Tras la información dada a conocer ayer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a varios funcionarios, exfuncionarios y personajes allegados a la política bajacaliforniana, se han movido muchas cosas.

Uno de los proveedores favoritos, Inteliproof Efficient S. de R.L: de C.V., una empresa de seguridad privada con sede en Tijuana y ligada a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, empresa y persona incluida en el anuncio de ayer.

Aquí un contrato de 2025 por más de 2 millones de pesos, uno de tantos que obtuvo en los últimos años.

Estas son algunas otras empresas ligadas a este empresario: Grupo Baja Fixer SA de CV, Capital Privado Baja SAPI de CV, Capital Privado Bursátil SA de CV, Festival Artistas Mobiliario Asesoría SA de CV, Conciertos y Espectáculo Inhouse SAPI de CV, Wermak Publired SA de CV, Holistic Wellwaves S de RL de CV, Proyecto Alerta Verde SAPI de CV, y Videovigilancia Colaborativa SAPI de CV.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) hubo contratos bajo el concepto de “Gastos de publicidad oficial”, Moreno Gómez Santelices, presunto operador financiero y prestanombres de los “Los Mayos” participó con Fama Producciones (Festival Artistas Mobiliario Asesoría SA de CV), y con Promociones CHF por suministro de equipo técnico especializado que incluyen sistemas de audio, iluminación, proyección de video e interpretación simultánea para eventos, donde además dividían los conceptos para que los pagos no hicieran ruido al sobrepasar los montos que obligan a hacer licitaciones públicas.

Pues resulta que ya tenían otro montón de contratos planchados y listos para seguir saqueando al erario cuando sale la información de ayer y tuvieron que meter el freno de mano y meter esos asuntos al congelador.

Además de darle para atrás a todo lo que se relacione con las personas y empresas señaladas por Estados Unidos, todos los amigos de Carlos y Luis Torres están abandonando el barco en las sociedades que los unen.

Abrimos paréntesis para recordar el principio del fin. Cuando le quitan la visa a Carlos Torres, las autoridades de la aduana detienen para entrevista a Rodrigo Llantada, Luis Torres y Héctor Chaparro Pedrero “Coteto”, por cierto este último primo hermano de la esposa de Panchito Pérez Tejada y yerno de Mario García Franco (¿Por eso se apuntó Mario García Franco y luego se “desapuntó”? Todo lo que se relacione con el exalcalde está apestado en tema de política).

Total, que les preguntan si conocen a Carlos Torres y la relación con él y tras soltar la sopa se van con su visa intacta pero sin Sentri. Después de eso el “Coteto” andaba vendiendo su pádel para desligarse del esposo incómodo. Todo lo que huela a Panchito, Marina y Carlos al parecer está en oferta desde ayer.

También participa en Hego Imagen, la empresa de las paletas publicitarias de Panchito y su esposa -agregada a la sociedad después-, donde para lograr el “convenio” con el Ayuntamiento de Mexicali, se falsificaron documentos sin ninguna consecuencia a pesar de la denuncia presentada por Maribel Avilez, oficial mayor con Jaime Diaz.

Nos cuentan que Chaparro Pedrero también es socio en la línea médica para cruzar la frontera, junto a Carlos Torres y Panchito Pérez Tejada. Los gobiernos morenistas que todo lo tuercen, convirtió en concesiones las líneas médicas de Tijuana y Mexicali. La de la coqueta ciudad estaría presuntamente bajo el control de Pedro Montejo Peterson, secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, de Fernando Salgado Chávez, el agente inmobiliario de la gober, y por supuesto un poder superior del gobierno estatal.

Nos confirman que Llantada y Carlos Torres están asociados con la Cosmopolitana para venderle alimentos a los Centros de Readaptación Social del estado, a ver qué va a pasar con esa sociedad y esos contratos. Se sirvieron con la cuchara grande, sin duda.

Aunque la gobernadora Marina del Pilar pronto emitió un comunicado donde se desliga de Carlos Torres y nos recuerda que está divorciada aunque no ha mostrado el acta que lo pruebe, su amigo el Oficial Mayor, David Cervantes también está metido hasta el cuello en esto de los contratos. Él y todos los que firman los acuerdos planchados, como Fernando Limón Félix y Thania Diaz de León, aunque a ella ya la sacaron de la jugada y la premiaron con una comisión sindical, aunque eso no borra sus intervenciones pasadas, donde le aplanaba el camino a los recomendados y sacaba a los competidores.

