de Mexicali, la audiencia en la que se resolverá si son vinculados o no a proceso.

Durante la exposición de los datos de prueba, la agente del Ministerio Público relató que un vehículo GMC Sierra negro fue localizado en el Valle de Mexicali y posteriormente sustraído del depósito vehicular por hombres armados que aseguraron que pertenecía a un sujeto identificado como “El Isra”. Según la investigación, posteriormente la unidad fue llevada a un taller para recibir un blindaje artesanal, hasta que fue asegurada por elementos del Ejército Mexicano en marzo de 2023.

La representación social también presentó videos obtenidos en las inmediaciones del bar La Terraza del Shots, donde presuntamente se observa la presencia de patrullas tripuladas por algunos de los policías señalados, además de una pickup roja relacionada con Kevin “N”, quien, de acuerdo con la Fiscalía, ya no se encontraba en funciones el día de los hechos.

Asimismo, el Ministerio Público expuso la trayectoria laboral de los acusados, destacando suspensiones y bajas recientes que, según la investigación, coinciden con el avance de las indagatorias.

En el caso de Juan Carlos “N”, la Fiscalía informó que durante su detención fueron localizadas armas, mochilas tácticas y un chaleco con insignias de la Policía Municipal, además de objetos con símbolos alusivos a Rusia.

La fiscal también señaló que Eduardo “N” y Kevin “N” ya enfrentan otro proceso penal por desaparición forzada, relacionado igualmente con víctimas que habían salido de un centro nocturno.

Imputado solicita protección en el Cereso

Durante la audiencia, Juan Carlos “N” pidió auxilio judicial al juez de control al señalar que el jueves sostuvo un altercado con otro interno en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, situación que, afirmó, estuvo a punto de derivar en una agresión física debido al cargo que desempeñó cuando era servidor público.

Ante ello, solicitó ser reubicado dentro del penal para garantizar su integridad.

Al término de la audiencia, la Fiscalía General del Estado reiteró que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos, garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.

Este jueves el dirigente del PRI estatal Álvaro Aldrete manifestó su preocupación por lo que considera una afectación a la libertad de expresión, luego de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que sancionó al dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, y le ordena retirar de sus redes sociales publicaciones que contienen el término “narcopartido”.

El partido señaló que observa una serie de acciones que, a su juicio, buscan limitar las críticas de la oposición y restringir el debate público.

Sostuvo que esta resolución representa un precedente que podría derivar en mayores restricciones a la expresión política.

De acuerdo con la postura del PRI, la resolución del INE constituye un acto de intimidación política y un intento de censura, al considerar que impide emitir señalamientos contra el partido en el gobierno.

Aldrete expuso que la dirigencia nacional mantendrá su defensa de la libertad de expresión y adelantó que la bancada realizará los posicionamientos correspondientes sobre este tema.