COLUMNA INVITADA/Por Guillermo Rivera Millán

Ernesto Ruffo Appel salió del Altiplano sin rencor, sin la narrativa del agravio que muchos quisieron imponerle y sin la victimización que la oposición trató de capitalizar. Llegó a su domicilio y dijo algo que parece sencillo, pero que en la política mexicana se ha vuelto casi subversivo: reflexión. No habló de humillaciones, no habló de persecuciones, no habló de su edad. Habló de México. Y eso, en estos tiempos, ya es decir mucho.

Mientras algunos opositores, simpatizantes, amigos o familiares se apresuraron a convertir su caso en un estandarte de “preso político”, Ruffo eligió otro camino. Dijo: “Debemos ver que todo debe de ser algo que incorpore todas las realidades que se viven en México… y que se atienda a los que están muy necesitados… para que haya prosperidad para todos.” Y añadió algo que debería preocupar a todos: “La cosa no anda bien en nuestro país.”

También dejó una frase que desarma la narrativa de buenos contra malos: “El crimen puede estar en cualquiera de nosotros.” No lo dijo para justificarse. Lo dijo para recordarnos que la crisis mexicana es más profunda que un sexenio o un partido: es una crisis de cultura política, de instituciones debilitadas y de ciudadanos que hemos normalizado la ilegalidad, la corrupción y la falta de empatía como si fuera paisaje.

Ruffo no habló de su caso. Habló de México. No pidió privilegios ni excepciones. Pidió país.

Esa reflexión obliga a mirar hacia adentro. La oposición —y buena parte de la ciudadanía que hoy se siente moralmente agraviada— lleva años instalada en la crítica automática. Muchos no construyen, no proponen, no incorporan realidades. En estos días, se ha insistido en convertir su caso en bandera política. Pero Ruffo aparentemente no pide eso. No exigió ser mártir ni símbolo. Él reflexiona sobre el país.

Y pedir país implica ver el contexto completo: los apoyos sociales y las becas que el gobierno presume no alcanzan para construir bienestar real; la confrontación con la clase empresarial no reduce la desigualdad; y la brecha entre quienes tienen oportunidades y quienes no sigue creciendo. Actuar por México significa abrirse a la ciudadanía, dejar atrás las cuotas de poder y abandonar la lógica de repartirse espacios sin transformar nada. El bienestar no se construye golpeando sectores, sino integrando realidades. Ruffo eligió la reflexión. Todos —oposición, gobierno, empresariado y sociedad— debemos elegir la responsabilidad desde nuestras trincheras. Una ciudadanía que no integra termina aislada en sus propias burbujas, incapaz de ver el país completo y de construir el orden que exige la restitucionalización que Ruffo señaló.

Su mensaje toca un punto que el empresariado y los bajacalifornianos deberíamos escuchar con atención. Cuando Ruffo habló de la “restitucionalización del país”, advirtió que hay cosas que han cambiado y que eso es grave. Su frase “República ya no hay” no es retórica: es un llamado a revisar cómo están hoy las instituciones que sostienen a México —desarrollo económico, educación, seguridad, salud, transparencia, democracia— y a darles rumbo desde el contexto real. Esa restitucionalización implica integrar realidades, atender a quienes están más necesitados y construir prosperidad para todos. La prosperidad no es un club privado; si la economía y beneficios sociales crecen sin incorporar a quienes están en la base, ese crecimiento es frágil y políticamente explosivo. Una ciudadanía que no integra termina rodeada de desigualdad, y un gobierno que no incorpora todas las realidades acaba gobernando para una burbuja que tarde o temprano revienta.

Y aquí vale preguntarse qué reflexión deja esto para quienes hoy están en el poder. Porque si la oposición se ha instalado en la crítica sin construir, el gobierno ha preferido gobernar desde la confrontación. La llamada Cuarta Transformación prometió regenerar instituciones, pero en los hechos ha sustituido capacidades por estructuras paralelas, leales a una nueva élite política. Esa ruta no reconstruye Estado: lo fragmenta. Y un país fragmentado no puede sostener la restitucionalización que Ruffo señaló como urgente.

Ruffo lo dijo con claridad: “República ya no hay.” Y remató con un llamado que debería ser un punto de partida nacional: recuperar el orden, la legalidad y la institucionalidad.

Ruffo pidió país, y su reflexión solo confirma lo evidente: México lo necesita. Esa necesidad nos alcanza a todos —bajacalifornianos, ciudadanos y mexicanos. Ahora toca actuar, porque el país no se reconstruye solo.

*El autor es Director General del despacho De la Peña y Rivera S.C. Fundador de Justicia que Transforma México A.C.

La política de austeridad republicana que Morena y los gobiernos de la Cuarta Transformación han convertido en uno de sus principales principios de gobierno se enfrenta con contradicciones en el Ayuntamiento de Tijuana.

En las imágenes de la Plataforma Nacional de Transparencia correspondientes a los ingresos del alcalde Ismael Burgueño y de la síndico Teresita Balderas, muestran incrementos del 35 por ciento del último semestre del 2025 comparados con este año.

La diferencia del sueldo del alcalde -de 32 mil 990 pesos al mes, equivalente a aproximadamente 395 mil 880 pesos al año-, es del 35 por ciento, curiosamente el mismo porcentaje que tiene que dar Burgueño por pensión alimenticia. Que lo paguen los tijuanenses, así de sencillo. Claro, sin olvidar que su exesposa tiene un sueldo envidiable en sistema educativo municipal.

Aunque la propia administración de Burgueño ha presentado su política financiera bajo el principio de austeridad, ya que al presentar la Ley de Ingresos de Tijuana para 2026 ante el Congreso de Baja California, informó que la propuesta estaba basada precisamente en “el principio de austeridad, así como en el uso eficiente y responsable de los recursos públicos”, el Gobierno de Tijuana se ha servido con la cuchara grande.

En comparación, la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, percibe un sueldo mensual de 62 mil 930 pesos; casi la mitad de lo que percibe Burgueño. Incluso el oficial mayor de Tijuana gana más que la alcaldesa de Mexicali; 78 mil 960 pesos al mes, cargo que por cierto no incrementó 35 por ciento como el del alcalde y la síndico.

Al director de policía de Tijuana tampoco le va nada mal; 110 mil pesos al mes. (Por cierto y sobre Tijuana, la gente de comunicación social de ese Ayuntamiento sirve para tres cosas).

¿Qué significa la austeridad republicana para la 4T? Según ellos: eliminar privilegios de los altos funcionarios (traer seis guardaespaldas y moverse en camionetas de lujo); reducir salarios y prestaciones de la alta burocracia (aumentarse el salarios propio y los de sus allegadas); reducir gastos considerados suntuarios (remodelaciones de oficinas, seguros médicos privados, viajes); vincular austeridad con combate a la corrupción (López Obrador sostuvo que reducir los privilegios y gastos superfluos permitía dirigir más recursos a los programas sociales); y finalmente, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” (pero nada ilustra mejor que ver salir de la pobreza a funcionarios morenistas que exhiben sus lujos y privilegios sin pudor alguno).

Y todo parece indicar que el senador y exalcalde de Ensenada, Armando Ayala, puede pasarse días de asueto tranquilo en San Diego cuando quiera, gracias a la renta o adquisición de un departamento en el 525 de la calle Olive, en San Diego. Las rentas van de los 3 mil a las 9 dólares, y la venta ronda el millón de dólares.

Conociendo el pasado de Ayala, que se pueda dar este “gustito” no sorprende; sorprende que el senador aun tenga visa, dados sus antecedentes públicos y ampliamente difundidos de presuntas extorsiones a empresarios de Ensenada y cómo dejó meterse aun más al crimen organizado a ese puerto, siendo la cuna del “cártel del mar” comentada hace poco por el general Laureano Carillo, encargado de la estrategia de seguridad en el estado.

Recordemos que Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara de la Pesca de Ensenada, había denunciado públicamente horas antes de su asesinato el incremento de la pesca ilegal y previamente había hablado de extorsiones contra el sector pesquero. Ayala era el alcalde entonces.